MÉXICO
D.F. (apro).- A tres años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en
la que 72 migrantes –centro y sudamericanos en su mayoría–, fueron
asesinados por integrantes del crimen organizado con la aparente
colusión de varios policías locales, el gobierno mexicano sigue sin
cumplir su compromiso de adoptar medidas para garantizar la seguridad
las personas migrantes a su paso por México, lamentó Amnistía
Internacional.
“El gobierno aún no ha anunciado las medidas que
tomará para proteger a las personas migrantes en México. En tanto no se
anuncien e implementen medidas efectivas para protegerlas, las
autoridades mexicanas se vuelven omisas ante la violencia a la que día
con día se enfrentan estas personas”, dijo Daniel Zapico, representante
en México de ese organismo internacional.
Recordó que hace tres
años –el 22 de agosto de 2010– un grupo criminal asesinó a 72 personas
en el municipio de San Fernando. Al año siguiente, en 2011, dijo, en ese
mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas
comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a migrantes aún sin
identificar.
Zapico comentó que a pesar de la detención de varios
presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido
esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. “La
identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue
pendiente. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido
grave”, subrayó.
Luego del hallazgo de los cuerpos de los
migrantes asesinados en 2010, el gobierno federal anunció que se pondría
en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de
personas migrantes.
“Tras la indignación levantada por esta
escalofriante tragedia, las autoridades mexicanas no tardaron en hacer
compromisos públicos. Tres años después vemos con preocupación como
tales compromisos parecen haber desaparecido”, indicó Daniel Zapico.
Los
planes anunciados incluían el compromiso de garantizar la coordinación
efectiva de las autoridades federales, estatales y municipales para
impedir los secuestros, documentar e investigar estos crímenes cuando
tuvieran lugar, castigar a los responsables y garantizar asistencia a
las personas migrantes víctimas de abusos.
Asimismo, la
organización destaca que las medidas a las que las autoridades se
comprometieron, ya constituían una obligación del Estado Mexicano y que
la actual administración debe honrar.
Por tal motivo, Amnistía
Internacional hizo un urgente y enérgico llamado a las autoridades
federales y estatales para que cumplan con las medidas anunciadas para
garantizar la seguridad de las personas migrantes en el país e informen a
la sociedad sobre las acciones que están tomando y sus resultados.
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