MÉXICO,
D.F. (apro).- Nunca un presidente de la República había sido tan vapuleado
desde los organismos de derechos humanos. Todos los comisionados que vinieron
se fueron después de hacer fuertes reclamos. Otros recibieron al gobierno y a
éste no le fue tampoco bien. Para completar el cuadro, el Departamento de
Estado del vecino del norte ha dicho a las claras que no pudo acreditar ante el
Congreso de su país que se estuviera mejorando el respeto a los derechos
humanos en México, por lo cual no había podido obtener la autorización para
ejercer unos cinco millones de dólares para el actual año fiscal estadunidense.
El gobierno de México declaró que no admitía calificaciones extranjeras pero no
explicó que ya las había aceptado cuando firmó la Iniciativa Mérida y después
la mantuvo vigente. Nomás le falto a Peña que se le acercara un can con
propósitos nada edificantes.
Más
allá de las incomodidades del gobierno mexicano, la cuestión estriba en la
situación de los derechos humanos en el país. Una sucesión de hechos indica que
el gobierno no sólo viola tales derechos sino que deja de cumplir con sus
obligaciones para proteger a la gente, las cuales son elementos básicos de toda
función gubernamental.
Uno
de los voceros del gobierno, Campa Cifrián, ha dicho que la Procuraduría
General de la República es la encargada de todo lo relacionado con el caso
Iguala. Lo dijo como una forma de no dar importancia al hecho de que la SEIDO
ya no seguirá con las pesquisas sino otra subprocuraduría, justamente la que
tiene a su cargo el respeto a los derechos humanos. Pero el punto no estriba en
esto. Campa se equivoca. El problema es que la policía que depende de la
Secretaría de Gobernación no es interlocutor de nada relacionado con la
violencia ni la crisis de derechos humanos en el país, a pesar de que la
Constitución le permite investigar los delitos. ¿Dónde está la policía? La
verdad es que no existe sino para vigilar, para patrullar, para perseguir
delitos en flagrancia. México no tiene policía, esa es la verdad.
En
tanto esta situación siga igual,la PGR no podrá hacer nada pues carece de
fuerza, sólo tiene unos abogados en funciones de fiscales y unos investigadores
que jamás podrán abarcar la función policial en toda su dimensión.
Mientras
que Peña es señalado dentro y fuera del país como un presidente incapaz de
brindar garantías y proteger los derechos humanos de la población mexicana, la
policía a su cargo directo se esconde, no da la cara, es como un turista que se
pasea por la Costera de Acapulco pero es incapaz de averiguar los asesinatos,
secuestros y extorsiones que ocurren a dos cuadras de su perímetro de
vigilancia. Lo mismo ocurre en todas las ciudades y zonas rurales.
La
Policía Federal ha sido un fracaso rotundo. Si se debe perseguir al ‘Chapo’
Guzmán, es la DEA la que le localiza y la Armada la que le persigue sin éxito,
quizá porque alguien le avisó antes. La policía federal y el comisionado de
seguridad ni siquiera sabían que el tal Guzmán Loera era perseguido cuando la
prensa de Estados Unidos ya había informado al mundo, no sólo de la persecución
sino de la nueva evasión y de las lesiones del perseguido. Todo es una
vergüenza.
Por
todo esto y más se ha producido una “lluvia” de acusaciones y reclamaciones
contra Peña Nieto en todo el ámbito de la lucha a favor de los derechos
humanos. Por eso también mucha gente dentro de México espera alguna definición
gubernamental al respecto. Pero nada. No hay ningún plan nuevo sino un seguir
en las inercias y justificaciones. Cuando se le pregunta al gobierno mexicano
cuándo retirará al Ejército y la Armada de la lucha contra los
narcotraficantes, la respuesta es sencillamente que nunca porque no se le ve
final a la crisis de violencia que azota al país. Pero Peña Nieto no intenta
una explicación al respecto. En realidad, en lugar de tratar de dar alguna
satisfacción a sus interlocutores en Washington y Nueva York, lo que tampoco
hace bien, Peña debería ofrecer exactos razonamientos a los mexicanos y
mexicanas que, dígase lo que se diga, viven la crisis de violencia como si la
sintieran en carne propia por la sencilla circunstancia de que cualquiera puede
ser víctima.
Sí,
le ha llovido a Peña. El mayor problema sin embargo es que él ni siquiera lo
siente. Sigue exactamente igual que antes.
(PROCESO/
ANÁLISIS/ PABLO GÓMEZ/ 23 DE OCTUBRE DE 2015)
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