Este miércoles 26 se cumplen cuatro años
de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 de
sus compañeros en Iguala, Guerrero, y el caso sigue impune. Más todavía: la
región sigue en manos de Guerreros Unidos, el grupo criminal implicado en ese
ataque que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso siguen intactas las
propiedades del expresidente de Iguala José Luis Abarca y su esposa, presos por
su presunta implicación en el caso.
CHILPANCINGO, Gro.
(Proceso).- Iguala, la ciudad donde hace cuatro años fueron agredidos por las
autoridades municipales los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y
desaparecieron 43 de sus compañeros, es considerada por el gobierno federal
como la cuna de Guerreros Unidos.
Ese inhóspito entorno,
marcado por la incesante violencia que generan los integrantes de ese grupo
criminal, marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto y lo arrastró a una explosiva
crisis política y social, pues exhibió la impunidad con la que operan los
sicarios y sus nexos con algunas autoridades estatales y municipales, de
acuerdo con un documento oficial consultado por Proceso.
El caso de los estudiantes de
Ayotzinapa es uno de los más oprobiosos de la saliente administración
peñanietista y ha tenido una amplia repercusión internacional. La captura en
junio de 2016 de Víctor Hugo Benítez Palacios, uno de los integrantes de
Guerreros Unidos, provocó una división en esta banda criminal; un año antes de
su captura fue detenido en la Ciudad de México su primo Alejandro Palacios
Benítez, quien está relacionado con las investigaciones por la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 y por la de
ocho jóvenes en el municipio de Cocula el 1 de julio de 2013.
“JUSTICIA,
CASTIGO Y VERDAD”, LA EXIGENCIA DE PADRES DE LOS 43
Actualmente una facción de
Guerreros Unidos la controla la familia Benítez Palacios, afincada en la
cabecera municipal de Iguala y en Teloloapan. A sus seguidores se les
identifica como Los Tilos o Los Peques. La otra, la controla el grupo Gente
Nueva y su líder es un expolicía municipal identificado como El Muñeco,
replegado en el municipio de Huitzuco, Tepecoacuilco y en la zona del Alto
Balsas, según los reportes oficiales.
Los hermanos de Víctor Hugo
–Osiel, Reynaldo, Salvador y Mateo– continúan operando al amparo de las
autoridades de los tres niveles y del Ejército. Son ellos los que convirtieron
la histórica ciudad de la zona norte en un cementerio clandestino y centro de
acopio de drogas que se distribuyen en la ciudad de Chicago, Illinois, en
Estados Unidos, según refieren los informes consultados por el corresponsal.
La impunidad es tal en Iguala
que los principales negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca
Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa –quienes desde
noviembre de 2014 están presos y enfrentan procesos por crimen organizado,
enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio– siguen funcionando con
normalidad.
Los tres años de gestión de
Héctor Astudillo Flores en Guerrero han estado permeados por las masacres,
secuestros y desaparición de personas en Iguala y el resto de la entidad. La
administración del priista Astudillo Flores es similar a la del perredista
Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador cuando ocurrió la agresión a los
normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de sus compañeros.
FACCIONES EN LUCHA
Desde antes de la masacre y
desaparición de los 43 normalistas, Proceso ha documentado las pugnas
intestinas de Guerreros Unidos por el control de la estructura criminal en
Iguala, así como los nexos de sus integrantes con autoridades de los tres
niveles y de oficiales del Ejército con el narco.
En la confrontación de Los
Tilos con Gente Nueva se menciona al ex comandante de la Policía Ministerial
estatal Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, a quien los padres de los
normalistas consideran un personaje central para aclarar la relación entre
criminales y autoridades.
Al Guacho no se le ve desde
el 28 de junio de 2016, cuando organizó una conferencia de prensa en el centro
de Iguala para rechazar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Las autoridades federales
nunca investigaron por qué el exalcalde priista igualteco Esteban Albarrán
mantuvo a Ulises Velázquez –otro hermano del Guacho– como subdirector de la
Policía Auxiliar municipal de 2015 a 2016, cuando solicitó licencia para
incorporarse como senador en sustitución de su padrino, René Juárez Cisneros,
quien hoy es integrante de la LXIV Legislatura federal.
Hace un año Proceso publicó
el reportaje Caso Ayotzinapa: Un sospechoso al que nadie busca, en el cual
informó que los padres de los normalistas desaparecidos solicitaron a la
Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal,
unas 140 diligencias con base en indicios extraídos de la indagatoria
PGR/SDHPDSC/O1/2015
En el escrito, los peticionarios
demandaron investigar al ex comandante Humberto Velázquez; incluso solicitaron
una “orden de presentación y localización” por su presunto involucramiento con
Guerreros Unidos (Proceso 2069).
