Diez procedimientos penales y al menos
67 administrativos contra igual número de ex servidores públicos son los que
hasta la fecha tramita el Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, ISAF, ante la Contraloría General del Estado por
presuntos actos de desviación de recursos presupuestales tan solo del ejercicio
fiscal 2012, que se irán sumando los de los subsecuentes años con lo que
paulatinamente se dilucidará el escandaloso desfalco financiero dejado por el gobierno
de Guillermo Padrés Elías, que a ciencia cierta no se sabe aún el monto total.
El Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, ISAF a través de la Dirección
de Asuntos Jurídicos, ha solicitado procedimientos penales para cuando menos
una docena de servidores públicos que
durante el gobierno de Guillermo Padres presuntamente incurrieron en
actos delictivos en contra el patrimonio estatal y que pudieran tipificarse de
peculado y otros actos antijurídicos catalogados de extrema corrupción e
impunidad.
La lista de los diez ex funcionarios sobre quién se solicita
acción penal, la encabezan dos ex directores y colaboradores del exgobernador
Padrés Elías en el Fondo Estatal de Modernización del Transporte, Víctor
Armando Alcaraz Armenta y, quien le sucedería en el cargo, el ex alcalde de Caborca, Darío Murillo
Bolaños.
Ambos, serán requeridos por
la fiscalía anticorrupción a petición de los órganos fiscalizadores del
ejecutivo y del Congreso del Estado, donde tendrán que explicar el uso y
destino de 760 millones 533 mil 535
pesos que se esfumaron de las arcas del Fondo cuando fueron directores
generales.
De esa cantidad
desfalcada, 600 millones de pesos podrían
corresponder al primer crédito bancario solicitado por la administración
panista que tendría como destino la modernizar la flota del transporte urbano en Hermosillo, Obregón,
Nogales, Navojoa y otras ciudades, lo cual no se logró al “desaparecer” el recurso,
sin que se diera explicación convincente por parte del mandatario y de sus
subalternos sobre el paradero del recurso.
El primer director del FEMOT,
Víctor Alcaraz, fue cesado luego de ser señalado públicamente como responsable
del desfalco, aunque no se le sometió a investigación, y se ha especulado que
actualmente se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.
En tanto al ex alcalde, Darío
Murillo, también con señalamientos de corrupción durante su gestión municipal
de Caborca, fue acogido por el entonces mandatario y hoy se le señala como el
responsable del faltante financiero por los restantes casi 121 millones de
pesos del total del que no se sabe su
paradero.
Engalana la decena de
deshonestos ex funcionarios investigados, el nombre del ex Secretario de
SAGARHPA, Héctor Ortiz Ciscomani, a quien los sabuesos del Órgano Superior de
Fiscalización del parlamento sonorense le realizaron varias auditorías. Le
siguieron la huella y evidenciaron un boquete financiero en las arcas de la
dependencia que dirigía, por un total de 55 millones de pesos que hoy le
reclaman su devolución.
Tales recursos habrían sido
sustraídos ilícitamente del presupuesto en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y
2014, en tanto que el Director General
de Planeación de la misma dependencia
es también requerido por el ministerio público en funciones de fiscal
anticorrupción por el mismo delito en rol de coparticipe con su entonces
superior jerárquico.
Ortiz Ciscomani fue
insistentemente señalado durante su gestión
por cometer diversos actos de
corrupción abusando del poder de secretario de Agricultura y al amparo
protector de su amigo y jefe, el entonces gobernador Padrés.
Hoy se deduce que el ex funcionario no solo
canalizó recursos materiales y financieros de los programas de apoyo al campo
para beneficio, sino que pudo haberse apropiado ilícitamente de parte del presupuesto de ingresos, que por
ley debe ser destinado al fomento y desarrollo del sector agroalimentario de
Sonora, particularmente campesinos,
comuneros y pequeños productores.
Como Secretario de
Agricultura Ortiz fue evidenciado más de una vez en medios locales y nacionales
por su proceder para aprovecharse de los programas de subsidio y canalizar
incentivos especie para empresas
agrícolas de su familia, particularmente campos localizados en la costa de
Hermosillo, que se convirtieron en un vergel desde que pisó el despacho de
Sagarhpa a invitación de Padrés.
