CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- La intromisión de las fuerzas militares en la vida
política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en
riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy
atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si
la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser
ocupado por un general.
El
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de
Diputados una iniciativa para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el
objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública y de control social interno.
La
aprobación de este proyecto implicaría una transformación radical del papel de
los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden
participar en asuntos de “seguridad nacional”. Y el artículo 129 de la
Constitución es absolutamente claro: “En tiempo de paz ninguna autoridad
militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar”.
Sin
embargo, la propuesta del diputado César Camacho Quiroz, en cumplimiento de
órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse directamente
en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto es definido de la manera más
abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad,
seguridad o la paz pública”.
Con
la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el
territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia,
sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y,
por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de
intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se
autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los
movimientos sociales en todo el país.
Desde
que Felipe Calderón sacó a los soldados masivamente a las calles en 2006,
supuestamente para combatir el narcotráfico, el gobierno federal ha dicho que
la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida
estrictamente temporal, mientras se avanzaba en el proceso de depuración y
profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y
federales.
Hoy,
10 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer momento. La
profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por
México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares.
Hace
unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto el Código de Justicia Militar como el
Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los
ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera
indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y
edificios gubernamentales, así como con espionaje directo a comunicaciones
personales.
Con
la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y expandiría esta lógica. La ley
permitiría a los militares desplazar totalmente al ministerio público en la
investigación de delitos cometidos incluso por civiles. También abriría la
puerta para un sistema de espionaje político-militar generalizado, al permitir
a los soldados utilizar cualquier medio de recolección de información.
Aún
más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al procedimiento
plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de
garantías en casos de “perturbación grave de la paz pública”. Aquel
procedimiento constitucional obliga al presidente a recibir la autorización del
Congreso de la Unión para emitir dicha declaratoria y requiere que la
suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”.
En
contraste, la nueva ley permitiría al presidente realizar de manera unilateral
la declaratoria, y para un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizaría la
presencia castrense en nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto
de la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades de
tránsito, de expresión y de reunión.
Lo
más grave, sin embargo, es el daño que esta nueva ley significaría para la
soberanía nacional. No es ningún secreto que las fuerzas armadas mexicanas hoy
no sólo siguen órdenes de las autoridades mexicanas, sino que también obedecen
a los mandatos de Washington. Fue el gobierno de Vicente Fox quien acomodó a la
milicia mexicana dentro del marco del Comando Norte de Estados Unidos
(Northcom) en 2002. Y un porcentaje cada vez más grande de generales,
comandantes y cadetes miliares mexicanos reciben una parte importante de su
entrenamiento en Estados Unidos.
El
secretario de la Marina, Vidal Soberón, recientemente fue nombrado comandante
de la Legión de Mérito del gobierno de Estados Unidos y tiene comunicación
constante con los altos mandos castrenses en aquel país. Y hace unos meses
Soberón le entregó personalmente al jefe del Northcom, William Gortney, la
Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase de México.
Así
que si los vendepatrias del PRIANRD logran la aprobación de su nueva Ley de
Seguridad Interna, el pueblo mexicano no solamente estará sujeto a la constante
intromisión de las fuerzas militares en nuestras vidas, sino que nuestra
información y nuestras libertades también se colocarían bajo el control directo
de Donald Trump.
En
lugar de aumentar la intromisión de un fascista en nuestros asuntos internos,
hoy es un buen momento para recuperar nuestra larga tradición de dignidad
nacional y solidaridad latinoamericana. Hay que dirigir nuestras miradas hacia
el sur.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter:
@JohnMAckerman
(PROCESO/
JOHN M. ACKERMAN / 3 DICIEMBRE, 2016 /ANÁLISIS)
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