La
“verdad histórica” presentada por el procurador Jesús Murillo Karam afirmaba
que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero de
Cocula, y para probarlo presentó confesiones de dos de los presuntos asesinos.
Sin embargo, los dos supuestos halcones de Guerreros Unidos fueron torturados
para que dieran la fantasiosa versión, como parte de una investigación conducida
por un hombre inclinado a la invención de delitos y de testigos.
La
investigación del ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la
desaparición de 43 de ellos el 26 de septiembre de 2014 –pesquisas encabezadas
por Víctor León Maldonado– estuvo viciada desde el comienzo.
Las
irregularidades comenzaron cuando la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero (PGJG, ahora Fiscalía General de Guerrero) detuvo,
aparentemente al azar, a los dos primeros sospechosos, quienes presuntamente
fueron torturados para obligarlos a firmar declaraciones que atribuían el
ataque a policías municipales de Iguala y de Cocula y al entonces alcalde
igualteco José Luis Abarca. Esos testimonios fueron el origen de la “verdad
histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los
detenidos son Luis Alberto José Gaspar, de 18 años, y el entonces policía
municipal Honorio Antúnez Osorio, de 51, aprehendidos en Iguala a principios de
octubre de 2014.
Como
consta en sus declaraciones preparatorias –de las cuales este semanario tiene
copia–, el 25 de noviembre le dijeron al juez primero de Distrito de Procesos
Penales Federales con sede en Tamaulipas, Guillermo Baltazar, que fueron
torturados y obligados en la PGJG a firmar declaraciones prefabricadas.
León
Maldonado, responsable de la investigación y quien estuvo en Iguala la noche
del 26 de septiembre de 2014, tiene antecedentes de haber fabricado cargos en
otros casos.
En
2009, cuando era coordinador general en la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) y en vísperas de
las elecciones estatales en Michoacán, con falsas acusaciones de delincuencia
organizada arrestó a 30 funcionarios públicos. Todos salieron libres vía amparo
o con sentencias absolutorias.
Este
es un adelanto del número 2034 de Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/
ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER/ 24 DE OCTUBRE DE 2015)
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