México, DF.- A cuatro años del incendio en la guardería ABC
de Hermosillo, y ante un nuevo Gobierno federal, los padres de los 49
niños fallecidos y de los más de 70 lesionados mantienen firme la misma
demanda incumplida: que se haga justicia.Agrupados principalmente en las organizaciones Manos Unidas por Nuestros Niños y Movimiento 5 de Junio, los padres de las víctimas piden que las muertes de 25 niñas y 24 niños no permanezcan impunes.
La organización Manos Unidas empuja una nueva línea de investigación que señala que el incendio fue provocado y demanda al presidente Enrique Peña Nieto cumplir el compromiso que firmó con ellos durante su campaña presidencial. Pide la reparación del daño, castigo a los culpables y mantener la atención a los infantes que sobrevivieron al siniestro.
El Movimiento 5 de Junio, por su parte, se prepara para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde buscará la oportunidad de juzgar a funcionarios públicos de alto nivel, que no le ha dado el Estado mexicano.
A pesar de que 29 personas han sido inculpadas por el caso ABC, actualmente sólo dos empleadas de menor nivel en el IMSS purgan una condena por este siniestro: Delia Irene Botello Amante y Yadira Barreras –ambas trabajadoras del área de guarderías del IMSS en Sonora–, quienes son procesadas dentro del Cereso de Hermosillo por no tener dinero suficiente para pagar la fianza que les permitiría –como a los demás implicados– enfrentar el proceso penal en libertad.
A cuatro de los indiciados nunca se les giró orden de aprehensión y los 23 restantes obtuvieron su libertad bajo fianza.Destaca el caso de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la ex “primera dama” del país Margarita Zavala y sobrina política del ex gobernador Eduardo Bours. La socia fundadora y presidenta del consejo de administración de la guardería ABC se encuentra fuera del proceso penal por sobreseimiento, equivalente a una sentencia absolutoria.
Esto, a pesar de la petición expresa de los padres a la ex procuradora general de la República, Marisela Morales, para que no fuera exonerada gracias a sus vínculos políticos.
‘Nueva’ línea de investigación
El lunes 20 de mayo, en una conferencia de prensa para difundir los detalles del documental “ABC Nunca Más” (Pedro Ultreras, 2013), que retrata los casos de tres familias afectadas por el incendio, integrantes de Manos Unidas por Nuestros Niños informaron sobre la nueva línea de investigación que compartieron con la PGR el 17 de abril.
Las pruebas recabadas por los padres de las víctimas apuntan a que el incendio fue inducido para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos generada en el sexenio de Eduardo Bours en la aplicación del programa Plan Sonora Proyecta.
Es la misma hipótesis que ese grupo de padres estableció en 2010 a partir del peritaje independiente del norteamericano David Smith –promovido en ese entonces por Fernando Gómez Mont, quien fuera secretario de Gobernación. La hipótesis del incendio provocado se dio a conocer, curiosamente, semanas antes de que la Suprema Corte emitiera su fallo en torno a la investigación del ministro Arturo Zaldívar sobre violaciones graves a los derechos humanos, cuyos resolutivos apuntaban hacia la responsabilidad política de altos funcionarios en dichas violaciones.
El pasado 21 de mayo, la PGR anunció la apertura de la averiguación, con la que solicitó información al Gobierno de Sonora sobre el Plan Sonora Proyecta.
Gabriel Alvarado Serrano, representante de Manos Unidas por Nuestros Niños, asegura que en la reunión que tuvo el martes 28 de mayo con el procurador Jesús Murillo Karam, éste dio una instrucción directa para que personal capacitado de la PGR se aboque al esclarecimiento de esa nueva línea de investigación.
Será en cuestión de semanas, pronostica Alvarado, para que se esclarezca esa nueva línea de investigación y se puedan fincar responsabilidades a colaboradores del ex gobernador priista Eduardo Bours.
El litigante, sin embargo, aclara que el proceso penal abierto desde 2009 por delitos culposos por omisión contra los otros funcionarios públicos caminará de forma paralela.
“El hecho de que se demuestre que el incendio se produjo como consecuencia de una acción directa y no como una acción fortuita o accidental en manera alguna exime de responsabilidad a las personas que ya se encuentran sujetas a proceso, porque es distinta la hipótesis que se les sigue a ellos”, explica.
En tanto, Lorenzo Ramos Félix, representante legal de Movimiento 5 de Junio, manifiesta que el grupo de padres que representa no ha definido una postura respecto a esta nueva diligencia de la PGR, pero anticipa que se apersonarán como parte afectada en esa nueva línea de investigación para que la información les sea compartida por parte de las autoridades, ya que sólo conocen lo difundido en los medios de comunicación.
El abogado enfatiza, sin embargo, que con la nueva línea de investigación dada a conocer no deben perderse de vista las causas de la muerte de los 49 niños:
“(La Guardería) estaba pegada a una bodega, tenía sustancias altamente inflamables, tóxicas, corrosivas, no tenía ruta de escape, sistema contra incendios, ni siquiera detección de humo”, señala.
Ramos teme que la posible resolución de la nueva línea de investigación distraiga la atención y diluya las fallas y omisiones de los dueños de la guardería y de los funcionarios que no enfrentan proceso alguno, cuyos casos prevén presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a más tardar en septiembre.
Entre ellos se encuentran tres ex directores del IMSS: Santiago Levy Algazi (como ideólogo del sistema de subrogación), Juan Molinar Horcasitas (responsable del IMSS hasta marzo del 2009 y quien tenía a cargo el diseño del sistema de subrogación de guarderías al arranque de la administración calderonista) y Daniel Karam Toumeh (quien era director en el momento del siniestro. Además, se llevarán a la CIDH los expedientes de la ex directora de guarderías del IMSS, Carla Rochín (ex diputada panista y amiga de Margarita Zavala); el ex gobernador Eduardo Bours y el ex alcalde de Hermosillo y actual senador, Ernesto Gándara.
Vieja demanda
Los padres de los niños han reclamado la ineficiencia e indolencia de la administración calderonista para investigar y resolver el caso, y demandan al nuevo gobierno que lo atienda.
Manos Unidas ha señalado que entre los principales pendientes e inconsistencias que dejó la pasada administración destaca la incapacidad de la PGR para establecer las causas del incendio.
También han reprochado que no se haya investigado a Javier Lozano como posible responsable, en su calidad de secretario del Trabajo, y la alteración de la escena del crimen detectada el 11 de julio de 2011, que modifica el sitio donde estaba el “cooler” al que se le atribuye la falla que dio pie al incendio.
En tanto, el Movimiento 5 de Junio señala fallas de la PGR y de la Procuraduría estatal de Sonora, al no incluir a funcionarios de mayor rango en la investigación. Le reprocha a la SCJN que, en una polémica votación, haya desechado el proyecto del ministro Zaldívar, que señalaba violaciones graves a los derechos humanos derivadas del “desorden generalizado” en la operación del sistema de subrogación de guarderías del IMSS. La falta de castigo penal a los funcionarios y a los dueños de la guardería –quienes tenían evidentes vínculos con la clase política sonorense– también son motivo de agravio para los padres de las víctimas.
Los integrantes de las dos organizaciones, sin embargo, no han logrado que el nuevo titular del Ejecutivo los reciba en sus primeros seis meses de administración, aunque el representante legal de Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, ha entablado varias reuniones con representantes de la PGR.
El grupo dio a conocer en un desplegado el documento Ya es tiempo de que se haga justicia... guardería ABC. En él, los padres de las víctimas pedían justicia a Felipe Calderón, Guillermo Padrés, Marisela Morales, y exigían al ex gobernador Eduardo Bours y los ex secretarios estatales de Hacienda, Gilberto Inda y Ernesto Vargas, asumir su responsabilidad por la tragedia.
Al mismo tiempo solicitaban se incluyera a Juan Molinar Horcasitas, Javier Lozano y Eduardo Bours en la investigación, y llamaban a los cuatro candidatos presidenciales a comprometerse a resolver el caso en los primeros 100 días del nuevo gobierno.
El único en responder a la publicación fue Enrique Peña Nieto. Y el 19 de junio se reunió con el grupo en Ciudad Obregón durante el cierre de su campaña electoral en Sonora.
Acompañado por el hoy diputado Manlio Fabio Beltrones y su actual secretario de Desarrollo Agrario, Jorge Carlos Ramírez Marín, Peña Nieto escuchó las demandas de los padres y firmó un documento redactado en ese momento con el que se comprometía a atender el caso en los primeros días de su gobierno, reparar el daño y mantener vigentes las compensaciones establecidas en un decreto presidencial publicado el 20 de julio de 2010. El entonces candidato aseguró que mejoraría el apoyo decretado por Felipe Calderón.
Al día de hoy, el apoyo es el mismo, y no existen resultados concretos en cuanto a la impartición de justicia ni la reparación del daño.
(ZOCALO/ Reforma/02/06/2013 - 04:00 AM)
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