Las evidencias no bastaron ni
siquiera para merecer una amonestación del entonces gobernador y su amigo,
mucho menos intento separarlo del cargo para que respondiera a las
acusaciones hacia él.
Pues llego el momento de
ajustar cuentas, según ha resuelto el ISAF al solicitar a la Secretaría de la
Contraloría Estatal, que, a su vez, turne a la Procuraduría de Justicia en el
Estado el expediente de Ortiz Ciscomani, tramitado con el expediente
C.I/126/13, a efecto de integrar la
averiguación previa y sea consignado al juez competente para que
responda a la comisión de los delitos imputados en la causa.
Podría enfrentar la acusación
de peculado, ejercicio indebido de un deber y otros delitos de omisión y
comisión en contra del patrimonio del estado, incluso, la federación podría
fincarle responsabilidades si uso indebidamente recursos financieros de los
subsidios y trasferencias del gobierno central hacia el campo de Sonora, y en
agravio de la sociedad sonorense, supuesto que agravaría su situación jurídica.
Le sigue en la decena de ex
funcionarios sometidos al imperio de la ley, en lo que parece la primera de una
larga lista dada a conocer por el ISAF y de la que Dossier posee copia íntegra
de los informes, la ex directora del ISSSTESON, Teresa Lizárraga Figueroa, y
cuatro de sus ex colaboradores del áreas de
administración, finanzas, licitaciones y prestaciones económicas del
desfalcado Instituto.
El expediente de la señora Lizárraga Figueroa
ha sido enviado a la Procuraduría con el número de averiguación previa
AP124/14. Como se sabe, la ex funcionaria indiciada se desempeña como diputada
federal plurinominal por el PAN, por lo
que posee fuero constitucional, que impide ser detenida y someterla a juicio penal, en tanto no medie
un juicio de procedencia en el Congreso federal para despojarla del fuero.
En el caso de la ex directora
del ISSTESON, el ISAF encontró durante exhaustivas auditorías de las cuentas
públicas del ISSSTESON en ejercicios fiscales del 2012 al 2014 cientos de
irregularidades y desvío de recurso para fines aún desconocido;
Se le reclama a Teresa
Lizárraga un faltante de 42 millones 185
mil 324 pesos, tan solo de la tesorería del Instituto, al que por cierto,
entregó a punto de la quiebra, antes de renunciar para postularse como
candidata a diputada federal por el PAN.
A la fecha, el ISSSTESON pasa
por una severa crisis por falta de liquidez, medicamento y en los peores
momentos de calidad en los servicios
médicos, hospitalarios y de asistencia social, qué decir del Fondo de Pensiones
que fue saqueado sospechosamente y luego fondeado por el entonces gobernador
con inmuebles en dación de pago, caso este del estadio Héctor Espino, el
Delfinario y otros edificios insignes a los que se le infló el avalúo para
encuadrar el faltante de cerca de dos mil millones de pesos del citado Fondo.
Este procedimiento penal lo
ha iniciado la Contraloría estatal por más de 42 millones de pesos a instancia
del ISAF, al margen de la denuncia que pesa sobre la ex funcionaria por el
delito de quebranto financiero del Fondo de Pensiones del ISSSTESON y que aún
indaga la Contraloría, cuyo monto podría alcanzar los dos mil millones de pesos sustraídos
ilícitamente.
Pero la ex directora no viaja
sola en ese expreso, también han sido indiciados como coparticipes en presuntos actos de corrupción que
incurrieron por instrucciones o sin ellas de su ex jefa. Estos ex malos ex
servidores son: el ex subdirector de servicios administrativos del
ISSSTESON, de Finanzas y el de Prestaciones Económicas y Sociales
tipificados en diversos delitos contra el patrimonio del estado de Sonora.
INVESTIGAN CRÉDITO A TELEMAX AL MARGEN DE LA LEY
El Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado inició un procedimiento
administrativo contra el ex director de Telemax en el anterior gobierno, Jorge
Morales Borbón, al poner al descubierto al salir a la luz que la el pasado seis
de abril de este 2015, tramitó un
crédito bancario con el banco Interacciones S.A. por 90 millones de pesos, de los cuales, ,
quedaron disponibles para retiro a finales de mayo quedaban disponibles solo 45
millones. Del resto, nada se sabe.
