En
un año difícil como 2015, asimilando el 16 por ciento de IVA, la devaluación
del peso frente al dólar por arriba del 25 por ciento, el alza de precios y las
reformas federales que no terminan por beneficiar a la población, los
comerciantes de Tijuana deben enfrentar otro embate: Cobros desde 2 mil hasta
40 mil pesos y en algunos casos superando esa cantidad, por parte del
Ayuntamiento de Tijuana, y en una oportuna -y recaudatoria- campaña de
regulación de anuncios. Además los obligan a borrar de paredes del negocio el
nombre del mismo. Muchos comerciantes se quejan de acoso, y temen que este
nuevo golpe los lleve al cierre de sus negocios
Las
fachadas de los negocios lucen desoladas.
En
ellas solo se puede observar estructuras de anuncios luminosos vacías,
marquesinas pintadas de blanco ocultando el nombre del comercio o la publicidad
de lo que en el local se ofertaba.
La
causa, el hostigamiento del que los comerciantes se dicen objeto por parte del
gobierno municipal de Tijuana al aplicarles cobros, multas y recargos por cada
anuncio colocado en el exterior e interior de los negocios.
Son
los propietarios de abarrotes, talleres, papelerías, estéticas, restaurantes,
pequeños negocios todos, cuyos ingresos apenas les permiten mantenerse en el
mercado, pero quienes resultan los más acosados por los inspectores de
Administración Urbana y Tesorería municipal.
Basados
en un reglamento vigente desde 2010 pero apenas aplicado en 2014, los
verificadores no escatiman en la aplicación de multas y recargos por cada
anuncio sin licencia, o colocado al margen de las especificaciones de la
ordenanza actual.
Así,
comercios familiares como papelerías o estéticas, han sido sancionados hasta
por 40 mil pesos.
Para
colmo, los funcionarios parecen ignorar el Reglamento de Rótulos, anuncios y
similares para el municipio de Tijuana, al exigirles una tarifa mayor si la
publicidad colocada es luminosa, “por generar contaminación visual”, cuando en
teoría su costo es similar al de cualquier otro tipo de anuncio.
Heriberto
Villalobos Rentería, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño
(CANACOPE) a nivel local, señala haber manifestado ya la inconformidad que esto
genera a sus agremiados, pero no ha tenido eco en la autoridad municipal, que
solo se jacta de apoyar con microcréditos a los comerciantes y a no considerar
el pago del predial en la revalidación de las licencias de operación. Pero “de
qué sirven todos estos apoyos si por otro lado nos vapulean con cobros como
éste”, se quejó.
Y
remató: “Ahora nuestros establecimientos parecen locales fantasmas”.
AGOBIADOS
El
rótulo de la marquesina fue borrado con pintura blanca y don Miguel tuvo que
retirar de paredes de fachada principal y costados, todo tipo de publicidad,
incluyendo el logo del producto cervecero que oferta.
Caso
contrario, tendría que desembolsar cuando menos 20 mil pesos en licencias,
multas y recargos por el total de anuncios publicitarios instalados en su
abarrote, incluyendo el nombre del negocio.
Esa
cantidad se sumaría a la que desembolsa al año por mantener vigentes los
permisos de operación municipales, y a la que hay que añadir el gasto en el
pago de impuestos a Hacienda, costo de los servicios y demás.
Y
si a eso se agrega las bajas ventas que enfrenta y apenas le dan para sostener
su establecimiento, es fácil comprender porque don Miguel optó por desvestirlo
de publicidad.
Pero
eso no frenó el acoso de los inspectores de control urbano o fiscalizadores de
la Tesorería Municipal, quienes ahora le exigen añadir en el anuncio de su
propio establecimiento de carnicería y abarrotes la frase llenado de garrafones
–de agua—, lo que le implicaría el realizar un pago adicional, no solo en
materia de anuncios, sino también el pago de uso de suelo y operación de su
negocio.
Por
ello es que no lo ha hecho, y en su defensa argumenta que de pagar un gravamen
por ello significaría una duplicidad de cobro por parte del municipio, toda vez
que Ultrapura, la empresa distribuidora de agua purificada que colocó el sistema
distribución del líquido, ya paga un impuesto para operar en diversos negocios.