Personal de la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) –que
atrajo la investigación del caso Ayotzinapa el 3 de diciembre de 2016– tomó la
declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por secuestro en el
penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de Guerreros Unidos.
A partir de 2007 y durante
siete años, según relató Pineda Vega, entregó un mínimo de 9 mil pesos
mensuales “al comandante de la Policía Ministerial Humberto Velázquez Delgado o
a su hermano Ulises Velázquez, quienes me manifestaban que iban de parte de la
señora María de los Ángeles Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José
Luis Abarca Velázquez.
Según el testimonio de la
UEIDMS, los hermanos Humberto y Ulises Delgado le decían a Pineda Vega que el
dinero “era para la organización criminal Guerreros Unidos, a la cual pertenece
desde entonces María de los Ángeles Pineda Villa”.
En los 400 tomos del
expediente del caso Ayotzinapa hay un documento de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Iguala con los nombres de 165 policías que operaron desde
las 20:00 horas del 26 de septiembre de 2014 a las 8:00 horas del día
siguiente.
La lista incluye al entonces
comandante de la Policía Ministerial estatal, Ulises Velázquez Delgado, así
como a otros dos familiares: Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez
Ruiz, quienes estaban asignados a un área denominada “recuperación de
vehículos”.
Hasta ahora ni la Fiscalía
General de Guerrero ni la PGR han llamado a declarar a ninguno de los
mencionados para que expliquen el papel que jugaron en las horas trágicas en
las que desaparecieron los 43 normalistas.
PROPIEDADES DE DUDOSO ORIGEN
En 2014 la PGR informó que su
Unidad Especializada en Análisis Financiero aseguró de forma precautoria al
menos 90 propiedades del exalcalde Abarca y su esposa, dueños de las empresas
Asociación Yozy & Apos y Abarpin, para triangular la compra de los
inmuebles. La primera firma se dedica a la renta de locales comerciales; la
segunda, a la compraventa de terrenos y a la construcción.
El gobierno federal informó
que, según la Unidad Especializada, 31 casas y departamentos, nueve empresas y
13 joyerías propiedad de los Abarca se encuentran en Iguala, Acapulco,
Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco.
En Morelos, añadió, detectó
seis casas, dos más en Tlaxcala y 10 en la Ciudad de México, de las cuales dos
se ubican en la delegación Cuajimalpa.
Los negocios más conocidos
del matrimonio Abarca-Pineda en Iguala son el Centro Joyero y la plaza
comercial Galerías Tamarindos, que en septiembre de 2015 seguían operando
(Proceso 2030) pese a la insistencia de los padres de los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa y sus abogados de que esos negocios fueran embargados ante la
presunción de que son producto de lavado de dinero.
La plaza Galerías Tamarindos,
la propiedad más importante del exalcalde Abarca, valuada en más de 300
millones de pesos, está en la parte oriental del Periférico, frente a las
instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería; el predio donde se
asienta fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según reportes periodísticos,
la Sedena cedió el terreno de 70 mil metros cuadrados al ayuntamiento de Iguala
a condición de que fuera utilizado para construir “vías de acceso y áreas
recreativas”.
El ex senador perredista
Lázaro Mazón Alonso y el exdiputado local priista Rubén Figueroa Smutny, amigos
de Abarca que tienen intereses políticos en la zona norte, fueron quienes
gestionaron la donación.
El centro comercial comenzó a
edificarse en 2008. El entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo,
postulado por el PRD, así como políticos de otros partidos y mandos del 27
Batallón de Infantería, asistieron al acto de colocación de la primera piedra.
La plaza incluye 42
establecimientos comerciales, incluidas una Comercial Mexicana, un complejo de
Cinépolis, así como tiendas de todo tipo y restaurantes de comida rápida.
Roselia Abarca Velázquez, hermana del exalcalde igualteco, es la
administradora; también es directora de la escuela privada Centro de Estudios
Benemérito de las Américas, otro negocio de la familia.
Hasta ahora ningún
funcionario ha informado sobre el resto de las propiedades y negocios de los
Abarca Pineda, por lo que se desconoce su situación legal.
Este reportaje se publicó el 23 de septiembre de 2018
en la edición 2186 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ EZEQUIEL FLORES
CONTRERAS/ 26 SEPTIEMBRE, 2018)
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