Redacción
MÉXICO,
D.F. (apro).- El juez Decimocuarto de Distrito en Procesos Penales en
el Reclusorio Sur, Rubén Darío Noguera Gregoire, dictó formal prisión
contra ocho de los 12 exfuncionarios de la paraestatal iii Servicios,
por incidir para que el procedimiento de contratación de la obra de la
Estela de Luz fuera a través de una invitación, en lugar de una
licitación pública.
Los inculpados a quienes se inició el proceso
por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, dentro de la
causa penal 115/2012, son: Domitilo Barragán Álvarez, exgerente
jurídico; Juan Ricardo Díaz Ortega, exsubgerente de Construcción;
Bernardo Garza Garza, exgerente comercial; Fernando Raúl Spadoni
Rodríguez, exsubgerente de Concursos, y Ricardo Morales Jaramillo,
exgerente de Administración y Finanzas.
En la lista también
aparecen Sergio Salas Arellano, excoordinador de Mantenimiento Zona
Centro; José Carlos Olivares Correa, exsubgerente de Contabilidad y
Presupuesto, y Érick Treviño Lartundo, exsubgerente de Evaluación,
Estadística y Mejora.
El abogado de los acusados, Gabriel Regino,
señaló que sus clientes enfrentarán el proceso en libertad, debido a que
el delito no es grave y porque, además, reactivaron la suspensión
definitiva que el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal ya
había dejado sin efecto.
De acuerdo con el subsecretario de
Seguridad Pública capitalino, dicha suspensión volvió a tener vigencia
porque sus clientes se presentaron el pasado jueves 16 a declarar ante
el juez Noguera y pagaron una garantía de 5 mil pesos, requisitos que se
les exigía en el tribunal unitario para gozar de la suspensión.
“La
suspensión volvió a tener efectos, estamos a disposición del tribunal
por lo que toca a la libertad personal y a disposición del juez por lo
que toca al procedimiento, por tanto estamos sujetos a una suspensión
definitiva y no hay la obligación de que el juez fije cauciones para
gozar de la libertad provisional”, dijo Regino.
Añadió:
“Nosotros
no vamos a solicitar las cauciones al juez porque su monto sería
inasequible; la ley genera recursos para que podamos defender la
libertad de nuestros defensos”.
Aunque la formal prisión puede ser
apelada, el abogado de los inculpados adelantó que no recurrirán a ese
recurso, sino al amparo, ya que una apelación eventualmente sería
resuelta por el magistrado Enrique Escobar Ángeles, quien ordenó sus
aprehensiones, aunque un juez antes las había negado.
Y reiteró
que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) –que
objetó que no se haya realizado la licitación bajo el argumento de que
esa decisión originó que el costo de la obra se triplicara– tiene
matices políticos ante el escándalo que generaron las irregularidades en
la obra y el retraso del monumento proyectado para festejar el
Bicentenario de la Independencia, en las cuales sus clientes no
intervinieron.
Además de los ocho exempleados a quienes hoy se les
dictó formal prisión, la PGR también implicó en el caso del llamado
“Monumento a la corrupción” al exgerente administrativo y de
Mantenimiento Inmobiliario, Mario Rodríguez González, y a los
exsubgerentes Jurídicos Aarón Vázquez Figueroa y Rubén Enrique Arenal
Alonso, así como a Ernesto Villaseñor García, extitular del Órgano
Interno de Control de iii Servicios, una subsidiaria de Pemex que
dependía de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
/ 22 de mayo de 2013)
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