El
año que recién terminó fue también el que rompió todos los récords de violencia
en México, y la falta de un cambio en la estrategia para combatir la
inseguridad agravará la crisis en este 2018, sostuvieron especialistas, quienes
también ven en las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de julio un factor
que podría acarrear mucho más violencia.
El
Gobierno federal se jacta de haber neutralizado al menos a 108 de 122 objetivos
prioritarios del crimen organizado, pero la detención de estos líderes del crimen
no ha hecho sino provocar la fragmentación de los cárteles y un aumento en la
guerra que libran por controlar territorios a lo largo y ancho del país.
Ciudad
de México, 3 de enero (SinEmbargo).– El 2018 romperá de nuevo récords de
violencia si el Gobierno federal mantiene la misma estrategia de los últimos
cinco años, vaticinaron especialistas en materia de seguridad. Los primeros 11
meses sumaron 23 mil 101 carpetas por homicidio doloso, una cifra sin
precedente en los últimos 20 años.
“Si el narco en México ha matado gobernadores,
presidentes municipales, auxiliares de Presidente Municipal y lo ha hecho en
total impunidad, ¿por qué razón no debería hacerlo en 2018?“, comentó el
consultor en seguridad David Martínez-Amador.
El
Gobierno federal se jacta de haber neutralizado a 108 de 122 objetivos
prioritarios, pero esa estrategia sólo ha fragmentado a los cárteles. De
acuerdo con un mapa del crimen organizado en México, realizado por la
propia Procuraduría General de la
República, al final de octubre pasado habían en el territorio nacional nueve
cárteles operando y 27 células del crimen organizado.
El
19 de enero fue extraditado el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, “El
Chapo”, a los Estados Unidos. La salida de esta figura marcó la relación del
Gobierno federal con uno de los cárteles más grandes y el más vetusto del país.
En
el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el Cártel Jalisco Nueva Generación el
que ha extendido su poderío a distintas entidades.
“En
el caso de Enrique Peña Nieto, su Presidencia dejará como el nuevo gran cártel
en el país al Jalisco Nueva Generación, tras el debilitamiento de los
sinaloenses. El resto de las organizaciones o quedaron limitadas a controlar
una sola zona geográfica, como los Zetas, o se fragmentaron al nivel de
transformarse en bandas dedicadas al narco-menudeo y extorsión, como el llamado
cártel de Tláhuac”, detalló Martínez-Amador.
En
un año electoral, el crimen organizado también moverá conforme a la política,
destacó el consultor.
“El
narcotráfico en México es un actor muy activo en los procesos políticos y
determinante. Su presencia es la garantía de movilidad de personas, provisión
de activos o amedrentar rivales”, explicó.
En
este sentido, dijo, el crimen actuaría de dos formas.
“Por
medio empresarios coludidos que se acercarán a las campañas importantes para
proveer insumos y donde puede vetar de forma directa sin generar mayor
atención, en lo municipal va simplemente a remover lo que sea incómodo”,
expuso.
Las
tasas de violencia ha afectado a estas últimas autoridades. Sólo en el 2017
fueron asesinados 20 alcaldes. También México se colocó como el país es el más
letal en el mundo para los sacerdotes con 23 asesinatos y para los periodistas
con 13.
“Hemos
visto mucha violencia contra regidores, y eso está ligado a los procesos
electorales; en los comicios muy probablemente los criminales querrán influir,
y mandan mensajes atacando a gente que está en los gobiernos municipales.
Muchas veces son líderes criminales los que se postulan par alcaldes o
diputados locales”, dijo Vidal Romero León, investigador del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En
medio de la crisis, los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) José Antonio Meade Kuribreña y del Partido Acción Nacional
(PAN) Ricardo Anaya Cortés señalaron las gubernaturas de sus rivales como las
causantes del deterioro en materia de seguridad.
“Lo
que no se ha entendido es que si el tema de seguridad lo abordas en la lógica
de partido arruinas la posibilidad de que algo mejore. Si quieres una
estrategia de seguridad que funcione tiene que ser de largo plazo. Si no, sólo
será una ocurrencia”, dijo el investigador Edgar Cortez Morales, del Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
AUMENTA VIOLENCIA DE UN SEXENIO A OTRO
Si
se comparan los primeros cuatro años de la Presidencia de Felipe Calderón
Hinojosa con los de Enrique Peña Nieto resalta que los estados con mayor
aumento de homicidios fueron Zacatecas, Tlaxcala y Colima, con gobiernos del
PRI; así como Baja California Sur y Guanajuato, del Partido Acción Nacional
(PAN).
“Los
gobernadores juegan el rol de construir pactos con el narco por debajo del
nivel federal. Hay 16 ex gobernadores del PRI con procesos judiciales, presos o
prófugos lo que nos da la noción que el ‘Gobernador’ es un actor inútil
sometido a sostener los pactos de corrupción pre-existentes o que desde el
Gobierno federal se imponen”, dijo Martínez-Amador.
En
marzo, la Auditoría Superior de la Federación encontró sin impacto claro más de
3 mil 366 millones de pesos enviados a los estados y municipios a través de los
subsidios para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y de Policía
Acreditable (SPA).
“Por
un lado, tienes a los gobiernos que quieren bajar los índices de violencia para
ganar votos en la elección, pero por otro tienes recursos que se están yendo
para otros temas que no tienen que ver con las elecciones”, dijo Vidal Romero
León.
Esta
misma falta de control se podría aplicar a los temas de seguridad interior.
Recién a mediados de diciembre el Congreso de la Unión terminó de aprobar la
Ley de Seguridad Interior que regula las operaciones del Ejército.
Entre
2008 y 2015 creció en 61 por ciento el gasto en seguridad interior, al pasar de
27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 957 millones de pesos.
Por
su parte, entre 2008 y 2014, la ASF realizó 4 mil 521 recomendaciones, las
cuales evidencian mecanismos inadecuadas de control, débiles mecanismos de
evaluación y opacidad en las compras.
Los
operativos del Ejército en las calles no disminuyeron la violencia, apuntaló
Martínez-Amador.
“Si
el Ejército hubiese podido apaciguar el problema de la violencia en México ya
hubiera regresado a los cuárteles”, dijo.
Datos
del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez refieren que durante el
sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas. En tanto que el sexenio calderonista
y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto presentaron 10 mil 751 quejas.
Asimismo,
entre septiembre de 2007 a agosto de 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de la
Secretaría de la Marina (Semar) y para el periodo de septiembre de 2015 a
agosto de 2016, pasaron a ser 22 mil 473.
“En
más de una década lo que se ha creado es el escenario para una presencia
prolongada de los militares y la necesidad de permitirles ejecutar la violencia
sin marcos reguladores. La ley de seguridad interior hace precisamente lo
anterior. Entonces, ¿Qué puede pasar durante un proceso electoral, con un
ejército que tendrá la capacidad de ejecutar allanamientos sin orden de juez
competente?”, cuestionó Martínez-Amador.
(SIN EMBARGO/JUAN LUIS GARCÍA
HERNÁNDEZ/ ENERO 3, 2018, 10:00 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario