La discusión en el Congreso
sobre la nueva Ley de Seguridad Interna animada desde el Gobierno y respaldada
por el PRI, es engañosa. Se detonó por el mensaje del secretario de la Defensa,
general Salvador Cienfuegos, de urgir al Legislativo a dar marco jurídico a las
Fuerzas Armadas para hacer tareas de seguridad pública en las calles mexicanas,
en una llamada de atención que no ha sido todavía del todo analizada. El
general criticó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sin
mencionarlo, al expresar que el papel de ser policía pertenece a policías y no
a militares, que no han hecho su trabajo porque la encomienda a su colega de
Gabinete de fortalecerlas, ha sido incumplida. Pero también fue maniqueo al no
hacer una autocrítica por su silencio ante las decisiones del Ejecutivo de
frenar la profesionalización de las policías, que trajo como consecuencia el
desgaste y el descrédito de las Fuerzas Armadas, por lo cual reclamó
airadamente la semana pasada.
Que el Senado y la Cámara de
Diputados no se equivoquen una vez más. Quieren dictaminar al vapor la Ley de
Seguridad Interna que exigió el general secretario la semana pasada, arrollados
por la coyuntura del ciclo mediático al que se sumó la clase política
encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien afirmó que es esencial
legislar en la materia. Antes de que avance la militarización del país, hay que
entender y explicar por qué se ha llegado a este punto de crisis de Gobierno
que el Legislativo quiere resolver. Si existe una debilidad institucional y las
policías estatales y municipales son el eslabón más vulnerable de la seguridad
pública, es porque quienes ahora buscan apresurar la Ley de Seguridad Interna
son quienes, en función de sus necesidades políticas de corto plazo, sacrificaron
la profesionalización de las policías. Se puede argumentar que intentan cubrir
sus errores y deficiencias con otro error aún mayor y sin punto de retorno. Si
se han dado cuenta o no de esta contradicción, es tema para otra discusión.
La profesionalización de las
policías fue desechada como estrategia de largo plazo por el Gobierno del
presidente Peña Nieto, lo que las hubiera dotado de mayores recursos y
posibilidades para enfrentar a la delincuencia. No se puede saber cuáles
hubieran podido ser los resultados alcanzados en este momento, pero sí está
claro qué no habría podido hacer el Gobierno en el momento en que comenzó a
aplazar el desarrollo y mejoramiento de las policías: desarrollar la estrategia
de aniquilación del cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán en 2013,
mediante el uso de paramilitares –algunos de ellos integrantes del Cártel
Jalisco Nueva Generación-, disfrazados grupos de autodefensas. Esto le dio
herramientas retóricas al Gobierno para presumir que su lucha contra criminales,
a diferencia del gobierno de Felipe Calderón, sí funcionaba.
Todo aquello fueron juegos
pirotécnicos. Durante la Administración actual, el Gobierno y el PRI frenaron
sistemáticamente la evaluación y el control de confianza de los policías,
violando las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que entró en vigor el 2 de enero de 2009. El artículo 183 especificaba
sanciones al servidor público que inscribiera en una institución a una persona
sin contar con el certificado de evaluación y control de confianza. El Artículo
139 establecía sanciones a quien nombrara a un policía, Ministerio Público o
perito que hubiera sido certificado y registrado en términos de esa ley, con un
Tercero Transitorio que marcaba un plazo de cuatro años a partir de la entrada
en vigor del decreto, para practicar las evaluaciones.
La ruptura del camino para
profesionalizar a la Policía comenzó antes de que Peña Nieto cumpliera un mes
en la Presidencia, cuando el senador Omar Fayad –hoy gobernador de Hidalgo–,
presentó una iniciativa de reforma al Tercero Transitorio, aprobada el 28 de
diciembre de 2012, seis días antes de vencer el plazo para evaluar al personal
de seguridad, para ampliarlo 10 meses más. El 15 de octubre de ese año, Fayad
presentó una segunda reforma, apoyada por senadores del PAN y el PRD, para
aumentar otra vez el periodo.
Este se venció el 31 de
octubre de 2014, cuando todos los integrantes de los cuerpos de policías que no
tuvieran la certificación de los centros de evaluación y control de confianza
tendrían que haber sido separados de sus cargos. Tampoco se sancionó a quienes
nombraran a policías, ministerios públicos o peritos sin pasar por ese proceso.
Los hubieras no existen, pero cabe la pregunta retórica: de haberse cumplido en
tiempo y forma lo que marca la ley, ¿la suerte de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, desaparecidos por policías de tres municipios de Guerrero coludidos
con criminales, habría sido la misma?
La discusión encabezada por
el Gobierno y el PRI para que se dictamine la Ley de Seguridad Interna también
es hipócrita. Frenar la profesionalización de las policías alargó el tiempo de
los militares en las calles. A esa negligencia que permitió actividades
criminales, ahora quieren sumar la atrocidad de militarizar el país. Una vez
más hay que insistir. La solución al problema no es la Ley de Seguridad
Interna, sino un nuevo modelo policial en el país que profesionalice esos
cuerpos. Ya han sido suficientemente irresponsables –por las consecuencias
humanas, sociales y políticos causados– para que vuelvan a caer en el mismo
error. La simulación sólo ahonda los problemas, y eleva costos y tiempos para
su solución.
(ZOCALO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 14 DE DICIEMBRE 2016)
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