El ex presidente asegura no tener responsabilidad en
la matanza de la comunidad indígena de 1997 por la cual enfrenta una demanda de
crímenes contra la humanidad.
Notimex
Miami-Fort Lauderdale • El expresidente de México, Ernesto
Zedillo, reclamó hoy inmunidad legal a una corte estadunidense, en respuesta a
una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza
en la comunidad indígena de Acteal en 1997.
En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de expresidente de
México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha
comunidad del sudoriental estado mexicano de Chiapas.
Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000,
interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación
en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado
19 de septiembre.
El exmandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la
denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres
y niños.
Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por
parte del gobierno mexicano de “El Plan de Campaña Chiapas 94”, una presunta
estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió
públicamente el 1 de enero de 1994.
La demanda fue interpuesta por el despacho “Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds
& Hess”, con sede en Miami (Florida) a nombre de seis hombres y cuatro
mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos
nombres se mantienen bajo reserva.
Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo a
Notimex que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar a la corte
que lo exima de toda responsabilidad.
“No es apropiado solicitar inmunidad”, insistió el abogado al sostener que
todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.
Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas
en las que los abogados del expresidente responden a la demanda.
El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de
residencia del exgobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor
en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
En la demanda se acusa al expresidente Zedillo de conspirar junto con el
entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel
desplegado por el ejecutivo federal antes y después de la masacre.
De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas
de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.
En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de
varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron
sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.
Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó
20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos
de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las
leyes.
Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de
que Zedillo dejó la Presidencia en el año 2000.
La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo
de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares
de las víctimas, conocer tales hechos al hacerse pública la verdad sobre el
encubrimiento.
Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros el buscar justicia
en Estados Unidos en contra de exfuncionarios como Zedillo, porque éste reside y
trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido
en otra nación.
La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de
Reclamos por Agravios a Extranjeros, permite a ciudadanos de otros países el
derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados
Unidos.
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