En México, la constructora obtuvo el 25
de noviembre el contrato de 466 millones de pesos por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para modernizar y ampliar un tramo de 31
kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, informó ayer
el diario Reforma.
MADRID (apro).- La
constructora española Copisa, que recientemente ganó una segunda adjudicación
para obra pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es una sociedad
habitual en los juzgados en España por su presunta implicación en tres de los
principales casos de corrupción política.
Se trata de una fórmula de
sobornos millonarios a cambio de obras públicas. Por lo menos en España así lo
muestran las acusaciones judiciales.
En México, la constructora
obtuvo el 25 de noviembre el contrato de 466 millones de pesos por parte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para modernizar y ampliar un
tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora,
informó ayer el diario Reforma.
El contrato en Sonora, dice,
es el segundo que obtiene con el gobierno federal, siendo que el primero lo
logró en 2014, cuando la SCT le adjudicó modernizar la carretera
Coatzacoalcos-Veracruz por 197 millones de pesos.
Nueve días antes de ganar la
obra de la SCT en Sonora (México), en España el presidente de la constructora,
Josep Cornadó, admitió ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional,
José de la Mata, que pagó “comisiones” de entre 1% y 3% a Jordi Pujol Ferrusola
a cambio de que le ofreciera “información” sobre operaciones para conseguir
obras.
En sus más recientes
resoluciones, el juez sospecha que Pujol cobró comisiones por alrededor de 3.3
millones de euros ilegales de la constructora “en contraprestación a gestiones”
del primogénito del ex presidente catalán “o su entorno más próximo” para
beneficiar a sus empresas.
“Collons (cojones), ahora
nadie se acuerda de Jordi Pujol Ferrusola”, respondió el empresario catalán
cuando el juez le preguntó por la pérdida de memoria de otros empresarios
cuando se les pregunta por el hijo del expresidente catalán, quien opera como
un “conseguidor” de contratos.
En este caso, la
investigación de la Audiencia Nacional y de la Policía se centra en los
sobornos a Pujol por operaciones en plantas solares en Ciudad Real, la venta de
unas oficinas en Madrid y de refinerías en Cartagena (Murcia), al sur de
España, y por el hecho de que los supuestos servicios de intermediación en
realidad serían sobornos.
Entre 2005 y 2010, el hijo
del expresidente facturó 3.3 millones de euros del grupo Copisa, a la que Pujol
Ferrusola giró 13 facturas.
Según el informe de la Unidad
de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía, Pujol cobraba a
cambio de “dar información sobre posibles negocios”, lo que trasladaba a través
de “simples llamadas telefónicas” y para lo que no necesitaba “trabajador
alguno ni sede social”.
También se documentó la
adjudicación de sobornos a cambio de la construcción de Ciudad Judicial de
Hospitalet, valorada en 90 millones de euros, que fue adjudicada a la Unidad
Temporal Empresarial (UTE) formada por FCC y Copisa.
CASO PALAU
El nombre de la constructora
Copisa también apareció en una investigación del llamado caso Palau de la
Música. Se trata de un desfalco millonario a través de la fundación Orfeo
Catalá-Palau de la Música, que erigió y dirigió Féllix Millet i Tusell,
artífice de este fraude por el que fue imputado.
La investigación tuvo que
abrir una ramificación al descubrir el financiamiento ilegal de dos
constructoras, Ferrovial y Copisa, al partido de los Pujol, Convergencia
Democrática de Cataluña (CDC), a través de su Fundación Xavier Trías Fraguas
El consejero delegado de
Copisa, Xavier Tauler, pieza central en la trama, fue amigo “desde la infancia”
de Pujol Ferrusola, como lo reconoció el primero en su comparecencia ante una
comisión de Investigación en el Parlamento de Cataluña.
Tauler lo reconoció así y
también aceptó que en el caso del Palau de la Música, la empresa hizo
donaciones por 700 mil euros a la Fundación Xavier Trias Fraguas de CDC a
cambio de serle “adjudicadas las obras de remodelación del Palau”.
PAPELES DE BÁRCENAS
El tercer caso y uno de los
más graves son sus presuntas aportaciones por más de 360 mil euros en el caso
de los Papeles de Bárcenas, una pieza separada del mega juicio del caso Gürtel,
la mayor trama de corrupción política en el país.
Entre los papeles del
polémico extesorero del Partido Popular (PP), los investigadores encontraron
los nombres de varias de las principales empresas constructoras españolas
–varias de ellas con presencia en México–, entre las que se encuentra Copisa.
Los apuntes de Bárcenas se
refieren a las decenas de empresas que habrían aportado fondos a la caja B del
PP, de acuerdo con el expediente.
Bárcenas reflejó en su
contabilidad paralela al menos ocho pagos de Copisa por un importe de 362 mil
euros al PP.
El juez Pablo Ruz, quien
entonces llevaba el caso en la Audiencia Nacional, centró su atención en la
empresa Neu 1500 SL, a la que en uno de sus fallos judiciales le exigió que
presente toda la documentación que acredite los pagos al PP, uno de los cuales se
hizo a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, por 149 mil euros y disfrazado
como “remesas de cheques”, para sufragar la adquisición de un chalet en
Baqueira valorado en 900 mil euros que Bárcenas y su esposa compraron a la
promotora inmobiliaria.
Neu 1500 SL es una sociedad
propiedad de las empresas Teyco y Copisa, dos corporaciones que poseen cada una
el 50% de las participaciones de dicha promotora. La primera es propiedad de
Carlos Summaroca, fundador de la formación política catalana CDC, y la otra del
ya citado Cornadó Mateu.
Pero las dificultades de
Copisa no sólo son con la justicia, también tiene graves problemas financieros.
Hace solo unas semanas, la compañía y sus bancos acreedores ultimaron un
acuerdo para refinanciar una deuda de 270 millones de euros, que le obligará a
separar su negocio de concesiones en un vehículo de nueva creación sobre el que
las entidades financieras tendrán capacidad de decisión.
COPISA NIEGA IMPUTACIONES
En un desplegado difundido en
el diario Reforma, Copisa negó la supuesta implicación de la empresa
constructora en un proceso judicial en España, y subrayó que no se encuentra
inhabilitada para participar en licitaciones públicas en México.
Destacó que Copisa o personas
cercanas a la empresa “no están vinculadas con los hechos investigados por la
Oficina Antifraude de Cataluña, España, por alteración de precios en concursos
y subastas públicas”.
Tampoco se ha dirigido
imputación alguna a la constructora, ni a ninguno de los miembros de su Consejo
de Administración, apuntó, e indicó que en los más de 50 años de historia de
Copisa, la empresa nunca ha sido procesada por delitos de corrupción.
El texto firmado por Joan
Carles Savall Olivilla, director de Asesoría Jurídica de Copisa-Constructora
Pirenaica, señala que la empresa “no se encuentra inhabilitada para participar
en licitaciones públicas en México, ni en ningún otro país.
Luego de mencionar las
diversas licitaciones en las que ha participado, puntualiza que al no haber
sido objeto de sanción alguna, ni encontrarse impedida para participar en
procesos de licitación, Copisa “está interesada y en uso de sus derechos a
continuar participando en el desarrollo de infraestructura en México”.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Alejandro
Gutiérrez / Proceso/ 2016-12-15)
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