CHIHUAHUA, Chi. (apro).- La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de
Administración Tributaria (SAT), echó abajo un programa de engomado de
vehículos de procedencia extranjera sin placas, debido a que contraviene los
acuerdos y normas establecidas.
La dependencia federal
advirtió que si se entregan documentos que permitan la circulación de unidades
sin que haya sido acreditada la legal estancia o tenencia en territorio
nacional en régimen de importación definitiva, no tiene validez y daría lugar a
sanciones.
Hace unos días, la Secretaría
de Hacienda estatal anunció que iniciaría un programa estatal para censar los
vehículos extranjeros que circulen sin placas en la entidad, del 1 de abril al
30 de junio, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de este mismo año.
La justificación fue que
tenían facultades para hacerlo porque sólo era con fines de seguridad porque
desde que realizan ese programa, a partir de 2014, lograron disminuir hasta un
90% delitos de alto impacto cometidos en vehículos sin placas, por lo que no
requerían de la autorización federal.
En el área de comunicación
social explicaron que al gobierno federal le corresponde controlar el flujo e
ingreso de ese tipo de vehículos, pero el gobierno estatal sólo lanzó el
programa de censo vehicular para todos los automóviles ligeros y pesados, de
todo tipo, incluidos los modelos coreanos, brasileños, salvage y diésel.
El coordinador de Recaudación
de Rentas, Cruz Prieto Renova, reiteró cuando se anunció el programa, que el
fin del censo es para prevenir delitos y estimaban entregar más de ocho mil
engomados de vehículos que ya habían censado porque ya venció su vigencia, más
los de reciente ingreso.
El costo del engomado sería
de mil 900 para vehículos ligeros y dos mil 500 para pesados y solo podrán
adquirir el engomado, los modelos 2009 y anteriores.
El trámite incluiría dos
cédulas de identidad, vehículos y tarjeta de documento de propietario del
vehículo, que es como la tarjeta de circulación.
Los requisitos para adquirir
el engomado eran el título, acta notariada, juicio de jurisdicción voluntaria,
licencia vigente expedida en el estado de Chihuahua, identificación oficial y
comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad.
El pasado 18 de marzo, las
asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA), cuestionaron el programa impulsado por el gobierno
de Chihuahua, porque es una manera de premiar la ilegalidad.
“El gobierno del estado de
Chihuahua brindará placas de plástico y engomados a los vehículos usados
internados ilegalmente mejor conocidos como ‘chuecos’ o ‘chocolate’ que
circulan por esta entidad de manera irregular. Con ello estarán violando leyes
aduaneras y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de
comercio exterior, por lo que AMDA y AMIA rechazan completamente esta medida y
demandan que el gobierno de Chihuahua cumpla con los compromisos que firmó en
2012 con el gobierno federal para acabar con este problema y no alentarlo”,
señalaron en rueda de prensa en la Ciudad de México.
El programa, detallaron, no
sólo contempla formalizar los vehículos ligeros sino también las unidades
pesadas, porque amplió el problema de la importación de automotores usados.
“Incluso, parece que el
gobierno de Chihuahua incrementará el problema, pues las placas de plástico
(ilegales) y su respectivo engomado tendrán una vigencia de apenas nueves
meses, pudiéndose renovar las veces que el propietario de la unidad ilegal
deseé por tiempo indeterminado”, afirmaron.
PROGRAMA ELECTORERO
Eduardo Solís, presidente de
la AMIA, también advirtió que el programa lo impulsaron precisamente en proceso
electoral para renovar la gubernatura del estado, el congreso local y los 67
ayuntamientos, “de nueva cuenta se privilegia la rentabilidad política en
contra del orden jurídico, la seguridad pública y el control de emisiones
contaminantes”, acusó.
La justificación del
gobernador César Duarte, abundaron, es identificar a los propietarios de
vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos pero es insostenible
ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios,
para impedir la comercialización de vehículos chuecos.
El director general adjunto
de la AMDA, Guillermo Rosales, recordó que la implementación del programa para
que el gobierno chihuahuense garantice contribuciones en la importación
definitiva de vehículos automotores usados que circulan en dicha entidad
concluyó en 2013 y el gobernador del estado no ha cumplido el compromiso para
aplicar las medidas necesarias y acabar con la circulación ilegal de este tipo
de unidades, estipuladas en el ejercicio del Anexo 8 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF).
“Durante la firma de tal
programa con autoridades federales en octubre del 2012, César Duarte se
comprometió a generar las estrategias para terminar con este fenómeno,
afirmando en aquel momento que ‘todos los automóviles que circulen por nuestro
estado deben cumplir con los requisitos tanto de seguridad como de cuidado al
ambiente’”, precisaron en la rueda de prensa.
Los empresarios solicitaron
al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso y al jefe del
SAT Aristóteles Núñez la intervención del gobierno federal para frenar la
regulación ilegal que pretendían realizar.
El jueves pasado el SAT
emitió un comunicado en el que señaló que cualquier programa que realicen las
entidades federativas con el fin de empadronar o emplacar vehículos que
ingresen al país de manera ilegal, contravienen los acuerdos y normas
establecidas.
“En reunión sostenida entre
funcionarios de la SHCP y el titular de la secretaría de Hacienda del estado,
el pasado 23 de marzo, se aclaró que no habrá programa de emplacado, enmicado o
registro vehicular a autos que no acrediten su estancia o internación legal en
el país”, informa el comunicado.
El SAT recordó los requisitos
y condiciones para los autos usados que pueden importarse al interior del país,
sólo cuando sean fabricados en Estados Unidos o Canadá.
Cuando se trate de vehículos
fabricados en otros países distintos a Norteamérica, requieren un permiso de la
Secretaría de Economía, pagar un arancel del 50% del valor de venta, más el
impuesto al valor agregado correspondiente.
“Únicamente un agente aduanal
puede realizar las gestiones ante la autoridad aduanera y el trámite para la
importación definitiva de vehículos, por lo que se recomienda a los
consumidores no dejarse engañar por personas que ofrecen regularizar vehículos
previo pago”, precisó.
(PROCESO/ PATRICIA MAYORGA / 25 MARZO, 2016)
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