El gobierno de
Francisco Vega de Lamadrid ha registrado ya, dos casos de suicidios
públicos, ante la denunciada indolencia del sistema mexicano. El
primero, un deportado que se aventó de una torre de la Comisión Federal
de Electricidad en Tijuana; el segundo, un hombre que el Poder Judicial
determinó era inocente, tras pasar once años en prisión. La
administración de Kiko
no lo atendió correctamente, a pesar de la amenaza de suicidarse. En su
desesperación, se prendió fuego en pleno Centro Cívico, en el corazón
político de Mexicali. En el caso del que fue liberado, una madre pide
justicia para sus dos hijos asesinados en 1997
“Me
voy a suicidar, y dicen que los muertos no echamos mentiras”, dijo en
abril de 2002, en su primera declaración judicial, José Guadalupe Macías
Maldonado, tras ser detenido y encarcelado, acusado del asesinato
-cinco años atrás- de los hermanos Bárbara y Carlos Morales Persson.
Estuvo 11 años en la cárcel y, en enero de 2013, fue liberado tras la
instrucción del Tribunal Colegiado del XV Circuito, el cual ordenó al
Juzgado local, la reposición del atropellado proceso judicial que se le
había seguido.
El mediodía del viernes 7 de marzo, Macías Maldonado se prendió fuego
ante decenas de testigos en la principal plaza pública de Mexicali. En
pleno Centro Cívico, en la plazuela que circundan el edificio del
Gobierno del Estado, el del Congreso, el Poder Judicial y el
Ayuntamiento.
Dos meses antes, Macías Maldonado interpuso un reclamo de
indemnización por reparación patrimonial por 11 millones de pesos -un
millón por cada año que pasó encarcelado- contra la Procuraduría de
Justicia del Estado; y un día antes de auto inmolarse, se entrevistó con
la procuradora Perla del Socorro Ibarra para presentarle su caso,
advirtiéndole que se prendería fuego.
De hecho, ese mismo viernes, el hombre acudió a las oficinas
gubernamentales para solicitar apoyo -estuvo en la oficina del
gobernador, pero no fue atendido- y de ahí salió por un galón de
gasolina, el cual derramó sobre su cuerpo y, pese a la intervención de
agentes municipales, alcanzó a activar el fuego con un encendedor
accionado por él mismo.
Horas después trascendió que, debido a las quemaduras que tenía en
cerca del 90 por ciento de su cuerpo, José Guadalupe Macías Maldonado
falleció en el Hospital General.
Su acción desparramó culpas para todos lados, evidenciando una serie
de irregularidades en el proceso judicial, ya que en los cerca de 13
años de “investigación” desaparecieron pruebas -cabellos, sangre,
huellas del asesino de los hermanos victimados-, lo que propició su
liberación. Aparte, quedó expuesta la desatención gubernamental para
este tipo de “fallas” del sistema de procuración de justicia.
“¿Dónde está la justicia?”, se pregunta Virginia Persson de Morales
-madre de los dos jóvenes asesinados-, quien asegura que el proceso se
caracterizó por el desaseo, sobre todo por la serie de pruebas
relacionadas con el caso y que no fueron resguardadas.
En lo que ella misma considera la primera entrevista donde habla
sobre el tema, la titular de la Notaría Pública Número responde a ZETA en cuanto a qué hacer, qué sigue en el procedimiento judicial en torno al crimen de sus dos hijos.
“Yo ya le dejé la justicia en manos de Dios…”, refiere la abogada en
esta dramática historia que lleva 17 años de vaivenes judiciales, y que
incluye a seis gobernadores y siete procuradores.
Cacería
Para detener a José Guadalupe Macías Maldonado -nacido el 12 de
diciembre de 1957 en Encarnación de Díaz, Jalisco-, las autoridades
bajacalifornianas encabezaron una verdadera cacería que abarcó estados
como Sonora, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y, por supuesto, Baja
California. La orden de aprehensión había salido el 9 de mayo de 2001
por la causa penal 226/2001, y para cumplimentarla, se detectó un
larguísimo historial delictivo de Macías, quien también se hacía llamar
Jaime Gómez Hernández, José Carlos González Hernández y/o Carlos
Benítez.
En octubre de 1995, en Aguascalientes, su hijo José Ángel Macías
Gómez, de cuatro años de edad, procreado con Lidia Gómez Romero, de
oficio meretriz, falleció en extrañas circunstancias. En Jalisco se le
acusó de fraude y robo, y en Tijuana, encontraron su ficha en el penal
de la Mesa, pero a nombre de José Carlos González Hernández, señalado de
falsificación de dólares -proceso 450/97-. Se le detuvo en noviembre de
1997, pero logró quedar libre el 3 de febrero del año siguiente. Cuando
los agentes que lo buscaban llegaron al penal, Macías tenía tres días
de liberado. En la búsqueda dentro de la penitenciaría, los agentes se
toparon con una mujer, Laura Navarro Arreola, quien dijo haber sido
violada por Macías en Mexicali -en 1982-, donde vivió un tiempo en un
hotel del centro de la ciudad, convivía con una entretenedora de nombre
Julieta y después de meses, desapareció del hotel sin pagar. Ahí lo
buscó una persona, asegurando que Macías “le había ganado con el dinero
de la venta de cerveza en la Plaza Calafia”. Quienes lo conocían, lo
acusaban de mal carácter, agresivo, conflictivo.
Las dudas
La madrugada del sábado 14 de junio de 1997, cerca de las cuatro de
la mañana, Bárbara Morales Persson llegó a su domicilio -en el número
1002 de la calle Valle del Fuerte- en Jardines del Valle, después de
cerrar el bar de su propiedad, el Celebrity, ubicado por el Bulevar Benito Juárez, frente al hotel Araiza Inn. El bar se había convertido en el centro de reunión de un grupo de treintañeros de la clase pudiente mexicalense.
Al llegar a su domicilio a bordo de una camioneta Explorer modelo
1991, la mujer abrió la reja automática, metió el auto en la cochera y
bajó de nuevo la reja. Un hombre la esperaba ya dentro del domicilio, y
alertado por los gritos, su hermano salió corriendo -en calzoncillos-
solo para atestiguar cómo su hermana mayor recibía un balazo en la
cabeza. Al intervenir, el sicario volteó hacia Carlos Morales y le
disparó en dos ocasiones, la primera en el tórax, la segunda, en la
cabeza. Los cuerpos semicruzados quedaron en medio de un charco de
sangre. El asesino trató de salir por la puerta, pero estaba cerrada,
disparó contra el cerrojo metálico pero nunca se abrió, por lo que tuvo
que brincar la barda.
En el lugar quedó una gorra -tenía restos de cabello-, además su
sangre, pues al parecer una de las balas contra la puerta le hirió
también encontraron sus huellas dactilares. Los vecinos que se
despertaron por los tronidos, alcanzaron a escuchar unos quejidos,
luego, un auto compacto gris que salió a toda velocidad.
Los jóvenes eran miembros de una connotada familia mexicalense, hijos
del notario José Luis Morales Alessio y de Virginia Persson, titulares
de la Notaría Pública Número Uno. En ese entonces, Héctor Terán Terán
era el gobernador del Estado de Baja California, y José Luis Anaya, el
procurador.
En las primeras investigaciones, se incluyó a un grupo de hombres que
llegaron esa noche al bar, no consumieron y luego se retiraron, además
de un pleito que había tenido Carlos con uno de sus amigos, o el marido
de una mujer con la que salía. Todas las hipótesis se desvanecieron.
Poco se siguió en la investigación el caso de un hombre, José Alfredo
Lucero Castro, quien frecuentaba el bar -le apodaban “El Gorrón” porque
nunca pagaba-, quien apareció ejecutado un mes después en un baldío de
la colonia Granjas Santa Cecilia.
Mucho menos se dio seguimiento al tema de los resultados positivos en
uso de cocaína que dieron los cuerpos de los dos hermanos asesinados.
Luego trascendió un dato, referido a un hombre que en mayo de ese año
deambuló por el fraccionamiento buscando la casa del ex alcalde y
político Eduardo Martínez Palomera. Según esa persona -quien portaba una
credencial del Partido Revolucionario Institucional, nombre de Jaime
Gómez Hernández- había escuchado una conversación entre dos tipos que
viajaban en autobús a Mexicali, quienes planeaban secuestrar al
empresario mexicalense.
El hombre, que acudió varias veces a la casa del ex presidente
municipal, fue detenido y acusado de intento de secuestro, pero se le
liberó por falta de elementos. En octubre, después de perpetrado el
crimen, las autoridades empezaron a recabar datos, elementos, dichos y
declaraciones en torno a la posibilidad de que el individuo tuviera que
ver con el crimen de los Morales Persson.
En mayo de 2001 se emitió la orden de aprehensión, cumplimentada el
25 de abril de 2002 en Jalisco. Una versión anota que fue la mujer con
la que en ese tiempo convivía la que lo delató, aunque allá no había
trascendido que en Baja California se ofrecía una recompensa por su
captura.
Lo incriminaban por una serie de elementos, como el que estuviese
herido en el tiempo que asesinaron a los Morales, que su sangre fuese
tipo O positivo, igual que los restos localizados en el lugar del
crimen, por su largo historial delictivo, por sus visitas a Jardines del
Valle, por la gorra, por declaraciones de conocidos, familiares… todo
un cerco en su contra.
