Familiares de desaparecidos en Tamaulipas. Foto: Juan Alberto Cedillo
MONTERREY, N. L., (apro).- La mañana del 24 de julio del año pasado, Coral
Pérez, una modelo de 24 años de edad originaria de Reynosa, Tamaulipas, salió
de paseo en su camioneta Nissan modelo XTerra gris junto con cinco
amigas.
A nueve meses de su partida, familiares de las jóvenes continúan buscándolas.
Hasta ahora, nadie se ha comunicado con ellos para exigirles dinero a cambio de
su liberación.
La desaparición forzada de personas se ha convertido en la mayor tragedia de
la “narco guerra” que se registra en los estados del noreste de México.
Ha sumergido a cientos de familias en la peor incertidumbre sobre el paradero
de hermanos, hijos, esposos.
Con interminables y agónicas noches soñando con
la esperanza de volverlos a ver. Y también con la certeza de que ya están en
mundo mejor, pero sin un cuerpo a quién llorar.
Hasta el momento no existen cifras confiables sobre el número de personas
privadas ilegalmente de su libertad, secuestrados o “levantados”, término que
comenzó a usarse en las ciudades fronterizas tamaulipecas.
Las estadísticas conservadoras recabadas por organizaciones de familiares de
personas desaparecidas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas arrojan que en los
dos últimos años han desaparecido más de mil 450 personas en los tres
estados.
Las organizaciones regiomontanas Lupa y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos (Cadhac) tienen documentadas 252 desaparecidos en Nuevo León. La
organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en
Coahuila (Fuundec) registra 230 personas esfumadas sin rastro.
El caso más difícil de documentar es Tamaulipas, donde meses atrás comenzó
a gestarse una organización de familiares con personas desaparecidas, pero dicha
iniciativa tuvo que ser disuelta por las amenazas de la delincuencia
organizada.
En el caso de Tamaulipas, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) arrojan que en el estado se
registraron 2.7 privaciones ilegales de la libertad por cada mil habitantes en
el año 2010.
Otro indicador que ofrece un panorama de lo que ocurre en Tamaulipas son los
secuestros. Para los primeros once meses del 2011 el estado ya contaba
con dos ciudades entre las diez con mayor índice de plagios: Tampico, con 39, y
Ciudad Victoria, con 23 secuestros, según cifras del Sesnsp.
El censo del 2010 arrojó que Tamaulipas contaba hasta ese año con 3
millones 268 mil 554 habitantes. Así que con los datos anteriores y con escasos
reportes de familiares se estima que en los pasados cinco años han
desaparecido, al menos un millar de personas.
En Nuevo León la problemática va en aumento convirtiéndolo en el estado
con mayor índice de violencia de la República Mexicana, superando ya a Ciudad
Juárez.
Aquí se han llegado al extremo que se han registrado “levantones” masivos
de efectivos de corporaciones policiacas. En mayo del 2011 el jefe de la policía
de Apodaca y 10 de sus escoltas fueron plagiados por un grupo de la delincuencia
organizada.
“Están desaparecidas once personas del municipio de Apodaca”, entre ellos el
jefe policiaco Milton Alvarado Rojas, dijo en su momento el gobernador de Nuevo
León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Dos meses antes, el 12 de marzo, fueron privados de su libertad siete
policías estatales en el municipio metropolitano de Guadalupe. En ambos casos
los efectivos siguen sin aparecer.
Debido a los incrementos de desapariciones forzadas, la Procuraduría General
de Justicia estatal está considerando crear una fiscalía para estos casos.
“Será de gran ayuda tener una fiscalía especializada. Esto conlleva métodos
de investigación, protocolos y manuales de operación y hacer más eficiente el
trabajo en este tipo de delitos”, dice a Apro el procurador
Adrián de la Garza.
El funcionario explica que la nueva Fiscalía especializada está en etapa de
desarrollo y que podría entrar en operaciones para junio o julio de este
año.
Además, refiere la PJGNL investiga 100 expedientes de casos de desaparecidos
de un total de 250.
De la Garza confirma también que se tienen datos de la participación de
funcionarios en algunos casos y revela incluso que hay detenidos.
“Sí tenemos casos donde han participado autoridades en la desaparición de
personas, pero la mayoría son producto de la delincuencia organizada”,
aclara.
Para poner “nombre y rostro a la tragedia”, las organizaciones de familiares
de personas desaparecidas de Coahuila y Nuevo León presentaron varios casos
ante un grupo de funcionarios de Naciones Unidas.
Uno de los casos presentados, en los que se encuentran implicados elementos
de la policía y tránsito de San Pedro, la Ministerial de Nuevo León y la
Marina, ocurrió el 12 de noviembre del 2010.
Jesús Abraham fue detenido por agentes de tránsito de San Pedro
por “estacionarse mal sobre la calle Vasconcelos”. El joven trabajaba en una
empresa de la construcción y viajaba en una camioneta modelo Tornado.
A los agentes “se les hizo extraño” que se estacionara en ese lugar y se lo
llevaron en una patrulla a los patios de la corporación para investigar si no
tenía relación con la delincuencia organizada.
Ya en los patios de la dependencia, como quedó registrado en los videos de
las cámaras de la corporación, fue entregado a un agente ministerial.
Posteriormente, Jesús Abraham salió esposado en una patrulla escoltado por
policías ministeriales. El comandante Javier Rangel informó a sus familiares
que fue retenido un breve periodo y que después de someterlo a un
interrogatorio consideraron prudente ponerlo a disposición de la Marina.
“Eso dijo él y la Marina negó los hechos, pero posteriormente cambiaron su
versión y dijeron que sí lo tuvieron pero que lo dejaron libre porque no tenía
nada”, relatan a Apro familiares de la víctima.
“Según la Marina, el detenido tomó un taxi. Después de que desapareció, las
dos dependencias se lavaron las manos”, dice la afligida esposa que lleva un año
buscándolo sin éxito.
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