ONU ABOGA POR SECUESTRADORES

La primera recomendación de las Naciones Unidas para México en casos de tortura, es a favor de un grupo de secuestradores que operaba para “El Teo”. Además se les atribuyen decapitaciones, secuestros y homicidios de policías y agentes ministeriales. Al momento de ser detenidos, se les decomisó un arsenal y se liberó a un hombre de 65 años, a quien le habían mutilado un dedo

En 2009, las áreas de inteligencia militar y policiacas del Estado, ubicaban a Ramiro Ramírez Martínez “El Rambo”, Orlando Santaolaya Villarreal “El Chuletas”, Rodrigo Ramírez Martínez “El Gordo” y Ramiro López Vázquez, como operadores de Teodoro García Semental “El Teo”, jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California. Los detuvieron.

Pero gracias a una recomendación emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la incapacidad del gobierno mexicano para refutar los dichos y pruebas de tortura, podrían salir libres en menos de 90 días.

De acuerdo con informes oficiales, el 16 de junio de 2009, personal militar recibió una llamada anónima acerca de “un grupo de personas que tenían a personas secuestradas” en Playas de Rosarito.

El mando militar ordenó un operativo integrado por 14 soldados. A decir del parte informativo, los cuatro hombres fueron detenidos en una casa donde se encontraba secuestrado un hombre de 65 años.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) anunció la detención y el aseguramiento de mil 662 cartuchos, 20 armas, 278 cargadores, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico.

Sin embargo, familiares de los detenidos denunciaron tortura por parte de los castrenses desde el momento de la aprehensión hasta el arraigo de 40 días -concedido por un juez- en el cuartel militar.

Por lo tanto, exigían la “exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura y confesiones no obtenidas ante un juez”.

Casi tres años después, en 2012, el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, admitió la queja presentada por organismos de derechos humanos en México.

Una mala integración del parte militar, atención médica negada a los detenidos, así como una lenta e ineficaz investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por tortura, fueron elementos determinantes para la recomendación.

Al respecto, Raúl Ramírez Baena, ex procurador de Derechos Humanos en Baja California y quien ha defendido el caso, aseguró que los cuatro hombres, quienes se encuentran recluidos en el penal federal de Tepic, Nayarit, “están muy contentos, esperando que pronto sean liberados”.

DETRÁS DE “EL TEO”, “LA PERRA” Y “EL KAIBIL”

Entre 2008 y 2009, en Tijuana se registraron más de mil homicidios, la mayoría debido a los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Arellano Félix.

Declaraciones ministeriales e informes de inteligencia, ubicaron a Ramiro Ramírez Martínez “El Rambo” dentro del organigrama del narcotraficante Teodoro García Semental “El Teo”, integrante del Cártel de Sinaloa y hoy preso en el penal El Altiplano de Almoloya de Juárez, Estado de México.

A sus 21 años, en abril de 2006, Ramírez Martínez fue reclutado por “El Teo” cuando éste todavía trabajaba para los Arellano Félix, indican informes de seguridad.

Orlando Santaolaya “El Chuletas” y “El Rambo” eran identificados por la autoridad como los autores de la decapitación de dos policías en Rosarito, los asesinatos de dos policías ministeriales, tres policías estatales preventivos, así como del ataque a balazos a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre más sucesos ocurridos entre 2006 y 2008. Así lo declaró Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil”, ex policía municipal, miembro de la célula de “El Teo” y uno de los jefes de Ramírez Martínez, quien fue detenido en marzo de 2009.

Jácome Gamboa además acusó a Ramírez y Santaolaya de traficar droga hacia Estados Unidos, secuestrar y ser parte de la administración del narcomenudeo en Rosarito.

Filiberto Parra Ramos “La Perra”, detenido el 10 de junio de 2009 -una semana antes que “El Rambo” y “El Chuletas”-, corroboró esta información.

VERSIONES ENCONTRADAS

En su declaración ministerial, Ramírez Martínez admitió haber participado en el secuestro de don Fernando, un hombre de 65 años de edad, jubilado y quien había permanecido cautivo durante 24 días.

La víctima narró cómo para privarlo de la libertad, los secuestradores se identificaron como agentes federales y lo acusaron de violación. Frente a la prensa, don Fernando dio testimonio de cómo le amputaron el dedo índice de la mano para exigir rescate a su familia.

Por su parte, “El Rambo” admitió en declaraciones que recibieron un pago de la familia del secuestrado, pero que Raydel López Uriarte “El Muletas” había dado la orden de pedir más dinero por él y después asesinarlo.

“Se encontraba amarrado de pies y manos y vendado de los ojos, presentaba lesiones y evidentes signos de tortura”, detalla el informe que México rindió a las Naciones Unidas, sobre las condiciones en que el hombre fue encontrado.

Mientras la SEDENA sostiene que los cuatro hombres fueron detenidos en una casa ubicada en la colonia Carlos Salinas de Gortari en Playas de Rosarito, los quejosos “aportaron cinco pruebas testificales que confirman la detención de Ramiro y Rodrigo Ramírez y Orlando Santaolaya por contingentes militares frente al hotel Oceana”, detalla la recomendación.

Ante la ONU, Ramiro Ramírez y Orlando Santaolaya admitieron haber respondido a los nombres “El Rambo” y “El Chuletas”, respectivamente, cuando fueron detenidos.