Macías Maldonado siempre alegó su inocencia, a ZETA mandó
varias cartas y, en abril de 2005, se publicó un amplio reportaje sobre
las anomalías del caso. “Soy un chivo expiatorio con el que la PGJE
tenía la necesidad de fabricar un culpable a como diera lugar para tener
tranquila y satisfacer la demanda de justicia de la familia Morales
Persson”, sostuvo en la misiva publicada por este Semanario en diciembre
de 2004. En la primera condena recibió como pena 50 años de prisión, y
luego de una apelación, la sentencia se redujo a 37 años y medio.
En septiembre de 2010, en la Oficialía de Partes del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, se presentó una solicitud de amparo al
Tribunal Colegiado del XV Circuito contra el Tribunal Superior de
Justicia y el Juzgado V Penal, encabezado entonces por la ahora
magistrada Sonia Mireya Beltrán. El Tribunal Colegiado del XV Circuito
analizó una serie de contradicciones en el procedimiento, como el caso
de la sangre, las huellas dactilares -hubo al menos tres peritajes,
diferentes entre sí- los careos y el cabello localizado. El Tribunal
federal resolvió que el Juzgado V debía reponer el procedimiento, sobre
todo en esos puntos.
El expediente regresó al Juzgado, pero 15 años después de suscitado
el crimen, resultó que las evidencias se habían “desvanecido”, ya no
había ni cabello, ni sangre, las huellas dactilares tenían peritajes
disímbolos y los careos fueron infructuosos, por lo que el 17 de enero
de 2013, José Guadalupe Macías Maldonado fue puesto en libertad.
De ahí, iniciaría un peregrinaje denunciando públicamente su caso,
exigiendo que todos los funcionarios involucrados reconocieran su error.
El 18 de enero de 2014, auxiliado por el abogado Leonardo
Gutiérrez, interpuso un Reclamo de Indemnizaciones por Responsabilidad
Patrimonial por cerca de 11 millones de pesos contra la Procuraduría
General de Justicia del Estado. En su peregrinar tocó puertas, y todavía
el jueves 6 de marzo se entrevistó -acompañado de un reportero del
diario La Crónica- con la procuradora Perla del Socorro Ibarra, a
quien le advirtió, se prendería fuego. Al día siguiente, Macías acudió
de nuevo al edificio estatal, hizo guardia en la Oficina del Ejecutivo,
nunca fue recibido y de ahí salió solo por el galón de gasolina,
prendiéndose fuego públicamente, en plena plaza cívica.
Desaseo
Virginia Persson de Morales encabeza la Notaría Número 1 en Mexicali.
Su esposo, José Luis Morales Alessio, falleció el 25 de noviembre de
2005. Uno de sus hijos, José Luis Morales Persson, aparece como titular
dela Notaría 16 en Tijuana.
Seria, de carácter fuerte, la abogada recibe al reportero de ZETA.
Pide no grabar y aclara que es la primera vez que hablara públicamente
sobre el tema de sus hijos. Parece llevar en su memoria la síntesis del
expediente judicial y estar segura de que Macías Maldonado tuvo que ver
con el doble crimen de Bárbara y Carlos.
“¿Qué pasó? ¿Dónde está la justicia? A mis hijos nadie me los va a
reponer, ahora él queda como una víctima”, refiere la abogada y notaria,
insistiendo al reportero que debe investigarse todo el historial
delictivo de Macías.
Reseña lo que fueron cinco años de pesquisas judiciales, del
seguimiento. El tema de las huellas encontradas, de la sangre, de los
cabellos, la gorra.
“¿Cómo es posible que no se hayan rescatado esas evidencias?”, se
auto cuestiona la abogada. Refiere el tema de las declaraciones de la
sobrina de Macías, del temor que le tenían sus familiares, del secuestro
de un casacambista que reconoció al ahora inmolado entre sus captores.
“Eso no lo sabe el público”, insiste la notaria, para después exponer
elementos básicos, como la pericial dactiloscópica que tuvo variantes,
según cada uno de los peritos. Todo eso obligó a que se tuviera que
reponer el procedimiento, lo cual suscitó que se descubriera que las
evidencias del caso no habían sido resguardadas, factor que a su vez,
posibilitó la liberación de José Guadalupe Macías.
“Fue un completo desaseo”, acusa Persson en relación al trabajo en la Procuraduría.
Cadena de ineficiencias
Para Herman López Frank -presidente del Colegio de Abogados-, la
acción de Macías Maldonado básicamente está cuestionando el sistema de
procuración de justicia.
“La justicia sí se hizo, los órganos jurisdiccionales cumplieron su
cometido para dejarlo en libertad. Es la Procuraduría la que metió de
nueva cuenta a un inocente a la cárcel, no reunió los elementos
necesarios para que la persona permaneciera en ella”, expresa el
abogado, para después señalar prácticas como la investigación del
Ministerio Público, de la fabricación de culpables para justificar su
trabajo.
“Hay una doble deficiencia”, asevera López Frank en relación a la
detención y encarcelamiento del auto inmolado, pero además, en el crimen
de los Morales Persson, que nuevamente regresa a la impunidad, “la
sociedad queda indefensa ante el hecho de que la Procuraduría de
Justicia no persigue realmente a los probables responsables, y en este
caso, después de once años, es cada día más difícil, seguramente la
Procuraduría dio por terminada la investigación, hay desvanecimiento de
datos, los indicios de quienes participaron en el homicidio, si no lo
hicieron en el momento, ahora va a ser más difícil”.
Aun así, el especialista considera que lo principal, es el daño moral
que se ocasionó a Macías Maldonado, y enumera la cadena de
ineficiencias, en la condena, en el seguimiento después de su liberación
y donde el Estado se lava las manos, ni siquiera pide disculpas,
reconocen su inocencia, pero no hacen nada por resolver su problema de
daño moral.
De acuerdo al presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, el
Estado aún tiene la responsabilidad de indemnizar a los familiares del
ahora occiso.
El lunes 10 de marzo, el cuerpo de Macías fue sepultado, mientras que
la mañana del día siguiente se presentaron sus familiares -Blanca
Estela García Macías y una sobrina de ella-, quienes junto con los
abogados, encabezaron una rueda de prensa donde expusieron largamente lo
sucedido, mostraron la copia de la demanda interpuesta ante el Gobierno
del Estado y enumeraron las fallas desde la esfera judicial.
En la sesión con la prensa también participaron integrantes de los
diversos colegios de abogados, señalando que se formará una comisión
entre éstos para dar seguimiento al caso.
En contraparte, aún retumban las palabras de la notaria Virginia
Persson de Morales, madre de Bárbara y Carlos, la pareja de hermanos
asesinados en Jardines del Valle:
”Si él (Macías) fue, él solo se castigó. Si no fue él, eso lo llevará
en su conciencia la Procuraduría de Justicia del Estado. Todo el Poder
Judicial está muy mal…”.
Palabras oficiales
Procuradora: “Hay que ver si ya operó la prescripción”
Gobernador: “Sí se le atendió”
“Es un procedimiento que se inició hace más de once años, y ahí hay
un ejemplo de que el Nuevo Sistema trae otro tipo de procedimientos que
llevan a la transparencia en cuanto al seguimiento y las resoluciones
que se hagan al respecto. A mí no me toca calificar si fue bien llevado
el proceso, hay una sentencia que es absolutoria y que vino en un
término por los recursos, por los ofrecimientos de pruebas que vimos
durante ese procedimiento, que llevaron a un término de once años. A mí
no me tocaría decir si hubo o no errores, creo que en las instancias se
revisaron, con el resultado que tuvieron”.
En el caso de los Morales Persson, “queda de alguna manera inconclusa
la investigación que se realizó. Hay que ver si ya operó la
prescripción, si no operó, y nosotros (poder) darle el seguimiento que
se requiera por parte de Procuraduría”. ¿Tendrían que empezar de nuevo?
Más que nada el continuar con un trabajo que, con este resultado, se
queda pendiente”.-
Perla del Socorro Ibarra, procuradora de Justicia de Baja California
“Es un hecho muy lamentable, son eventos que a uno lo conmocionan,
quiero también resaltar la valentía del agente de la Policía Municipal,
quien sin pensar más allá que hacer su trabajo, se acercó a tratar de
sofocar a esta persona”.
Del apoyo estatal, el gobernador respondió: “Estuvo buscando apoyo
desde la familia, algunas instituciones de los gobiernos, tomó la
decisión de cometer esa acción que a todos nos entristece. Los gobiernos
atienden puntualmente las solicitudes, y hay un procedimiento para la
entrega de los recursos, claro que se le atendió”.
— ¿No se tienen que revisar los procedimientos, parece que hubo indolencia?, se lanza la pregunta, y Kiko
Vega contesta: “Se revisa absolutamente todo, todos los procedimientos
tienen un camino, forma. La solicitud del señor se presentó como muchas
otras, miles que se estaban manejando de esa manera. Lamento muchísimo
el acontecimiento”.-
Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del Estado de Baja California
No hay comentarios:
Publicar un comentario