NEGOCIAZO CON AUTOS REMOLCADOS

Los vehículos que son remolcados y rematados por el Ayuntamiento de Tijuana, caen, en su mayoría, en manos de los dueños de los distintos corralones concesionados. Al no erogar costo de arrendamiento y almacenamiento, pueden ofrecer las unidades en venta a mejores precios. Los yonkeros, además afectados por el debilitamiento del peso, lo consideran competencia injusta

Cuando las afectaciones de la devaluación del peso frente al dólar empiezan a azotar al sector, surge el reclamo por otros factores que también hacen que el trabajo de los yonkes tradicionales se complique, aunque éstos no sean para nada nuevos.

Establecimientos que han perdido hasta el 70 por ciento de sus ventas, que han tenido que disminuir el número de sus empleados y que recurrentemente escuchan de los clientes que en el corralón –o establecimientos que de los corralones se nutren— y en las metaleras, encuentran precios ahora sí que de remate. Todo esto pasa en las empresas que importan vehículos para venderlos en partes.

ZETA realizó un recorrido por negocios que importan vehículos de Estados Unidos exclusivamente para su venta en partes, y por otros que se abastecen de carros que han sido remolcados por las autoridades de Tijuana.

Para los primeros es difícil ajustar sus precios a la situación económica del cliente, pues a razón de que buscan productos con mayor calidad importándolos, la paridad peso-dólar no se los permite. Para los segundos, basta con sacar la ganancia de lo invertido en los remates del ayuntamiento.

Por ejemplo, un motor de un automóvil sedán modelo 1996 o 1997, cuesta en un yonke –que importa mercancía— alrededor de 500 dólares (8 mil 250 pesos), incluida la instalación y 3 meses de garantía. Mientras que en una metalera o en un negocio con carros remolcados –como Grúas Cajame, que también cuenta con venta de partes en un negocio contiguo—, el precio es de 2 mil a 3 mil pesos con 15 días de garantía.

A la queja de los yonkeros importadores se suma también la venta de partes en las metaleras, donde los carros les cuestan según su peso, así como la venta ilegal de partes en corralones, aunque no hay denuncia formal de ello ante el Ayuntamiento de Tijuana, según la sindicatura.

“Yo no le puedo decir que en tal corralón está pasando eso. Pero es claro que tiene muchos años”, comenta José Rábago, presidente de los comerciantes de autos usados para desarme en Tijuana.

Los propietarios inconformes y entrevistados por este semanario, plantean algo curioso: aun cuando las reglas prácticamente impiden la importación de vehículos para su circulación en territorio nacional, y eso debería fomentar la venta de autopartes para arreglar los carros viejos, el negocio “no levanta”.

SIEMPRE LOS MISMOS

Cuando un carro es remolcado por orden de un oficial de tránsito, ya sea en un alcoholímetro, por falta de documentos, vidrios polarizados o por alguna infracción que lo amerite, se envía a uno de los seis corralones con autorización del municipio.

Según la Norma Técnica 22 municipal, los propietarios tienen hasta 45 días hábiles para recoger el carro (se les requiere mediante publicaciones en el Periódico Oficial del Estado), antes de que entre en un proceso de remate que deberá terminar a los 90 días, aunque a decir de Adrián González, jefe del departamento de Almacenamiento y Arrastre de Vehículos de la Sindicatura Procuradora, el tiempo “siempre” se prolonga.

En el proceso se cruza información con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para detectar vehículos con reporte de robo, que no pueden entrar en el remate.

El anuncio de la subasta, que de acuerdo al funcionario es abierto al público en general, se hace público en el Periódico Oficial del Estado (POE), y en dos diarios de circulación local para invitar a la ciudadanía en general a participar. 

Sin embargo, cuando pudiera ser una alternativa de adquisición para los yonkeros que tradicionalmente importan, hay factores que lo impiden. El primero de ellos –y según lo consultado—, es que no se enteran de dichos procesos. El segundo es que si quisieran adquirir un lote de carros remolcados, tendrían que pagar costos de arrendamiento y de almacenamiento al corralón –que siempre superará los 90 días— que equivalen –según un listado consultado— a casi al 70 por ciento del precio final.

 

“El procedimiento lo marca, tanto la norma técnica como la Ley de Hacienda Municipal, y pues lo damos a conocer a través… Precisamente por eso son las publicaciones en los dos medios y generalmente se presentan los postores, pero lo que sucede es que…si tú eres la concesionaria (corralón), los vehículos están en tu yarda, y te ganan la postura, te tienen que  pagar al concepto de arrastre y almacenaje de vehículos. Cuando se hace cálculo ya no le conviene al externo”.

Es así como en los últimos 10 procesos, en los que se han rematado mil 185 vehículos, nueve han sido a favor de empresas concesionarias de los corralones municipales. Al ahorrarse el costo de arrastre y almacén, pagan por ejemplo: 173 mil pesos por 144 vehículos. 

“No les cuesta nada. Su trabajo es recibirlo y cobrar estacionamiento. Es muy difícil competir contra ellos que no tienen costo para adquirir las partes, por eso lo tienen tan barato”, insiste José Rábago.

— ¿Y a ustedes les interesaría competir en estas subastas?

 “Claro que sí, nos podríamos reunir por medio de la asociación, de hecho eso queríamos hacer en la administración municipal anterior, que fuera un remate donde realmente pudiéramos tener la opción de comprarlos, y es más, hay carros que son hasta nuevos que le servirían al municipio para vehículos oficiales”.

Sindicatura dice que no hay reporte de ventas en corralones

Por otro lado, Adrián González, jefe del departamento de Almacenamiento y Arrastre de Vehículos de la Sindicatura Procuradora de Tijuana, afirmó que no hay ninguna denuncia en la dependencia relativa al robo de partes de carros.

Sostuvo que por órdenes del síndico procurador, Arturo Ledesma, se realizan inspecciones recurrentes en los seis corralones concesionados

“Partes no se venden, ni llantas, ni rines, ni puertas, no pasa eso. Eso no es algo que suceda porque para empezar, el síndico quiere orden disciplina, en este tipo de problema no estamos relacionados”.

No obstante, aunque una vez que compran los automóviles, los corralones tienen 15 días para sacarlos de su terreno, no hay un control de la autoridad municipal para garantizar que las partes no son vendidas ahí.

MÍNIMO 50 POR CIENTO DE PÉRDIDAS

Gerardo, propietario de un yonke ubicado en la colonia Murúa, inmediatamente reacciona cuando se le cuestiona sobre las afectaciones al negocio por la venta de partes en otros negocios.

“Dan precios más baratos, pero están malbaratando. Finalmente la gente se va con ellos. Y sí, sí se escuchan comentarios de los clientes, que ‘allá dan más baratos, que en las metaleras’”.

La misma respuesta fue dada en otros establecimientos en distintos puntos de la ciudad, donde comentaron como por Ley, tienen que importar los vehículos para desarme, que sean modelos 2011 y anteriores. Además, que por los costos relativos a la importación, para ellos es más viable trasladar a México tres o cuatro vehículos en un solo trámite, lo que les cuesta entre 2 mil y 3 mil dólares (33 mil pesos), más el precio del traslado a Tijuana.

José Rábago, representante de los yonkeros, explica que aunque en el año 2014 “como que el negocio quiso levantar”, para este 2015 la situación peso-dólar lo hizo imposible. Nada más en estos 9 meses 10 yonkes han cerrado sus puertas.

(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO/ Saúl Alejandro Ramírez / Fotos. Jose Agustin Reyes Diaz de Leon/   21 de Septiembre del 2015 a las 18:04:15)