Guanajuato, Gto.- La
detención de un hombre que embarazó a su hijastra y mantenía en cautiverio a
varias mujeres y niños desató un escándalo que palideció cuando salió a la luz
la desidia e inoperancia de las autoridades judiciales y de procuración de justicia.
El indiciado acumulaba cuatro procesos por lo menos desde 2004 sin que se le
sometiera a juicio. Este caso contradice el discurso gubernamental que presume
de proteger los derechos y la vida de las mujeres.
La madrugada del 25
de agosto fue detenido Félix José Rangel Núñez, acusado de la presunta
violación espuria –que ocurre cuando la víctima no puede oponer resistencia– en
perjuicio de una de sus hijastras, así como de los delitos de corrupción de
menores y violencia intrafamiliar.
El caso de Rangel,
de 40 años, quien trabajó a finales de los 90 como policía municipal, es
emblemático en una entidad cuyas autoridades promueven un discurso a favor de
los derechos y la vida de las mujeres que no sirve para frenar la violencia.
En Guanajuato ha
habido 53 feminicidios en lo que va del año y existe constancia del rechazo del
Gobierno estatal a aceptar una alerta de violencia de género, lo que ya provocó
la convocatoria a una marcha mañana sábado 21 de septiembre en varias ciudades
del estado.
Rangel Núñez contaba
con un permiso del gobierno municipal para operar un tendajón donde vendía
cerveza. El nombre del establecimiento, La Tiendita de las Margaritas, puede
leerse en el muro a medio pintar del inmueble ubicado en el callejón de
Tamazuca número 20 de esta ciudad.
Ahí mantuvo cautivas
a sus víctimas, pese a las peticiones de ayuda que en varias ocasiones algunas
de éstas hicieron llegar a las autoridades, de las quejas de vecinos e incluso
de antecedentes asentados en expedientes judiciales desde hace por lo menos
nueve años.
Este caso es una
muestra de la indolencia mostrada por agentes del Ministerio Público,
trabajadoras sociales y autoridades municipales que no atendieron los avisos de
maestras de preescolar y de primaria que tuvieron contacto con los menores y
lanzaron advertencias de que algo andaba mal con ellos.
Sólo así se explican
tantos años de impunidad.
A principios de este
año, la Dirección de Atención a las Mujeres Guanajuatenses (DAMG) recibió la
solicitud de apoyo de Guadalupe y Rosa María –madre e hija– y documentó que los
últimos 15 años Félix vivió con varias mujeres.
Guadalupe llegó a
esa casa con su hija Rosa María y tiempo después Lidia con Alejandra. Con
algunos años de diferencia, Rosa María y Alejandra fueron abusadas sexualmente
por el padrastro. Con todas ellas tuvo nueve hijos. De éstos, cuatro son
varones y cinco mujeres, todas ellas se llaman Margarita, como la madre de
Félix. Acerca de ésta los vecinos refieren algunas historias que hablan de
abusos, pero que hasta ahora no se han confirmado.
En la denuncia
(carpeta 2146/13) asentaron que le tenían miedo a Félix. Lo describieron como
un hombre violento, dedicado a la venta de drogas y alcohol en su domicilio,
donde tenía encerrada a la menor violada por él y que estaba embarazada.
Además se supo que
había escenas sexuales a la vista de niños y adultos; se escondía en su casa
cuando tenía problemas por sus actividades y a veces los obligaba a esconder en
sus ropas la droga que vendía.
DESIDIA
Guadalupe y Rosa se
presentaron de nuevo ante el MP y señalaron que otras dos menores fueron
abusadas sexualmente por Félix. Ahí se enteraron de que como parte de las
diligencias se acudió al jardín de niños donde estaban inscritos varios de
ellos y las maestras informaron que desde hacía varias semanas no acudían a
clases. “Hagan algo”, pidieron las profesoras.
Las denunciantes
acudieron ante el Juzgado de Oralidad Familiar para solicitar una medida de
aseguramiento que protegiera a los menores que se encontraban en la casa de
Tamazuca. Pero el recurso no procedió: Rosa fue amenazada por Félix y ya no se
presentó a las audiencias.