El
caso de don Miguel no es aislado, en la avenida Grandes Lagos, en la colonia
Lagos de la delegación Cerro Colorado, donde se ubica su abarrote, predominan
los locales sin anuncios, o con solo una lona o rótulo que apenas les permite
identificarse como negocio.
En
su mayoría los propietarios han sido sancionados recientemente con multas
económicas que no ha podido cumplir, por las que el fisco municipal les ha
concedido una prórroga de 30 días a punto de fenecer.
“Son
pagos que van de dos mil hasta 40 mil pesos, cantidad que con tan bajas ventas
no podemos cubrir y preferimos retirar los anuncios, a sabiendas que a la hora
de que acudamos a revalidar nuestras licencias para operar nos la van a
cobrar”, expone resignado Jesús, quien sostiene una mercería.
Al
igual que en ese asentamiento, los comerciantes de la Zona Centro, Zona Río,
Bellas Artes o en cualquier parte de Tijuana, el cobro del impuesto por los
anuncios que penden entecho y paredes de los establecimientos se está
convirtiendo en una problemática.
Luis
Enrique Soto, dueño de una pollería, retiró cuatro lonas de su pequeño
establecimiento –cuya fachada apenas mide tres metros—, porque el municipio le
exigía una recaudación de mil 200 por cada una, a cambio de mantenerlas, así
como el pago de mil 800 pesos de multa por haberlas colocado, la cual no ha
cubierto.
PREVÉN CIERRES
Para
Heriberto Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes en Pequeño,
ante tal panorama el riesgo de cierre de negocios es inminente.
Informó
que la prórroga de un mes para pagar multas y recargos es para establecimientos
que ya cuentan con licencia, pero a aquellos que no la tienen solo se les
concede 10 días para que se regulen, caso contrario, le son aplicadas sanciones
adicionales. En esta condición se encuentran al menos el 40 por ciento de los 3
mil socios afiliados a CANACOPE.
Por
ello demandó al gobierno de Jorge Astiazarán reconsiderar la medida, “porque
los comerciantes nos sentimos presionados”.
Expuso
que anteriormente se hacía un solo pago, tomando en cuenta que la colocación de
publicidad no debía exceder la tercera parte del negocio, pero desde enero de
2014 a la fecha los inspectores del municipio comenzaron a presionar.
Guillermo
Díaz, representante de los comerciantes de la Zona Centro, se dijo extrañado
por lo que consideró una medida de presión de parte del gobierno municipal, “en
uno de los años más críticos para la economía y que complica el sostenimiento
de los negocios comerciales”.
En
el caso particular de los locales del primer cuadro de la ciudad, “en los
últimos años nos hemos visto afectados por las obras de urbanización y ahora
por esta medida a todas luces recaudatoria”, dijo.
En
este sector de la ciudad, en lo que va del 2015 un promedio de 40
establecimientos han bajado sus cortinas en forma definitiva, precisó.
LA REBELIÓN
El
líder de los pequeños comerciantes de Tijuana, Heriberto Villalobos Rentería,
subrayó que son los negocios establecidos en las colonias de la periferia de la
ciudad los más afectados por la crisis económica y que tienen menos
posibilidades de pagar este gravamen.
“Estamos
hablando de 15 mil comerciantes”, precisó.
Por
ello pedimos al municipio que los letreros manuscritos –rótulos— en los que se
anuncie el nombre del establecimiento y su giro no se cobre, “porque no los
vamos a pagar”, advirtió.
La
medida recaudatoria la calificó como “una aberración”, un negocio “debe contar
mínimo con un nombre que le dé identidad y ubique a los clientes que productos
o servicios ofrece, algo por lo que debería estar considerado en el pago de
licencia de operación”, anotó.
Y
cuestionó: “¿De qué sirve que por un lado se nos anuncien apoyos crediticios
para comercios nuevos o para emprendedores, si por otro el mismo gobierno
municipal golpea nuestra economía con esos impuestos?
