MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La crisis de seguridad en Michoacán
evidenció las limitaciones del Programa Nacional de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto.
A pesar de que desde hace años Michoacán ha sido uno de los estados
más inseguros del país, en su primer año el gobierno de Peña Nieto sólo
incorporó a Morelia y a Uruapan en su programa nacional de prevención.
Dejó de lado los municipios de Tierra Caliente, donde se ha concentrado
la crisis de inseguridad en el estado.
Para este año anuncia un programa especial de prevención en 29
municipios de la costa, la montaña y la zona de Tierra Caliente,
regiones sometidas por la delincuencia organizada y el surgimiento de
grupos civiles armados.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana de la secretaría de Gobernación, responsable del Programa
Nacional de Prevención, anunció que el plan especial será coordinado por
el comisionado del gobierno federal para Michoacán, Alfredo Castillo
Cervantes.
Campa evitó precisar si los grupos de autodefensa participarán en el
programa de emergencia, que implica la entrega de recursos económicos.
El lunes pasado, la secretaría de Gobernación y los grupos civiles
armados anunciaron que los grupos de autodefensa podrán integrase a las
policías municipales o a las guardias rurales de la secretaría de la
Defensa Nacional.
El caso de Michoacán se mencionó durante la presentación de un
estudio sobre la efectividad de las acciones preventivas del gobierno de
Peña Nieto, realizado por la organización no gubernamental México
Evalúa.
Edna Jaime, directora del centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa, dijo que el gobierno federal no dejó en claro cómo
seleccionó a las 57 demarcaciones para el Programa Nacional de
Prevención ni entregó los recursos de acuerdo con los objetivos de
prevención.
Iniciado en febrero pasado, el programa operó en su primer año dos
mil 500 millones de pesos y para 2014, el Congreso autorizó dos mil 595,
según informó Campa.
En la presentación del documento Prevención del delito en México:
¿Dónde quedó la evidencia?, Edna Jaime aseguró que más del 75 por ciento
de los diagnósticos elaborados por el programa nacional de prevención
es deficiente, por lo que le pidió a Campa ajustar esa política.
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