Según se deduce de al informe
sobre la auditoría aplicada al estado que guardan los compromisos con bancos acreedores al segundo trimestre de
2015 por, el ISAF, del que Dossier tiene copia, el máximo órgano fiscalizados
detectó múltiples anomalías en el manejo de la deuda pública contratada por
Guillermo Padrés a punto de dejar el cargo, igual que algunos los ayuntamientos
y entidades paraestatales, entre ellas Telemax
En su informe, el ISAF destaca
el millonario crédito que la administración de Telemax contrató en secreto y l
fue avalado por el entonces Jefe del Ejecutivo y, gobierno del estado y muy
probablemente, sin la decisión de solicitar un crédito nunca haber fue
consultado con los mandos gerenciales de la televisora ni autorizado por el Consejo de Administración, como
establece la normatividad que crea a este medio de comunicación como Sociedad
Anónima de esta sociedad anónima.
Jorge Morales fungía como
vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad anónima Telemax,
también tenía nombramiento de director general, al sustituir al anterior
titular, Gustavo de Unanue Aguirre. Compartió ambos cargos con el de Secretario
de Comunicación Social del gabinete padrecista.
El primer director de Telemax
en el gobierno de Padrés fue Roberto Vejar Rodríguez quien permaneció en el
cargo del 16 de septiembre del 2009 al cinco de febrero del 2014, fecha en que
presenta su renuncia para ser sustituido por de Unanue Aguirre.
Actualmente, al igual que
Morales Borbón, Vejar Rodríguez enfrenta un procedimiento administrativo
promovido por la Contraloría Estatal por un presunto desfalco financiero de
cinco millones 152 mil 016 pesos, que el ISAF detecto en una auditoría aplicada
sobre el ejercicio fiscal del año 2012 que involucra también al titular del
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la televisora, por omitir
información y proteger malos manejos financieros presuntamente cometidos por el
titular de la empresa de estado.
En el caso del El empréstito
de 90 millones de pesos solicitado por Morales Borbón en abril del 2015
comprometió como garantía las participaciones
estatales y los ingresos propios de la televisora, hasta el año 2025,
fecha de vencimiento del irregular financiamiento.
No solo eso, la dirección de
Telemax a cargo de Morales Borbón ocultó deliberadamente en todo memento la
información relativa al empréstito contratado deliberadamente al máximo órgano
fiscalizador del Congreso del Estado, contraviniendo flagrantemente la
establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora,
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y el Reglamento
Interior del ISAF, así como las demás disposiciones legales aplicables.
En el segundo informe trimestral de este 2015
realizó Telmex sobre la captación, uso y destino de partidas y captaciones y
que toda entidad está obligada a enviar
al ISAF se ocultó el crédito
solicitado Banco Interacciones información relativa al empréstito contratado
“cuarto para las doce” de que su director, Jorge Morales dejara el cargo.
Sin embargo, mediante un
convenio de colaboración suscrito entre el presidente del ISAF, Eugenio Pablos
Antillón y su símil de la Auditoría Superior de la Federación, le fue informado por esta ultima instancia al
órgano fiscalizador de Sonora.
Bajo la sospecha de que el
ISAF de Sonora no había sido informado en tiempo y forma sobre el crédito a la paraestatal Telemax, la
Auditoria Superior de la Federación solicitó que el Máximo Órgano Fiscalizador
local realizara una auditoría a la empresa, lográndose descubrir que
El documento de resultados de
la auditoría financiera, cuya copia íntegra obra en poder de Dossier, establece
que la empresa paraestatal Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. el primero de
abril del año en curso2015 se solicitó el empréstito al banco Interacciones
S.A. que amparó los 90 millones de pesos, sin hacer del conocimiento al
Congreso del Estado, vía ISAF.
(DOSSIER POLÍTICO/ Fernando Gutiérrez R.
/ 2015-10-08)
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