EXTRADITAR AL “CHAPO”, DECISIÓN TOMADA

BOGOTÁ (Proceso).- El gobierno mexicano tiene decidido extraditar a Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán si es recapturado.

Incluso la Procuraduría General de la República (PGR) ya hizo cuentas de los pasos legales que habría que agotar si se le reaprehende y estima que la entrega del jefe del Cártel de Sinaloa al gobierno estadunidense se produciría entre 10 y 12 meses después de su eventual captura.

“Esos son aproximadamente los plazos legales que calculamos para extraditar a Joaquín Guzmán una vez que sea capturado”, dice a Proceso el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón.

Entrevistado en Bogotá, el funcionario a cargo de los casos de extradición en la PGR, explica que en el hipotético caso de que los tribunales federales resolvieran a favor de la extradición del Chapo a Estados Unidos, correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tomar la decisión final.

–Si El Chapo es recapturado, ¿todo lo legal está solventado para extraditarlo? –se le pregunta.

–Totalmente.

–¿O sea que puede ser extraditado inmediatamente?

–No. Por lo siguiente: cuando Joaquín Guzmán sea detenido, en ese momento se inicia formalmente el proceso de extradición en un juzgado federal, porque él tiene derechos constitucionales y procesales. El juez federal le tiene que notificar, luego de que sea detenido, del inicio del proceso de extradición en su contra. Tendrá unos días para preparar su defensa y ejercer su derecho de audiencia, que en el sistema jurídico mexicano es indispensable.

“Después, la PGR tendrá derecho a presentar más pruebas en su contra y aproximadamente en unos 30 o 40 días el juzgado federal tendrá que resolver con una opinión jurídica. Si ésta es favorable a la extradición, el acuerdo se le tendría que notificar a Joaquín Guzmán, y él tiene en ese momento un plazo de 15 días para presentar un amparo.”

De acuerdo con los cálculos del subprocurador, ese amparo tardará entre tres y cuatro meses en desahogarse, y si El Chapo lo pierde, tiene una última opción legal llamada revisión, la cual se tramita ante un Tribunal Colegiado de Circuito y también demorará entre tres y cuatro meses en ser resuelta.

“Son de 10 a 12 meses el tiempo que, según los términos legales, puede durar un proceso de extradición de este tipo”, explica el funcionario.

Rodríguez Calderón, quien participó la semana pasada en Bogotá en una reunión hemisférica de procuradores y ministros de Justicia, aclara que la extradición del jefe del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos no necesariamente se daría en ese lapso de tiempo.

Eso dependerá, asegura, “de las circunstancias legales que en el momento de su (eventual) detención tenga el asunto, porque si por los procesos penales que a él se le imputan en México nos es indispensable su presencia para agotar y desahogar pruebas, tendría que quedarse un rato más en México”.

En cambio, “si no hace falta su presencia porque ya se desahogaron todas las pruebas, sí cabe la posibilidad de que se le extradite en esos plazos (en 10 o 12 meses)”.

–Pero ya hay una decisión de extraditarlo…

–Que depende de la situación jurídica. Si ésta lo permite, quizá sea posible que se vaya de inmediato; pero si se hace necesario que él se quede más tiempo en México para poder desahogar todas las pruebas que tenemos en los procesos penales contra él, tendría que quedarse en México, y ya que terminemos, ahora sí, lo mandamos a Estados Unidos.

El subprocurador señala que existe otra posibilidad: autorizar de manera rápida su extradición con la modalidad de “entrega diferida”, la cual prevé el Tratado de Extradición con Estados Unidos para casos de delincuentes cuya entrega a las autoridades del vecino país esté decidida. Sin embargo, advierte que esta modalidad también “nos permite alargar un poco más la extradición de Joaquín Guzmán si es que las condiciones legales en México requieren que esté presente para desahogar pruebas en los procesos penales que tenemos en su contra.

“Si este fuera el caso –señala–, una vez desahogadas estas pruebas cumpliríamos con mucho gusto con nuestras obligaciones internacionales.”

De acuerdo con el subprocurador, la primera solicitud de Estados Unidos para extraditar a Guzmán se presentó en enero de este año. En febrero, la PGR la devolvió a las autoridades estadunidenses con el argumento de que la petición tenía “omisiones jurídicas”.

El 25 de junio Estados Unidos volvió a presentar el documento. “Lo revisamos y ya venían corregidas las omisiones del mes de enero, razón por la cual se inicia todo el procedimiento”, dice Rodríguez Calderón.

Pero el 11 de julio el jefe del Cártel de Sinaloa se fugó.

El subprocurador asegura que en ese momento “nosotros estábamos terminando nuestro proceso de análisis jurídico, de detectar que se tratara de la misma persona (corroborando la identidad de Guzmán) y de establecer que se tratara de un delito que el Tratado de Extradición establezca como punible tanto en México como en Estados Unidos”.

A finales de julio, la PGR emitió un concepto favorable a la entrega del Chapo a las autoridades estadunidenses y solicitó a un juez federal que librara una orden formal con fines de extradición contra el narcotraficante. Esa orden está vigente.

–¿Cambió la política de extradición en México por la fuga del Chapo? El mes pasado fueron extraditados 13 narcotraficantes, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Jorge Eduardo Costilla, El Coss…

–No, definitivamente no. La extradición es una herramienta, pero tiene que saber utilizarse de una manera muy adecuada y muy prudente, porque cuando un Estado como el mexicano tiene detenidas a personas de este nivel de peligrosidad es muy importante obtener de ellos información para sus procesos penales y los de otros delincuentes.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ RAFAEL CRODA/ 20 DE OCTUBRE DE 2015)