Diputados frenan expansión de juegos de azar
A partir del 31 de
marzo se prohibió la instalación, construcción y expansión de centros de juego.
En el estado actualmente operan 8 casinos: 5 en La Paz, 2 en Cabo San Lucas y 1
en Ciudad Constitución
Como si se tratara
de uno de sus juegos, los casinos perdieron desde el 31 de marzo quizá la
apuesta más importante en sus proyectos de instalación, construcción expansión
en el estado de Baja California Sur.
La puerta que el
gobierno del ex presidente Vicente Fox Quezada abrió a la operación de casinos
en el año 2005, finalmente –y después de un largo debate— hoy fue cerrada por
diputados locales del congreso del estado.
Los legisladores
avalaron y aprobaron el 22 de marzo la propuesta del diputado del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Axxel Sotelo de Los Monteros, respecto de
reformar los artículos 14 y 148 de la Constitución Política del Estado para
frenar el crecimiento vertiginoso e indiscriminado de casas de apuestas, las
cuales –según estudios realizados— “afectaron la salud de jugadores
compulsivos, dañaron la economía de las familias y subieron los índices de
inseguridad en las zonas donde actualmente operan”.
El dictamen emitido
por las comisiones de Enlace Legislativo y Puntos Constitucionales de la XIII
Legislatura, prácticamente retiró la facultad al gobierno del estado y
ayuntamientos de “expedir permisos de uso de suelo y licencias de construcción
a favor de las compañías que pretendan operar casas de apuestas, juegos o
sorteos en el estado, porque simplemente, quedó prohibido”.
La reforma cobró
validez a partir del 31 de marzo, cuando fue publicado el Decreto en el Diario
Oficial del Gobierno del estado, y la cual quedó de la siguiente manera.
El Artículo 14
establece textualmente que “en materia de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano, contemplando el interés de la sociedad en su conjunto, el estado
preverá el mejor uso de suelo y las aguas, cuidando su conservación y
estableciendo adecuadas previsiones, usos, reservas territoriales, orientando
el destino de tierras y aguas de jurisdicción estatal a fin de garantizar a la
población un mejor desarrollo urbano, imponiendo a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, determinándose que no estarán
permitidos en el estado el uso de suelo y edificaciones para establecer ni
funcionar ninguna casa o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos
con apuestas ni sorteos de ninguna clase o similar”.
El artículo 148 dice
que “es facultad de los gobiernos municipales formular, aprobar y administrar
la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como Asentamientos
Humanos, debiendo establecer la prohibición de uso de suelo y uso de
edificación para que no se puedan establecer ni funcionar ninguna casa o lugar
abierto o cerrado en que se practiquen juegos con apuestas, sorteos de ninguna
clase o similares y otorgar licencias y permisos para construcciones. No
estarán permitidos en el estado los permisos o licencias de construcción para
este giro de negocios”.
Así, y de esta
manera, “la instalación de nuevos casinos quedó prohibida en el estado, y a su
vez, ninguno de los que actualmente operan, podrán expandirse o crecer,
derivado del candado del permiso de construcción”, según expuso el creador de
esta reforma, Axxel Sotelo de Los Monteros.
En el estado de Baja
California Sur actualmente operan 8 casinos, distribuidos de la siguiente
manera: 5 en La Paz, 2 en Cabo San Lucas y 1 en Ciudad Constitución.
La apertura de casas
de apuestas ha sido vertiginosa en los últimos dos años y donde mucho tienen
que ver los alcaldes de La Paz y Los Cabos, Esthela Ponce Beltrán y José
Antonio Agúndez Montaño, respectivamente, en la expedición del permiso del
llamado uso de sueldo a favor de algunas casas de apuestas que incluso
contravienen al artículo 99 de la Ley de Desarrollo Urbano, porque a pesar de
estar prohibido, “algunos increíblemente están dentro de plazas comerciales”,
tal como lo expuso el diputado independiente, Carlos Castro Ceseña.
El legislador dijo
que “está comprobado que en las zonas donde están operando actualmente los
casinos el índice delictivo se incrementó un 8 por ciento en relación a otros
puntos de la ciudad”.
Los casinos
prácticamente están por todos lados: zonas residenciales, cerca de centros
escolares, a un costado de oficinas y comerciales y dentro de plazas
comerciales, donde se juegan apuestas a cualquier hora del día.