Al repasar estos
hechos sale a flote la indolencia de las autoridades. En los archivos
ministeriales y judiciales hay registros de por lo menos cuatro procesos
penales contra Félix, todos entre 2004 y 2011. En dos de ellos Rosa María ya lo
había acusado de violencia intrafamiliar.
Los dos procesos
correspondientes a este delito se acumularon en el expediente 11/2011, mismo
que terminó como muchos casos similares seguidos por las autoridades en este
estado: la “conciliación” entre víctima y agresor y un “pago de reparación del
daño”.
Con su 1.49 de
estatura y sus 11 años, Alejandra llegó a parir al Hospital General el 3 de
agosto. Era la segunda vez que ella y su madre acudían en las horas recientes.
Ya les habían dicho que debían practicarle una cesárea, a lo que se negaban;
sin embargo el alumbramiento era inminente y luego de la cirugía nació un niño.
Al personal
hospitalario le llamó la atención ver a un hombre que rondaba por el
estacionamiento, aunque no tanto como el hecho de que estuvieran atendiendo de
parto a una niña de 11 años. El director del nosocomio dio parte al Ministerio
Público, cuyo personal acudió y se llevó a la menor en custodia.
COMPLICIDADES
La orden de
aprehensión que derivó en la captura de Félix –con base en la carpeta 2146– no
fue solicitada por el Ministerio Público sino hasta el 15 de agosto, días
después de que Alejandra dio a luz en el Hospital General. Ese mismo día el
Juzgado de Oralidad la otorgó.
Una semana más pasó
para que el MP requiriera al juzgado una orden de cateo para algunos domicilios
de Félix y familiares, al corroborarse que se encontraba oculto en uno de
éstos.
Desde fines de
febrero Rangel Núñez había tramitado el amparo 102/13 en el Juzgado Primero de
Distrito. Ni falta le hacía, pues en ese momento ningún requerimiento judicial
tenía su nombre.
Luego de ser
aprehendido, Félix fue puesto a disposición del juzgado del sistema penal
acusatorio y oral de la primera región, de la ciudad de Guanajuato, bajo la
causa penal IP 1413-171.
En la primera
audiencia – de vinculación, donde se determina si el detenido es sometido a
proceso de acuerdo con los elementos que el Ministerio Público presenta al
juzgado– se ordenó dejarlo en prisión preventiva acusado del delito de
violación espuria (cometida cuando por sus características o la condición en
que se encuentra, la víctima no está en condiciones de oponer resistencia).
Pero el Ministerio
Público no entregó al Juzgado de Oralidad Penal los elementos suficientes para
que Félix sea procesado por otros dos delitos que se le imputan: corrupción de
menores y violencia intrafamiliar, informó el Poder Judicial del estado.
Las víctimas fueron
ingresadas al albergue bajo responsabilidad de la Procuraduría de Justicia,
confirmó el DIF estatal. Pero aunque se daba por hecho que en este grupo se
incluyó a las dos mujeres adultas –una de las cuales, Rosa, lo había denunciado
previamente– ahora se sabe que cuando los ministeriales entraron a la casa sólo
se llevaron a los menores y las dejaron a ellas. Ninguna ha sido citada para
declarar, no reciben ningún apoyo psicológico y también están embarazadas.
Rosa tiene tres
meses de embarazo, y mucho miedo de no volver a ver a sus hijos. Maltratada
física y emocionalmente desde su niñez –primero por su padre- no conoce otra
vida que ésa. No tiene idea de que Félix (18 años mayor que ella) forma parte
de la cadena de abusos que arrastra a sus 22 años. Todo el tiempo repite una
frase común en estas víctimas de maltrato: “Yo tuve la culpa. Yo lo provoqué”.
En su oficina del
Centro Las Libres, la activista Verónica Cruz Sánchez pone el colofón a esta
historia de horror:
“En Guanajuato seis
de cada 10 niñas vive algún abuso sexual, en su mayoría a manos de su
progenitor, padrastro, abuelo u otros familiares.
(ZOCALO/ Proceso
/ 21/09/2013 - 04:01 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario