La sedición, de acuerdo con
el diccionario de la Real Academia Española, es un alzamiento colectivo y
violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin
llegar a la gravedad. Otra acepción es la que se refiere a la sublevación de
pasiones. En el marco de la política, se podría argumentar que el mensaje que
el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, dio a la nación el
jueves pasado a través de los medios de comunicación fue una sedición. El
secretario no habló por él solo, sino por los generales –en activo y retirados–
que lo han presionado por más de 2 años porque sienten que el Gobierno los ha expuesto,
utilizado y sacrificado en la lucha contra la delincuencia organizada.
Su mensaje de confrontación
para protestar por la falta de un marco jurídico que regule el papel de las
Fuerzas Armadas en las calles mexicanas no fue tanto un reclamo al Legislativo
como el Ejecutivo, que los generales sienten que los ha abandonado. El grito
del secretario de la Defensa, de que ya era tiempo de regresar a los cuarteles,
tuvo como respuesta inmediata la orden del presidente Enrique Peña Nieto: los
soldados se quedan en las calles. El choque claro entre el comandante supremo
de las Fuerzas Armadas y su representante.
La disciplina militar, si
bien institucional en términos constitucionales, fue de ruptura con el
Gobierno. Las palabras del secretario no podrían haber sido pronunciadas, de
acuerdo con militares retirados, de no haberse roto el diálogo al interior del
Gobierno. La respuesta política fue apresurar la discusión de un dictamen sobre
una nueva Ley de Seguridad Interna y aprobarla por la vía rápida. Nada más eso
faltaba.
Después de dos sexenios de
reclamos del jefe de las Fuerzas Armadas por la ausencia de legislación que los
blinde para hacer funciones de Policía que no les mandata la Constitución, una
ley sacada al vapor ante la molestia pública del general es un error. Este
martes se espera que trabajen la ruta legislativa para aprobar sus dictámenes a
más tardar en enero y, con seguridad, en un Congreso que responde a presiones
públicas y mediáticas y no a lo que su responsabilidad para con sus representados
debería ser, darán luz verde a esa nueva ley. El capítulo que piensan cerrar en
realidad abre un libro que no queremos leer.
No es la Ley de Seguridad
Interna lo que deben discutir y aprobar, sino las leyes que permitirán la
creación de un modelo de Policía mixto en el país. Resolver el blindaje militar
en tareas de seguridad pública es el equivalente a militarizar
constitucionalmente esas actividades y abrir a la permanencia indefinida su
presencia en las calles. El general Cienfuegos no es lo que quiere, pero es
como su enérgico reclamo fue entendido. El secretario se queja de que los
soldados no fueron entrenados, ni capacitados, ni está en su doctrina y esencia
el ser policías. Los soldados defienden la seguridad nacional y la paz interna
en momentos de quiebres institucionales, entrenados para matar al enemigo; los
policías, en México y el mundo, hacen tareas de contención y prevención. Quizás
los legisladores no lo comprendan, pero son temas totalmente diferentes.
Legislar en la materia
militar tampoco resuelve el problema de fondo y sí, en cambio, lo eterniza. Si
la debilidad institucional está en las policías, ¿qué provocaría una
legislación que permita a los soldados funcionar como policías? Exactamente lo
mismo que los jefes de las Fuerzas Armadas han señalado de manera reiterada,
que la exposición de los soldados en las calles ha debilitado a la institución
y creado las condiciones para que se corrompan. Por ejemplo, un soldado gana
entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales, una barrera salarial que cualquier
organización criminal puede saltar para cooptar y reclutar a quien desee, de
tropa a general. La nueva Ley de Seguridad Interna, de aprobarse, ensancha esas
puertas para la corrupción y allana el aniquilamiento de las Fuerzas Armadas en
la forma como fueron concebidas. Si ese es el camino deseado por el Ejecutivo y
el Legislativo, ¿por qué no apuestan por el modelo japonés y alemán de un país
sin Ejército?
Naturalmente tampoco es lo
que quiere el secretario de la Defensa ni nadie en las Fuerzas Armadas. Si los
legisladores actúan con responsabilidad, se escapan de los ciclos mediáticos y
piensan para adelante, no deben legislar sobre seguridad interna, sino sobre el
modelo mixto de Policía. Si no avanzan por ese camino, la vía fácil será
mantener a soldados y marinos en las calles, quienes tendrán el blindaje legal
para sus operaciones civiles y salvoconducto constitucional para lo que deseen.
Una vez afuera, no regresarán
a los cuarteles. Si legislan con la misma urgencia de ratones asustados para
aplacar la indignación de las Fuerzas Armadas, el modelo mixto de policía es lo
que deben hacer, y ayudarle al secretario entendiendo mejor lo que grita.
Fortalecer las policías
estatales y municipales puede ir acompañado del regreso gradual de los soldados
y marinos a sus cuarteles. Los legisladores podrían acordar, en paralelo, un
cronograma con el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas para que en la medida que se
fortalezcan las policías y entren en funcionamiento los nuevos cuerpos, los
militares se vayan retirando de las calles. Si el Congreso actúa con altura de
miras, el secretario de la Defensa y las Fuerzas Armadas se lo agradecerán. Los
mexicanos civiles, también.
(ZOCALO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 13 DE DICIEMBREB 2016)
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