De ahí que el propio
gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor se haya dicho “encantado” y
“totalmente de acuerdo” por la decisión del congreso local de prohibir la
entrada de nuevos centros de apuestas en el estado.
“La verdad este tema
de los casinos tal vez en estados que tienen mucha vinculación con la frontera,
la ciudadanía puede tener un poco más de cultura al respecto, ¿no?, porque ya
saben que ir a un casino es ir a gastarse 200 ó 300 pesos”, señaló.
El gobernante
comentó que desgraciadamente en el caso de Baja California Sur algunas gentes
“invierten para ganar” y “llegan pensando que van a ganar” y no con el
pensamiento de que “solo van a divertirse” y desgraciadamente –dijo– “se
generan quebrantos en la economía familiar”.
Durante una
entrevista con ZETA, consideró en el estado “no se necesitan casinos”, porque
tenemos playas preciosas y lugares muy atractivos y de distracción y
esparcimiento “y no creo que el turismo que llega, venga meterse a un casino”.
— ¿No cree que llegó demasiado tarde impedir su
entrada? O incluso, ¿se está buscando proteger a los que ya están trabajando?
“Desgraciadamente no
estuvo en mí impedirlo, porque son negocios que ya estaban funcionando, pero
nunca es tarde para hacer algo y lo estamos viendo en otros estados donde se
sigue incrementando el número y la verdad no veo que dejen nada bueno”.
Al cierre de esta
edición, los diputados trabajaban –conforme a sus facultades— en la elaboración
de un Punto de Acuerdo Económico para solicitar a la Secretaría de Gobernación
revisar el estatus que guardan los ocho casinos que actualmente trabajan en el
estado.
EL DEBATE
El tema que abrió el
debate sobre la operación de casas de apuestas en el estado fue la tramposa
decisión llena de mañas y sospechas de los regidores del Ayuntamiento de Los
Cabos encabezados por el alcalde José Antonio Agúndez Montaño, y quienes
contraviniendo al artículo 99 de la Ley de Desarrollo Urbano y el Plan de
Desarrollo Urbano, aprobaron la autorización del cambio de uso de suelo a favor
del Casino “Sunrise”, el cual tenía entre sus planes abrir una casa de juego en
San José del Cabo y otra en Cabo San Lucas en las plazas comerciales de “Ley” y
“Sendero”.
Desde noviembre del
2012, y a la vuelta de 5 meses, el proyecto de la casa de apuestas sigue
detenido y el cual aparece bajo las razones sociales “Entretenimientos y
Servicios del Valle, S.A de C.V” y “Gold Play Azteca, S.A de C.V”, cuyo
representante legal es Rafael Martínez Torres.
La polémica votación
de los regidores fue manipulada para que en la sesión extraordinaria de cabildo
aceptaran el cambio de uso de suelo a favor del casino, a pesar de que el
dictamen de la Comisión Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del cabildo,
concluía “no permitir el cambio de uso de suelo” para la instalación del centro
de apuestas remotas, salas de sorteos de números y juegos electrónicos.
Lo único que provocó
la sospechosa decisión fue “la intervención del congreso para modificar la
constitución política y evitar que en Baja California Sur, se siguieran
instalando casinos”, declaró la diputada del Partido Nueva Alianza, Guadalupe
Olay Davis, y quien aprovecho el debate para exponer –en su momento— el intento
de instalación de otro casino en la población de Loreto, y donde todo quedó en
“intento” porque la población de poco más de 10 mil habitantes, levantó firmas
y generó tal movimiento que al final –y al cierre de esta edición— “había
terminado el dilema”.
Los legisladores que
avalaron desde un principio la propuesta de prohibir la entrada de nuevos casinos
fueron Sandra Luz Elizarrarás Cardozo, Guadalupe Olay Davis, Edith Aguilar
Villavicencio, Jesús Salvador Verdugo Ojeda y Carlos Castro Ceseña.
Para el diputado del
PRI, Axxel Sotelo de Los Monteros, la prohibición de casinos en el estado no
contraviene la disposición federal contenida en la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, porque “la reforma se dio en materia de uso de suelo y el otorgamiento
de permisos y licencias para construir casas de apuestas, así como la
elaboración de planes de desarrollo urbano, competencia exclusiva y directa de
los municipios y del estado”.
El legislador
comento que la iniciativa de Ley es producto de un clamor social porque “los
casinos no promueven ninguna actividad de tipo social o de beneficio económico
directo a los ciudadanos”.
