El principal operador de casinos en Baja California se previene ante el
estéril esfuerzo del gobierno de la entidad por frenar con reformas legales la
proliferación de casas de apuesta en la entidad. Pese a estar cerca de escuelas
y áreas deportivas, nuevos centros ya tienen licencia de uso de suelo.
Isabel Mercado
El esfuerzo del gobierno de Baja California por poner un alto a la
proliferación de casinos en Baja California, prohibiendo los usos de suelo y de
construcción para establecimientos con práctica de apuestas y de azar, es la
premisa de la reforma del Artículo 4 de la Ley de Desarrollo Urbano del estado,
presentada al Congreso local por el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, pero
los gobiernos locales continúan concediendo la apertura de centros de apuesta a
escasa distancia de escuelas y centros deportivos.
Tan sólo en Rosarito, hace poco más de una semana inició la
operación de un casino, de cuatro que ya cuentan con la anuencia municipal para
abrir sus puertas; en tanto, en Tijuana dos centros de apuesta clausurados por
el gobierno de Carlos Bustamante han vencido la débil voluntad de la autoridad
local para detenerlos, y ya tienen las licencias de uso de suelo
correspondientes, por lo que de un momento a otro estarán funcionando.
De acuerdo a la iniciativa de Osuna Millán, se establece como
punto único la adecuación del Artículo 4 de la Ley de Desarrollo Urbano del
estado, que a la letra indica:
“Quedan prohibidos los usos de suelo y de
construcción para casinos, casas, centros o cualquier establecimiento que opere
juego con apuestas, apuestas remotas, salas de sorteo de números, mesas de
juego, máquinas electrónicas de juego, videojuegos electrónicos susceptibles de
apuestas, máquinas de videojuego electrónicos o electromecánicas de habilidad y
destreza, juegos de azar y demás similares”.
Y añade:
“Los planes y programas de Desarrollo Urbano a que se
refiere el Artículo 24 de esta Ley, deberán establecer la prohibición de uso de
suelo y de construcción para dichos establecimientos”.
Con ello, el gobierno del estado busca evitar la multiplicación de
los giros negros en su modalidad de casas de apuesta y de cualquier tipo de
azar, situación que, según expone, afecta en forma negativa la imagen de Baja
California y va en detrimento de su desarrollo, amén del fomento de la
ludopatía, cuyo índice va en franco crecimiento.
Con amparo, Hank evade impuestos
El intento legal del gobierno estatal se queda corto ante la
voracidad demostrada por los propietarios de casinos, quienes de antemano,
tienen el solapamiento del gobierno federal.
Muestra de ello fueron las acciones
de Jorge Hank Rhon, de Grupo Caliente, única empresa de
apuestas que opera en Tijuana, quien se amparó en contra de la Ley de Ingresos
para el ejercicio fiscal 2012 de este municipio.
El 6 de diciembre de 2011, los congresistas locales aprobaron por
unanimidad la Ley de Ingresos y la Tabla de Valores Catastrales, base de
Impuesto Predial que el Ayuntamiento de Tijuana ejerce a partir de este
año.
La disposición vigente faculta a que, en materia de casinos, el
Municipio no sólo regule el sitio donde se instalan, sino también a incrementar
e incorporar tarifas relativas al derecho de establecimiento, un cobro por
cambio de domicilio, así como por la instalación de cada máquina o su
revalidación trimestral o anual.
Las máquinas de azar o con combinación de azar y destreza, con
premio en efectivo o en especie, que cuentan con la autorización de la
Secretaría de Gobernación, están obligadas a pagar derechos de instalación o
explotación conforme a las siguientes cantidades del salario mínimo diario
general vigente:
- 100 mil veces por apertura de establecimiento.
- 60 veces por expedición por primera vez de calcomanía por
máquina, o incremento por aparato.
- 2 mil veces por cambio de domicilio o cambio de propietario.
- 150 veces por revalidación trimestral por máquina.
- 50 mil veces por revalidación anual de licencia de operación por
establecimiento.
- 10 mil veces por permiso de operación por horario ampliado
anual.
- 2 veces por aportación para programas preventivos para la
ludopatía.
Para la autorización de apertura, cambio de domicilio o de
propietario, modificación o incremento de aparatos y revalidación de máquinas
electrónicas, electromagnéticas, mecánicas, musicales, digitales, videojuego y
cualquier tecnología similar que opere mediante la inserción de billete, moneda,
ficha, tarjeta, banda magnética, o cualquier otro medio de cobro, incluyendo las
máquinas expendedoras de dulces, alimentos, juguetes y mercancía en general, se
deberán cubrir los siguientes derechos:
- 50 veces el salario mínimo diario general vigente por recepción
y dictamen de las solicitudes.
- 10 veces el salario mínimo diario general vigente por expedición
de permiso para apertura, cambio de domicilio y cambio de propietario; monto
similar se deberá cubrir por aparato adicional no incluido en el permiso
original.
- 25 veces el salario mínimo diario general vigente por la
verificación anual de aparatos: expendedores de refrescos, dulces, botanas,
golosinas y alimentos que se consideren de poco valor nutritivo en términos de
la regulación federal aplicable.
Así, por primera vez, a las arcas del Municipio podrían ingresar
recursos provenientes de los 15 casinos que operan en Tijuana, propiedad del ex
convicto Jorge Hank Rhon, la mayoría registrados como restaurantes.
De acuerdo a Rufo Ibarra Batista, secretario de Administración y
Finanzas del XX Ayuntamiento, se esperaba percibir tales ingresos a partir de
junio, mes en que los permisos de operación de esos establecimientos tienen que
ser revalidados, y dijo desconocer los montos que representa la aprobación de
esta iniciativa para la Hacienda municipal.
Pero ante la avaricia del dueño de Grupo Caliente, el
Municipio se dice imposibilitado de aplicar la Ley de Ingresos, ya que éste
logró obtener un amparo federal que lo exime de cualquier tributación municipal;
mismo recurso que el gobierno local presagia que utilizará para evadir la
reforma promovida por Osuna Millán.
Sólo simulación
Unificar en la práctica los criterios de los cinco municipios de
la entidad en cuanto a la asignación de permisos de uso de suelo para el
establecimiento y operación de centros de juegos de apuesta, será la parte más
complicada para el estado, ante el desinterés mostrado por los gobiernos locales
de evitar la instalación de casas de apuesta, aun cuando éstas incumplen con la
normatividad municipal en la que tienen injerencia directa.
Las acciones emprendidas por las autoridades de Rosarito y Tijuana
para evitar la apertura de nuevos casinos sólo han sido una faramalla, nuevos
negocios de apuestas, ya sean casinos o palenque, con o sin los permisos
correspondientes, operan sin que autoridad alguna haga algo por evitarlo.
Muestra de ello es el recién inaugurado Casino Carnaval
de Rosarito, al cual sólo una calle lo separa del Colegio Cristóbal Colón;
ninguna autoridad tuvo empacho de autorizar la apertura de la casa de apuestas,
a pesar de que a espaldas de ésta, se localizan un kínder y una primaria.
Carnaval opera las 24 horas del día y fue abierto al
público a finales de marzo, sin contar con la anuencia de los vecinos de
Fraccionamiento Villa Floresta, mucho menos de los padres de familia de los
menores alumnos del colegio, quienes se dicen inconformes de que se haya ubicado
en la plaza Giramar de Rosarito, pues sólo la calle Piña divide el
espacio entre el centro educativo y el negocio de giro negro.
El casino logró su apertura gracias a las facilidades concedidas
por el gobierno de Javier Robles Aguirre, con todo y la promoción de una
moratoria aprobada a finales de 2011para frenar, en lo que resta de su
administración, la asignación de permisos para la instalación de casas de
apuesta.
Al no ser retroactiva la moratoria, a solicitudes ya avaladas por el
gobierno local, para la administración de “El Tito” simplemente fue imposible
frenar el funcionamiento del nuevo establecimiento; también se dice
imposibilitado de evitar la instalación y operación de cuatro proyectos de
casinos en puerta, al ser Rosarito un punto de mucha atracción para los
inversionistas de giros negros.
Las omisas autoridades municipales interpretaron a conveniencia la
normatividad para el establecimiento de este tipo de negocios, la cual precisa
que éstos deben ubicarse a una distancia de puerta a puerta (sea una escuela o
una iglesia) de más de 200 metros.
Para conceder la autorización de uso de suelo, fijaron como el
acceso de Casino Carnaval, el acceso a la plaza Giramar, que
se encuentra sobre Bulevar Benito Juárez, y no la puerta principal del
establecimiento situado al fondo del centro comercial y próximo al Colegio
Cristóbal Colón.
Mucho menos tomaron en cuenta la puerta posterior del casino,
que se mantiene siempre abierta y está a sólo 15 metros de la puerta principal
de la institución educativa, considerada además su salida de emergencia.
Con una licencia concedida para “… instalar un salón con
terminales de sorteo de números electrónicos, centros de apuestas remotas con
terminales de apuestas con servicio de alimentos y bebidas…”, el nuevo casino se
suma a los dos que ya operaban en esta demarcación de Baja California: uno
denominado Libro de Apuestas, instalado en la Zona Centro de Rosarito,
y otro más con juego de números en la plaza comercial Pabellón.
De los cuatro casinos aún en proyecto para su operación en
Rosarito, el secretario de Administración Urbana, José Carlos Gay, admitió que
ya fueron concedidas las licencias correspondientes de uso de suelo, porque su
ubicación se prevé en sitios distanciados de escuelas, iglesias y centros
deportivos; eso sí, todos sobre la principal vialidad de la ciudad, el Bulevar
Benito Juárez.
“Todos han cumplido con el uso de suelo determinado por la carta
de Desarrollo Urbano Municipal, teniendo sólo pendiente de cumplir con la
licencia ambiental y permiso de Bomberos”, anotó el funcionario municipal.
De entrar en operación, siete casas de apuesta estarían operando
en el turístico municipio de 90 mil 600 habitantes, de acuerdo al último censo
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Al inicio del XX Ayuntamiento de Tijuana, el gobierno de Carlos
Bustamante clausuró dos establecimientos que carecían de los permisos
municipales correspondientes para ser construidos; hasta la licencia de
construcción ignoraron.
Más aún, “uno de ellos contaba con un permiso para operar en otro
estado de la República Mexicana, no en Baja California, por ello se clausuró”,
anotó David Navarro Herrera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de
Tijuana, quién añadió que el otro presentó el permiso de uso de suelo concedido
a la plaza comercial en la que procedía a instalarse, lo cual es ilegal, pues
cada establecimiento situado dentro de un centro comercial, debe contar con sus
propias licencias, acordes a su giro.
Sin embargo, a casi un año de haber detenido la edificación de
estos establecimientos, sus concesionarios han logrado que la misma autoridad
que los clausuró conceda, al menos a uno, el permiso correspondiente para
continuar con su construcción; por lo que de un momento a otro, estarán
funcionando.
Se trata de Casino Lucky Palace, frente a Plaza
Carrousel. El segundo negocio fue cerrado en la Plaza Paseo 2000,
al Este de la ciudad, del cual no se descarta que de un momento a otro, obtenga
la anuencia para funcionar.
Aunado a ello, denuncias contra palenques clandestinos han sido
recibidas por el gobierno municipal, su ilegal operación ha sido constatada por
la Dirección de Inspección y Verificación, instancia a cargo de Daniel León que
emitió una tibia advertencia de posible clausura a los operadores del palenque
La Gloria, en la colonia del mismo nombre, mientras les permitió seguir
operando el sábado 18 de marzo, tal y como se publicitó sin reparo alguno.
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