Explican que fueron golpeados en la zona de las costillas, en el estómago y en la mandíbula, les colocaron bolsas de plástico conforme los interrogaban sobre secuestros. “Les aplicaron choques eléctricos en los genitales y otras partes del cuerpo… los militares les empezaron a arrancar uñas de los pies,  atados de manos y pies durante la noche y amordazado con cinta adhesiva”, es parte de la narrativa expuesta por los detenidos.

Sostienen además que “firmaron su declaración ante el Agente del Ministerio Público con los ojos vendados y sin la presencia de un abogado de su elección”, aunque esta afirmación sería desechada por un Juzgado federal, el 1 de agosto de 2009.

De esta forma, el 6 de agosto de 2009, el Juzgado dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército, secuestro y robo.

Cuando apelaron la decisión, el 8 de enero 2010, el Tribunal Unitario del 24 Circuito de Acapulco consideró que las declaraciones de tortura “carecían de valor probatorio, puesto que no existían otros medios de convicción que las sustentaran”.

No obstante la PGR admite severas lesiones en dos de los detenidos. Una perforación de tímpano en Ramiro López y, por lo tanto, la pérdida del oído derecho; y una fractura de mandíbula en el rostro de Ramiro Ramírez.

PROCEDIMIENTO CONTAMINADO DE ORIGEN

En resumen, la queja presentada ante el CAT por los detenidos, expone que “los agentes del Estado les infligieron intencionalmente dolores y sufrimientos graves con el fin de obtener de ellos una confesión sobre la comisión de presuntos delitos de participación en una estructura criminal y secuestro de una persona”.

La solicitud ante la ONU se presentó el 12 de marzo de 2012 y el Comité informó de su decisión respecto al caso, el 4 de agosto de 2015.

A favor de los quejosos se determinó que fueron víctimas de “tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de jurisdicción militar y negligencia en la investigación de los hechos”.

Antes de esto, Mayra López, hermana de Ramiro López; Tania Villarreal, esposa de Ramiro Ramírez; y María Isabel Reyna, madre de Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, presentaron quejas y denuncias por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría de Justicia Militar y la PGR.

Algunas no procedieron, otras quedaron archivas y unas más fueron reabiertas. “El Comité observa que han transcurrido seis años desde que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de los presuntos actos de tortura sin que dichas investigaciones hayan avanzado significativamente al día de hoy”, deliberó el CAT en su recomendación referente a la comunicación 500/2012.

El fallo a favor se vio apoyado porque la Procuraduría no ofreció una justificación sobre el retraso, así como por las escasas condenas por tortura en México.

Otras observaciones del Comité indican: “El gobierno mexicano ofreció una versión distinta sobre el contexto de la detención, pero no ha cuestionado los tratos de tortura señalados por los detenidos”.

Consideraron también que el gobierno mexicano no aportó copia del dictamen médico y que “la fiscalía militar tomó las declaraciones de varios elementos del Ejército presuntamente involucrados de que no participaron en actos de tortura, pero sin interrogarles”.

CÓMO SE COMPRUEBA LA TORTURA

Por medio de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, México reconoció las facultades del Comité contra la Tortura, de requerir información, integrar expedientes y emitir una resolución.

El Protocolo de Estambul es uno de los elementos probatorios de tortura. El manual de más de 100 páginas, refiere cómo a partir de “una exposición detallada de los hechos relatados por el sujeto durante la entrevista, incluidos los presuntos métodos de tortura o malos trato”, se integra un informe.

Además, se realizan exámenes físicos y psicológicos para lograr “una interpretación de la relación posible entre los síntomas físicos y las posibles torturas o malos tratos”.

El Gobierno Federal informó que realizó al menos 80 estudios basados en el Protocolo de Estambul, pero todos resultaron negativos.

Sin embargo, en 2014, a cinco años de los hechos, una psicóloga y un psiquiatra, miembros del Colectivo contra la Tortura e Impunidad, peritos propuestos por defensores de derechos humanos -quienes apoyaban a los cuatro detenidos-, aplicaron este protocolo e indicaron que los resultados comprobaban actos de tortura cometidos en 2009.

Además de la puesta en libertad de los cuatro hombres, la ONU exhorta a México a procesar, juzgar y castigar a los responsables; conceder una reparación, rehabilitación e indemnización a las víctimas del caso y sus familiares; así como eliminar la figura del arraigo y eliminar el fuero militar cuando se trate de violaciones a derechos humanos.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación informó de la instalación de una mesa de trabajo para atender la recomendación y en 90 días enviará “información al Comité sobre toda medida adoptada”.

LAS NUEVAS VÍCTIMAS

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, una asociación civil, explica que se trata del “primer caso que conoce el Comité contra la Tortura sobre México”.

El caso también fue apoyado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, organismos civiles.

Ramírez Baena explica que los detenidos son representados por abogados particulares para defenderlos de los cargos en su contra por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas y cartuchos exclusivos del Ejército.

Sobre el estatus del proceso penal, advierte “están próximos a sentencia”, pero el plazo de 90 días que México tiene para responder a la recomendación de Naciones Unidas, podría dejarlos en libertad antes.

— ¿Ellos saben de esta resolución?

“Por supuesto. Están muy contentos. Están esperando que pronto sean liberados”.

— ¿Han tenido comunicación con quien fue presentado como víctima del secuestro u otras víctimas?

“Nosotros no tenemos ninguna atribución ahí. En los cargos que presenta la PGR, no tenemos incumbencia. Eso corresponde al Ministerio Público Federal”.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/INÉS GARCÍA RAMOS/  19 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 12:00:43)