398 personas privadas de la libertad y 496 asesinatos en Baja California
Privaciones de la libertad entre miembros del crimen organizado en Tijuana por células del grupo Arellano Félix, y asesinatos perpetrados por los de Sinaloa, convierten en latente el estallido de otra pugna interna entre cárteles. Sin embargo, las procuradurías locales hacen caso omiso de los delitos cometidos en los últimos tres meses en la ciudad
En la zona costa de Baja California, la actividad
criminal persiste y se reparte fundamentalmente entre dos grupos. Por un
lado está Alfonso Arzate García “El Aquiles”, quien ordena y autoriza
el asesinato de sus competidores; y por el otro, Fernando Sánchez
Arellano “El Ingeniero”, responsable de instruir y aprobar los
secuestros de sus viejos operadores.
Además, como si se tratara de actividades legales, ambos
individuos ordenan de manera impune a sus grupos, a extorsionar
comerciantes para obtener cuotas de 4 mil a 10 mil dólares mensuales,
para así evitar el secuestro de sus familiares.
Si quieren asesinar por temas de territorio criminal o
venta de droga, debe salir de “El Aquiles”, respaldado por Ismael “El
Mayo” Zambada. Es la consigna, según versión de los traficantes
integrados al Cártel de Sinaloa.
Por otro lado, los criminales que quieren recibir droga
para venderla al narcomenudeo o trasegarla, no pueden cometer una
ejecución que no esté autorizada “… por el de la A”. En resumidas
cuentas, esto significa que Arzate sería el autor intelectual o
corresponsable de por lo menos 259 de los 324 asesinatos ocurridos en
Tijuana entre el 1 de enero y el 26 de noviembre de 2012; el 80 por
ciento de los cuales, según cifras de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, tiene relación con el narcomenudeo.
En esos oscuros números se incluyen casos recientes y
particularmente brutales, como la tortura y asesinato del estudiante
universitario Aldo Alberto Galeana Tostado, quien sin estar inmerso en
el mundo del crimen organizado, fue ejecutado porque su hermano Antonio
tenía cuentas pendientes con un narco-distribuidor.
Conforme a datos oficiales de la PGJE, por los 324
homicidios dolosos cometidos en Tijuana se abrieron 288 expedientes, de
los cuales 111 ya fueron determinados, lo que equivale al 35.54 por
ciento. Según la lógica de la Procuraduría, en relación a que el 80 por
ciento corresponde al “Aquiles”, el delincuente está implicado en por lo
menos 88 casos.
Sin embargo, la fiscalía no investiga más allá de los
autores materiales, por lo tanto a la fecha, en ninguno de los 88 casos
se han fincado cargos contra el líder del cártel, Alfonso Arzate, ni
contra su hermano René, apodado “La Rana”, identificado como cabeza de
los grupos operativos.
En cuanto al grupo de Fernando Sánchez Arellano y el
incremento de las “privaciones” de agosto a la fecha, los reportes
-también sin oficializar por medio de la apertura de expedientes,
investigaciones y acusaciones- indican que este delito en particular
está siendo cometido por dos bandas bajo las órdenes de Melvin Gutiérrez
Quiroz, y un ex ministerial identificado como “Nides” que se integró al
CAF con la célula de Saúl Montes de Oca, “El Ciego”, detenido en marzo
de 2008.
Más que una estrategia para infundir terror o un ajuste
de cuentas, la aprobación de estos secuestros-levantones está
considerada dentro de su distorsionada lógica criminal como una medida
administrativa “para reforzar económicamente” al grupo que vio reducida
su capacidad económica con la aparente traición de las células de
Enrique Jorquera Guerrero “El Jorquera” y Manuel Núñez López “Don
Balas”, quienes presuntamente se integraron a la operatividad del
Cártel de Sinaloa.
Respecto a la parte “administrativa” del delito, fuentes confirmaron a ZETA
que la están desarrollando “El Focu” Meza García, hermano de César
Alfredo Meza García “El Tachuela” -capturado en Tijuana para ser
extraditado a Estados Unidos el 26 de septiembre de 2012- y un sujeto de
apellido Mellado, apodado “El Mesien”.
Las sospechas ministeriales alrededor de estos últimos
dos personajes, es que serían “parientes políticos” de Sánchez Arellano.