Anteriormente,
dijo que el derecho de publicidad en los comercios se pagaba en una sola
exhibición “una sola vez y ya, no había que revalidar, menos con cobros tan
elevados que no estamos dispuestos a pagar”, agregó.
TARIFAS ONEROSAS
De
acuerdo a un análisis efectuado por CANACOPE, cada comercio debe pagar en
promedio 65 pesos diarios por cada anuncio colocado, incluyendo el nombre del
local.
No
obstante, Alma Ofelia Morales Juárez, jefa del Departamento de Actividades
Mercantiles de la dirección de Administración Urbana en el XXI Ayuntamiento de
Tijuana, dijo que las tarifas por anuncios en establecimientos comerciales han
bajado en la presente administración.
Recordó
que la ley de anuncios, establece tres conceptos: Licencia nueva,
regularización –cuando se tramita la licencia con el anuncio ya colocado—, y
revalidación.
Basándose
en las tarifas establecidas para anuncio para uso exclusivo de comercio
establecido, explicó que una licencia nueva en un anuncio adosado tiene un
costo de 660 pesos, y si es menor de cuatro metros tiene un costo de 400 pesos,
aproximadamente.
Fue
en la regularización para ese mismo tipo de publicidad en donde se registró una
disminución, ya que su cobro de mil 50 pesos –con una medida hasta 14.99 metros
cuadrados—, disminuyó a mil 10 pesos; en tanto, en el de menor medida a los
cuatro metros el precio es de 600 pesos.
Siguiendo
con ese ejemplo, el municipio cobró en forma anual por revalidar la licencia de
un anuncio 360 pesos; en uno de cuatro metros la tarifa es de 280 pesos.
Respecto
a los cobros que los comerciantes califican como excesivos y hasta irregulares,
la funcionaria expuso que, “si tengo en orden todo, nadie me sanciona y
mantengo mis pagos en lo más económico”.
Y
continuó: “El perder la ilación y dejar que nuestras licencias venzan, o no
tenerlas, vuelve más caro el concepto de regularización, por lo que todos los
negocios deben tener vigentes sus licencias de operación y revalidar anualmente
su certificado de medidas de seguridad y licencias de anuncios”.
COBROS IRREGULARES POR INERCIA
En
cuanto a la recaudación que los comerciantes califican como anómala, Alma
Ofelia Morales reconoció que anteriormente sí se hacía cobros irregulares por
anuncios colocados en negocios.
De
un auto portante –tipo torre— se hacía un cobro por el anuncio principal, luego
por cada uno de los más pequeños, y contaba con doble cara el costo se
duplicaba, lo que lo hacía muy costos; “actualmente ese tipo de publicidad se
cobra como una sola”, refirió.
Y
aunque en forma oficial indicó no haber recibido una queja formal de los
comerciantes, expuso que en una conferencia los socios de CANACO le expusieron
esta problemática.
“Nos
manifestaron que sí sienten el hostigamiento de los inspectores de Tesorería, y
a pesar de que se les capacita vimos que traen la escuelita del gobierno
anterior, cobran por cada adosado”, señaló.
Dice
investigar, pero hasta el momento ningún inspector ha sido sancionado por tal
arbitrariedad.
Conminó
a los propietarios de negocios a no dejarse sorprender y denunciar y les
recordó que el costo de un rótulo pintado, el más económico, una licencia nueva
cuesta 365 pesos, su regularización es de 546 pesos y su revalidación tiene un
precio de 273 pesos, “no importa medida mientras no sobrepase la tercera parte
de la fachada”.
Pero
de hacer un cobro general y en una sola exhibición por la publicidad en los
negocios, la funcionaria asentó que no es posible, porque “todo anuncio debe
tener una licencia para poder ser exhibido, “desde un pequeño volante, que es
el más pequeño anuncio que existe, hasta lo que viene siendo una cartelera
espectacular”.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/Isabel Mercado Juárez / Fotos. Ramón T Blanco/ 21 de Septiembre del 2015 a las 17:05:30)
No hay comentarios:
Publicar un comentario