Patricia Mayorga
CHIHUAHUA,
Chih. (apro).- A siete meses de que la empresaria Carla Herrera
Guerrero demandó al Club Campestre por discriminación, la Fiscalía
General del Estado (FGE) de Chihuahua sigue sin proceder legalmente
contra 14 directivos de dicho centro recreativo, a pesar de las pruebas
que los incriminan.
Harta de esperar justicia, la empresaria
advirtió que si la dependencia no actúa en los próximos 15 días
interpondrá una denuncia ante organismos internacionales para hacerse
escuchar.
Herrera Guerrero demandó al Club Campestre en octubre
pasado, luego de que los directivos de dicho centro le negaron la
inscripción a su esposa Liliana Victoria Aún Caraveo al considerar que
el matrimonio entre ambas mujeres es “inmoral y un mal ejemplo” para los
socios. En esa ocasión, la única salida que le dieron es que la
inscribiera como su sirvienta para permitirle el acceso.
En marzo
de 2012 la empresaria intentó de nueva cuenta inscribir a su pareja,
pero el Club se negó a hacerlo otra vez. Carla Herrera presentó una
denuncia ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Discriminación (Conapred), y el 30 de julio siguiente la institución
resolvió a favor del matrimonio.
El abogado defensor, David Peña
Rodríguez, dio a conocer que las autoridades estatales integraron la
carpeta de investigación por el delito de discriminación contra 14
personas señaladas como responsables, y hay suficientes elementos, dijo,
para formular la acusación.
Detalló que, como primer paso, un
grupo de diputadas federales presentará un punto de acuerdo ante el
Congreso de la Unión para exhortar al gobierno de Chihuahua a concluir
el caso, y si en 15 días no se realiza la imputación respectiva, las
agraviadas acudirán ante el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
David Peña explicó que con
la recomendación de la Conapred, los acusados reconocieron haber
cometido irregularidades, por lo que admitieron el ingreso de Liliana
Victoria al Club Campestre, pero expulsaron a Carla.
“Resulta
contradictorio cuando no sólo se reconocen irregularidades, sino que se
comete un nuevo acto de discriminación. Queremos pensar que no es de
manera deliberada, pero con esa defensa se actualiza delito de
discriminación”, señaló.
Peña Rodríguez mencionó que los
directivos del Club Campestre no sólo negaron la inscripción a la
empresaria, sino que atacaron su vida personal. Los documentos que lo
comprueban, dijo, se encuentran en la carpeta de investigación.
“Lo
que nos preocupa es que la Fiscalía, a pesar de declaraciones de los
responsables y argumentos de la Conapred, se siga resistiendo. Tenemos
confianza en las autoridades, pero lo que consta en carpetas es
suficiente, hay sustento para hacer una imputación”, reiteró.
El
abogado señaló que si el caso llega a la CEDAW, ésta pedirá información
al gobierno mexicano y éste, a su vez, tendrá que obligar al gobierno
del estado a que explique su actuación.
/ 22 de mayo de 2013)
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