Pero aún no han podido aclarar si el parentesco viene a través de la
esposa del cabecilla del CAF en Tijuana, o de alguna de sus parejas
sentimentales.
Asimismo, los grupos de inteligencia han recibido
reportes de los hechos e información sobre los integrantes de los
cárteles de la droga antes mencionados; pese a ello no los incluyen en
los expedientes oficiales, sino que apenas son datos registrados como
extraoficiales porque, aunque las autoridades reconocen la presencia y
actividad delictiva, ninguna de las procuradurías ha concretado
investigaciones en su contra. Al momento tampoco existen solicitudes de
orden de aprehensión.
Aumentan privaciones: más casos sin investigar
Conforme a las estadísticas de la PGJE, en lo que va
del año y en todo Baja California solo se han cometido siete
secuestros: cinco en Tijuana, uno en Rosarito y otro en Mexicali. Estos
casos exclusivamente se refieren a desapariciones denunciadas por
familiares, quienes también afirmaron ante la autoridad haber recibido
una petición de dinero.
Pese a ello, conforme a los números oficiales publicados
en el portal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entre
enero y octubre de 2012 se perpetraron 20 secuestros: 16 en Tijuana, dos
en Tecate, uno en Mexicali y otro más en Rosarito.
Además, existe otra lista de desapariciones forzadas que
la PGJE no contabiliza como secuestros. Tales casos no son atendidos
por la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, son
clasificados como “privaciones” y las denuncias al respecto son
referidas a las Unidades de Homicidios Culposos en cada municipio, bajo
el mando de los subprocuradores de zona.
Del 1 de enero hasta el 31 de octubre se habían
registrado en el estado 398 privaciones: 152 en Tijuana, 136 en
Mexicali, 73 en Ensenada, 23 en Tecate y 14 en Rosarito.
En las privaciones se incluyen casos como la
desaparición forzada -existe un video que prueba los hechos- del dueño
de una tortillería y otros dos negocios en la delegación Playas de
Tijuana, perpetrada el 5 de octubre de 2012 por un grupo armado con
rifles de plástico y disfrazados de militares.
También está la desaparición de un hombre de apellido
Valenzuela a quien “levantaron” a mediados de noviembre en las
inmediaciones del Centro Cultural Tijuana, en la Zona del Río, por quien
pidieron un millón de dólares; y la privación de otro sujeto de
apellido Valencia, desaparecido en circunstancias muy similares.
Esta semana se suma a la lista otro incidente protagonizado por un hombre que circulaba a bordo de un vehículo Mercedes Benz,
alrededor de las 21:30 horas del lunes 26 de noviembre de 2012, en la
glorieta del fraccionamiento Soler en Tijuana. El individuo fue abordado
y levantado, con todo y auto, por un comando que portaba armas largas.
Aun cuando el caso fue reportado al C4, las autoridades acudieron al
lugar de los hechos, pero no localizaron el auto de la víctima. Al
cierre de edición no existía denuncia alguna.
Lamentablemente este tipo de proceder de los
delincuentes y la inacción de las autoridades parece ser la constante.
Para muestra está la respuesta que a ZETA ofreció Abel Galván, Subprocurador contra la Delincuencia Organizada.
— Tuvimos reportes que en el transcurso de la
semana pasada, familiares acudieron a la PGJE a denunciar. ¿Es cierto
que entre el 17 y el 22 de noviembre de 2012 se reclasificaron entre
seis y siete privaciones que se convirtieron en secuestro?
“No tengo registrada esa información, dichas actas no
han sido remitidas a esta Subprocuraduría contra Delincuencia
Organizada, necesitaríamos revisar cuáles son esos expedientes que se
aperturaron en las zonas y si encuadran en secuestro.
“Comúnmente llegan a las unidades de atención temprana y
dicen, ‘vengo a denunciar un secuestro, porque estuve tres días
secuestrada’, el novio o porque debían dinero, entonces no es en sí un
secuestro, así que se registra como privación. Y si durante la
investigación se determina que efectivamente se pagó un rescate para la
liberación de la víctima o está en proceso, entonces hablamos de
secuestro”.
— Entonces, ¿cómo clasificaron y están tratando
casos como el del comerciante de Playas del 5 de octubre?, porque ahí
incluso declararon los testigos…
“Como Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada
arribamos al lugar, damos soporte y apoyamos, hicimos entrevistas, no
hay llamada todavía de rescate. Y el tratamiento es que las propias
zonas integran el expediente por privación de la libertad y ellos las
investigan”.
ZETA cuestionó al subprocurador
respecto al manejo que le están dando al secuestro que presuntamente
está realizando el CAF en la entidad, donde quienes están en la mira,
ahora son miembros del crimen organizado que se cambiaron de cártel,
muchos de los cuales, se presume, lavan dinero a través de pequeños
comercios; por lo que ahora deben “pagar piso”. Pero resulta que el tema
no parece interesarle a las autoridades locales, que no investigan ni
remiten los casos a la PGR.
Como ejemplo está el secuestro de Wilfredo Núñez,
cometido el 1 de noviembre en el Depósito Santa Inés en la colonia Buena
Vista y denunciado el 3 de noviembre.
“Nosotros procesamos el evento, él pactó con sus
captores una cantidad desconocida, porque él quiso hacerlo así, al
cruzar información detectamos que tiene antecedentes penales en Estados
Unidos por delitos contra la salud, y desde las primeras llamadas se
manejó que la privación era por el cobro de cierta cantidad de droga y
el no pago de piso.
“Después que fue liberado ya no quiso declarar,
argumentando que ya había arreglado con sus captores y todos estaban
contentos, ya no quiso cooperar con la autoridad”, refiere Galván.
— Pero, ¿a la Procuraduría contra la Delincuencia Organizada ya no le interesó el tema de un presunto traficante con antecedentes?
“El trasiego de droga es delito federal, salvo que sean
temas de delitos contra la salud en materia de narcomenudeo, en base a
la tabla que hemos manejado, en ese caso sí pertenece a la Unidad contra
Narcomenudeo”.
— Entonces, ¿Núñez no es sujeto de interés para ustedes?
“La investigación en contra de Núñez por delitos contra
la salud, no. Si Núñez tiene que ver con algún homicidio o algún delito
del Fuero Común entonces sí es de interés para la Procuraduría. Incluso
en el tema de secuestro la investigación continúa abierta y el material
recabado, es materia prima que se cruza con otras indagatorias”.
Así de fácil e ilógico es el deslinde.
A la vez, el subprocurador Galván mencionó que podrán
estarse dando las privaciones entre miembros del CAF, pero mientras no
se denuncie la petición de dinero, no es de su competencia investigar
los casos. Del mismo modo, consideró que las estadísticas no reflejan un
incremento de esta actividad ilícita en el último trimestre.
“Un incremento en el ajuste de la plaza, lo veríamos
reflejado en los homicidios, y en Tijuana en el mes de septiembre el año
pasado se tuvieron 36 homicidios y este año 33; en octubre fueron 38
homicidios en 2011, y 23 en 2012, entonces va a la baja”, dijo.
Secuestros oficiales
Para la PGJE, las únicas víctimas de secuestro han
sido en Mexicali. En la capital del estado, la incidencia delictiva
queda ejemplificada con el rapto de Juan Manuel Rentería, por quien
solicitaron 100 mil dólares por su vida; posteriormente fue asesinado y
enterrado en la carretera al aeropuerto, por un grupo dedicado al
trasiego de droga que incluía a su hija biológica. El meollo del asunto
fue el supuesto robo de un cargamento del enervante conocido como cristal.
Y los incidentes se multiplican. Éstos son apenas algunos:
- En Rosarito, el niño de 9 años Josué Martínez fue
secuestrado por su mamá y el padrastro, con la finalidad de pedirle 50
mil dólares al padre biológico del menor. Los ejecutores fueron
detenidos y consignados.
- En Tijuana, la lista incluye a Modesto Torres, de 68
años; Osmar Jiménez, de 18; Ulises Rodríguez, de 30; José Gutiérrez, de
41; y Wilfredo Núñez, de 33, todos libres. Los dos últimos plagios se
dieron sin intervención alguna del Grupo Antisecuestros. Los criminales
pidieron por sus víctimas entre 30 mil y un millón de dólares.
Aparentemente solo en el caso del trabajador de la
Aduana, Ulises Rodríguez, el pago a los plagiarios se concretó con un
primer importe de 25 mil dólares, pero cuando los captores pidieron más
dinero e intentaron continuar en la modalidad de extorsión, los
afectados solicitaron la intervención de las autoridades preventivas.
El
resultado fue la detención de cinco criminales, incluido David Servín,
hijo de uno de los músicos de la agrupación musical Los Tucanes de
Tijuana.
En total 21 secuestradores han sido detenidos y
consignados en lo que va del año, “… salvo el caso de Mexicali, no
tenemos registrado que los detenidos en los otros secuestros hayan
estado involucrados con los cárteles, son bandas independientes. Incluso
entre las víctimas, la única que me resultó con antecedentes fue el
dueño de la licorería en Tijuana (Wilfredo Núñez), me imagino yo que su
captores sí pertenecen a alguna célula, pero no aceptó cooperar con la
autoridad”, concluyó el subprocurador Abel Galván.
Distintos tipos de extorsiones
Por ahora información recabada por ZETA
confirma que las extorsiones y el cobro a cambio de seguridad ha vuelto
a ser una práctica propia de los grupos delictivos en la entidad. Ahora
el blanco son empresarios del ramo de la construcción, ferreteros,
propietarios de negocios de entretenimiento, bares y restaurantes.
Incluso el sector intelectual ha resultado afectado. La extorsión se
hace extensiva a lo largo y ancho de la costa, desde Tijuana hasta
Ensenada.
Los hechos se llevan a cabo con total impunidad porque
las víctimas no denuncian ni acuden a la autoridad, por la desconfianza
que persiste hacia la Policía Federal y el Grupo Antisecuestros, por
colusiones que de manera sistemática, han estado cometiendo
narcotraficantes y el crimen organizado en general.
Así, empresarios y hombres de negocios han optado por
callar e incluir el costo de las extorsiones y cobro de piso a sus
presupuestos, en un intento desesperado por vivir con cierta
tranquilidad, a la espera de que las demandas de los delincuentes
lleguen a un punto en que financieramente les sea imposible cumplir.
Al mismo tiempo, está la práctica que siguen cometiendo
bandas delictivas, en las que el blanco es cualquier persona cuya
información exista en un directorio telefónico o en alguna base de
datos.
La estadística de la PGJE, responsable de recibir las
denuncias, indica que en 2011 se presentaron 356 reportes por
extorsiones telefónicas, identificadas también como secuestros
virtuales; y en lo que va de 2012 se han presentado 312 denuncias: 72 en
Mexicali, 36 en Ensenada, 3 en Rosarito, 9 en Tecate y 202 en Tijuana.
A pesar de estas cifras, no ha habido un solo detenido
por extorsión en el estado. En los expedientes apenas se registra un
resultado exitoso cuando el “secuestrado virtual” es hallado por las
autoridades en buen estado.
Y aunque las amenazas telefónicas incluyan versiones
respecto a que los criminales pertenecen a algún cártel, para la
Procuraduría, esta modalidad de extorsión no es un tema de delincuencia
organizada. En pocas palabras, las denuncias correspondientes las
integran las subprocuradurías de zona en cada municipio, en las unidades
de delitos patrimoniales, porque, según aseguró el subprocurador Abel
Galván a ZETA, no tienen registrado ningún caso en que
los delincuentes hayan continuado “cobrando piso” a cambio de protección
o de no quemar o destruir casas, ni agredir negocios o a las familias
de las víctimas.
De esta manera el delito prevalece, acaso los métodos cambian. En 2005 y 2006, el modus operandi de
los delincuentes consistía en hacerse pasar por miembros de alguna
corporación policiaca. Ahora se identifican plenamente como miembros de
los cárteles y le hacen creer a la persona solvente de la familia que
tienen a alguna mujer, anciano o menor secuestrado.
En cuanto a este tipo de delitos, los expedientes
integrados por las autoridades demuestran que las llamadas de estas
extorsiones que sí se registran, siguen saliendo de centros de
readaptación social como Puente Grande y Santa Martha Acatitla, y que
los importes exigidos por los maleantes son depositados en Coppel y Banco Azteca, entre otros giros comerciales.
En éste como en otros delitos, los criminales no le
están apostando a la investigación por parte de las autoridades ni a su
consecuente captura. Mientras tanto, la Procuraduría se conforma con
recomendar a la ciudadanía no caer en las garras de timadores, cortar
las comunicaciones lo antes posible y denunciar, en el caso de Baja
California, al 089 o al 01-800-440-3690.
