POR BRINDAR PROTECCIÓN A CÁRTELES
MÉXICO, D.F. (apro).- La Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) acusó al exgobernador de
Tamaulipas, Tomás Yarrington, de haber recibido millones de dólares de los
cárteles del Golfo y Los Zetas, a cambio de proteger sus operaciones criminales
durante su gestión.
La acusación, presentada ante una corte de
Texas y difundida este viernes por el diario Reforma, refiere que el
intermediario entre los líderes del narco y Yarrington era Antonio Peña
Argüelles, quien el pasado miércoles 8 fue detenido en San Antonio, Texas, por
lavado de dinero.
El documento también contiene declaraciones
de cuatro testigos protegidos de la DEA que detallan momentos distintos sobre la
presunta relación entre Peña y Yarrington, quien gobernó Tamaulipas del 1 de
enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004.
Uno de los testigos,
identificado como CS-1 (Confidential Source 1), dijo a la DEA que Peña era el
contacto con políticos mexicanos, en particular entre Yarrington y los
integrantes de Los Zetas "Miguel Treviño Morales y Ediberto Lozcano (sic)".
Otro de los testigos al que se hace referencia en la
acusación, el CS-2, reveló que Peña empezó a "trabajar" con Yarrington desde que
fue elegido, en 1998".
Además, dijo a los agentes que desde
principios de 2000 Peña recibió grandes cantidades de dinero provenientes del
negocio de las drogas y en específico de Osiel Cárdenas, líder del cártel del
Golfo, para poder influir en el gobierno de Tamaulipas.
El
tercer testigo, CS-3, aseguró haber visto a Peña con Yarrington en numerosas
ocasiones en Nuevo Laredo y Estados Unidos. Incluso declaró que en 2008 Peña
visitó al exgobernador tamaulipeco en una casa que éste rentaba en San Antonio,
Texas, y que presenció una discusión entre los dos por dinero.
El último de los informantes, CS-4, informó que entre 2000 y 2001 Peña empezó a
"lavar" dinero del narco que "Yarrington recibía del cártel del Golfo", y que
coordinaba las actividades y activos en Estados Unidos y México para el entonces
gobernador.
La acusación de la DEA también documenta que CS-4
reveló que el pasado 29 de noviembre Peña recibió un mensaje de texto en su
celular en el que El Z 40 lo amenazaba por haberse "robado" cinco millones de
dólares provenientes de su cártel.
Pero, además, el mensaje
involucra a Yarrington en el asesinato del candidato priista al gobierno de
Tamaulipas, Rodolfo Torres Cantú.
Decía: "Su hermano (Alfonso)
ha estado diciendo aquí que usted y Tomás Yarrington, junto con Costilla (líder
del cártel del Golfo), asesinaron al candidato a gobernador Rodolfo Torres Cantú
porque afectaba al negocio de la construcción y estaba
patrocinado/protegido".
El hermano de Peña, Alfonso, fue
ejecutado presuntamente por Los Zetas.
La agencia antidrogas
estadunidense obtuvo un directorio de Peña en el que encontró los números
telefónicos de Yarrington y de Miguel Treviño, El Z 40, líder de Los Zetas.
Esta nueva acusación se da justo una semana después de que
Reforma diera a conocer que la SIEDO investiga a los exgobernadores de
Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Yarrington y Eugenio Hernández por la presunta
expropiación de bienes inmuebles y la venta de éstos a prestanombres, quienes
habrían construido fraccionamientos de lujo con recursos provenientes del
narcotráfico.
El diario tuvo acceso a la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009, en la que se señala que el exmandatario Eugenio
Hernández rindió declaración ministerial sobre el particular hace dos
años.
La indagatoria por presuntos delitos de delincuencia
organizada, contra la salud y enriquecimiento ilícito contiene denuncias
anónimas, de afectados y de un testigo protegido identificado como Pitufo, un
exintegrante de Los Zetas que declaró durante un juicio que su banda gozaba de
la protección de los gobiernos tamaulipecos.
La indagatoria
señala a es el empresario Mohamed Farough Fatemi Corcuera, de 35 años, como uno
de los personajes claves en la investigación pues es señalado como el supuesto
prestanombres de Cavazos y Hernández a través de negocios
inmobiliarios.
Fatemi aparece como propietario de las constructoras Santa
Dolores y Grupo Inmobiliario Comon, empresas que en la pasada década tuvieron un
"boom" en el sector a nivel estatal.
La SIEDO solicitó a la Secretaría de
Hacienda y al Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas todos los detalles
de sus operaciones inmobiliarias, así como sus declaraciones fiscales e
información bancaria.
En 2002, cuando Tomás Yarrington encabezaba la
entidad, Fatemi y la empresa descentralizada Desarrollo Urbano Portuario de
Altamira (Duport) compraron a 15 pesos el metro cuadrado más de 250 hectáreas
para un desarrollo habitacional y comercial en esa zona.
Un año después,
el mismo Fatani y Duport adquirieron ocho de 20 hectáreas del proyecto de
desarrollo turístico en Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde se construyen
condominios de alta plusvalía a la orilla del mar, según los medios
locales.
Otro empresario sujeto a investigación es Fernando Cano
Martínez, señalado como prestanombres de Hernández y Yarrington en la compra de
78 hectáreas en Altamira con la empresa Duport, que también se vinculó a
Fatemi.
Otro implicado es Óscar Gómez Guerra, cuñado del exgobernador
Hernández y de quien también se han pedido informes a distintas
autoridades.
Las primeras denuncias contra los exgobernadores fueron
anónimas, por escrito o telefónicas y se comenzaron a recibir en la PGR a fines
de 2008 y principios de 2009, pero no ameritaron la apertura de una averiguación
previa, sino actas circunstanciadas.
Fueron tres actas que después el
Ministerio Público acumuló en una sola averiguación en aquel año. Posteriormente
se abrieron otras dos indagatorias, por lo que existen por lo menos tres
expedientes en curso.
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