“La naturaleza de
las casas de apuestas es hasta cierto punto estéril para los ciudadanos en
general, dado que es una actividad diseñada para extraer recursos de la
economía familiar a través de apuestas y no para producir bienes y servicios,
ya que solamente generan empleos en el corto plazo y de bajos ingresos, tales
como los de meseros, cajeros, cocineros y personal de servicio”, señaló.
El diputado del PRI
expuso que uno de los problemas de mayor incidencia –y el cual se ha
experimentado en casi todas las entidades federativas— es el incremento de los
llamados “jugadores problemas”, es decir, las personas que sufren de ludopatía
que no es otra cosa que un impulso irreprimible de jugar a juegos de casino, a
pesar de ser conscientes de sus consecuencias y deseos de detenerse, y quienes
terminan por perder toda la dimensión de la realidad y se involucran en
problemas económicos a causa del juego, “como es la adquisición de deudas
innecesarias, arriesgando el patrimonio familiar”.
Desde el punto de
vista del creador de la iniciativa de Ley, es evidente que “detrás de las casas
de juego o casinos, subyacen las irregularidades y corrupción”, pues considero
que son las secretarías de Gobernación y Hacienda, quienes deben sobrellevar el
control de operación de estos negocios, lo que muchas veces ocasiona que las
autoridades estatales y municipales, se mantengan al margen de su manejo,
aunado a las limitadas facultades que tienen que ver con la regulación”.
En un evidente afán
de limitar la operación de casinos, el congreso local recientemente aprobó
modificaciones a las leyes de Hacienda y Protección Civil, y donde se determinó
gravar un impuesto del 6 por ciento de los ingresos que obtengan las casas de
juego, y a su vez, obligar a las compañías a contar con sus propias unidades
internas de protección civil para garantizar la seguridad de quienes visitan
ese tipo de centros. La iniciativa fue presentada por el gobernador Marcos
Covarrubias Villaseñor, y la cual fue dictaminada en la Comisión de Asuntos
Fiscales y Administrativos.
LA AMBIGÜEDAD
Las reglas de operación
de casas de juego han sido sumamente ambiguas en México. Desde 1938 –en los
tiempos del ex presidente Lázaro Cárdenas— se había prohibido el
funcionamiento, bajo el argumento de que “se trataba de focos de atracción del
vicio, mafias, prostitución y participación de jugadores profesionales”.
En el gobierno del
ex presidente Miguel Alemán, es decir, nueve años después fue expedida la Ley
Federal de Juegos y Sorteos y donde quedó establecida explícitamente la
prohibición de juegos de azar y con apuestas.
Pero en septiembre
del 2004, el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox y
asesorado por su Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, aprobó y
publicó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y donde
prácticamente se abrió la llave en la instalación de casinos en todo México.
Datos recabados por
ZETA expusieron que desde el arranque y hasta hoy se han expedido 486 permisos
a 25 empresas a nivel nacional, y donde se pueden jugar 2 mil 500 juegos en sus
diferentes modalidades. Desde el bingo, las líneas y la ruleta, por citar los
más populares en la mayoría de los establecimientos, y donde no podían faltar
las apuestas remotas en carreras de caballo, perros y eventos deportivos.
En todo el sexenio
del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa –según datos recabados— únicamente
se otorgó un permiso en virtud del cumplimiento de una sentencia de un juicio
de amparo de una casa de apuestas, y sobre todo porque era una promesa de
campaña de que “no otorgaría un solo permiso más”.
No obstante, la
baraja o los llamados naipes, es hasta hoy el único juego que no está permitido
legalmente en ninguno de este tipo de negocios, según el propio Reglamento de
la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Según un
especialista en la materia consultado por este Semanario “cada permiso ampara a
un determinado número de establecimientos, y quienes para poder hacer uso de
ese derecho, solo tienen que reunir entre otros requisitos, el permiso de uso
de suelo que es validado y otorgado por los ayuntamientos”.
Anulada
Constitucionalmente la posibilidad de que los ayuntamientos o el gobierno del
estado puedan expedir permisos de cambio de uso de suelo y licencias de
construcción de casas de apuestas, ahora el debate parece que se habrá de
centrar en las próximas semanas en el futuro que depara a los ocho casinos que
operan actualmente en el estado.
(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ Abril 8,
2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario