Reconoce el Gobierno que los Zetas, los Carrillo y los
Beltrán, disputan Culiacán
Martín Durán
Empezaba el gobierno de Malova a presumir la detención de otro
miembro clave en la estructura de Los Mazatlecos, clan de los Beltrán
Leyva en alianza con Los Zetas, vinculados con la compra de protección
policial que llevó a la Procuraduría estatal a arraigar a 32 agentes municipales
de Ahome, cuando los ríos de sangre se dejaron venir a Culiacán, Mocorito y
Guamúchil, en un franco reto de parte de las organizaciones criminales contra el
Estado y sus rivales históricos: el cártel de Sinaloa.
La jornada del miércoles 23 de noviembre fue funesta en la zona centro del
estado: en total fueron contabilizados 25 muertos, 16 de los cuales fueron
calcinados en dos camionetas abandonadas en calles poco transitadas y alejadas
de cámaras de vigilancia policial.
La primera unidad incendiada fue en la calle Culiacancito de la colonia
Antonio Rosales, a una cuadra del Hospital General, y la segunda sobre el
bulevar Isidro Salas Barrón, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a espaldas de
Wal Mart.
De acuerdo con fuentes militares, los cuerpos encontrados en la camioneta
Nissan tipo estaquitas, localizada en el sector Rosales, tenían huellas de
tortura y a algunos de los hombres asesinados les aplicaron el método del
torniquete.
Cuando esto sucede, detalla la fuente, es que los ejecutores buscan
información de parte de las víctimas; información que podría desencadenar en más
ejecuciones al descubrirse delaciones, complicidades y traiciones al interior de
las organizaciones criminales.
La Procuraduría General de Justicia informó hasta el viernes pasado, al
cierre de la edición, que doce de los cuerpos calcinados fueron identificados y
entregados a sus deudos originarios de Angostura, faltando por reconocer seis
cuerpos más.
La PGJE confirmó que tres víctimas eran de Sonora: una de Nogales y
padre e hijo de Caborca. Otro de los identificados era de Juan José Ríos,
Guasave.
De las otras víctimas acribilladas en el poblado de Calomato, en Mocorito,
también se informó que se trataba de cuatro vecinos de Navolato.
Por último, los dos hombres y la mujer cuyos cuerpos fueron arrojados en las
inmediaciones del poblado La Escalera, en Angostura, fueron identificados como
un matrimonio y un hermano de la fémina, oriundos de Sinaloa de Leyva. Habían
sido levantados en dos hechos, el primero ocurrido el viernes 18 de
noviembre en la noche, en una carreta de hot dogs, y la pareja el
martes 22 cerca de su domicilio.
“Es la lucha por la plaza”, declaró Mario López Valdez horas después del
hallazgo esa mañana en la capital. “Es lo que está pasando, un enfrentamiento
entre grupos con mensajes que se mandan de que nadie es suficientemente fuerte o
blindado para no sufrir penetraciones, y esos son los desplazamientos que luchan
por las plazas”.
“Todo mundo lo sabe”, dijo Malova. Se refería a que la capital
sinaloense y sus alrededores es el principal baluarte del cártel de Sinaloa
comandado por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo
Zambada. La plaza anteriormente “blindada” por los equipos de seguridad de
sicarios fue vulnerada, prácticamente “incendiada” por los grupos
contrarios.
La plaza es de quien la trabaja
Desde marzo pasado, el grupo criminal que encabeza Fausto Isidro Meza Flores,
el Chapo Isidro, junto con sus socios, el clan de Los
Mazatlecos y las células de Los Zetas del puerto de Mazatlán,
comenzaron el reto frontal contra el gobierno de Malova y sus cuerpos
de seguridad.
La reacción de este grupo vinculado con los hermanos Beltrán Leyva fue desde
distintos flancos:
1) emboscadas sangrientas contra policías de los grupos
especiales de la Policía Ministerial y Estatal Preventiva, que arrojaron más de
una veintena de agentes muertos entre marzo y julio de 2011 en los municipios de
Guasave, Ahome y Mazatlán.
2) El inicio de una campaña mediática a través de
narcomantas a lo largo y ancho del estado, acusando al Gobierno del Estado de
proteger al Chapo y a su gente, así como de supuestas reuniones del
gobernador con el capo.
3) El asedio cuasi terrorista a Palacio de
Gobierno, cuando apareció una cabeza y manos cercenadas de un narcodistribuidor
de la contra en El Fuerte, además del “bombazo” a una plaza comercial frente a
dicho recinto gubernamental.
En medio de este asedio a las fuerzas gubernamentales, el grupo criminal
también usó Internet al subir a un blog el video del interrogatorio
forzado a un policía ministerial secuestrado, en un set armado en cuyo
fondo se observaba una manta de la campaña política de Malova.
Todo esto ocurrió tras la detención del primer jefe de Los
Mazatlecos, Geovany Lizárraga Ontiveros, quien en declaraciones
ministeriales a las que tuvo acceso Ríodoce en julio pasado (edición
440), dejó asentado que “la guerra y tiroteos que se libra en la entidad es
entre Héctor Beltrán Leyva, el H, y el cártel de Sinaloa, encabezado
por el Chapo y el Mayo, quienes mantienen el asedio a las
plazas del norte de la entidad, parcialmente el centro y el sur del estado”.
Según los informes de la Policía Ministerial, después de que La Limpia
Mazatleca abriera plaza en el norte de Sinaloa a fines de 2009 y parte del
2010, esporádicamente los comandos del cártel de Sinaloa intentaron penetrar en
esa zona. En El Burrión, Guasave, se dio un fuerte tiroteo con el convoy de las
“equis”, que aparentemente fijó una frontera entre los cárteles locales.
Pero este 2011, a partir de abril pasado el grupo del Chapo Isidro
ha tenido al menos cuatro enfrentamientos con el que comanda el jefe de sicarios
del Chapo Guzmán que opera en Guamúchil y la región del Évora, el exreo
Orso Iván Gastélum, el Cholo.
Los informes de la Policía Ministerial señalan que estos choques han ocurrido
cuando los de Guasave entran a Guamúchil. En algunos de estos ingresos
rafaguearon la comandancia de la Policía Municipal, contigua al edificio de
Palacio donde despacha el alcalde Gonzalo Camacho, y sobre las calles dejaron
regados varios cuerpos.
Los últimos dos enfrentamientos registrados ocurrieron el 27 de octubre y el
6 de noviembre pasado, sobre las carreteras estatales de la región. En el
primero tres civiles que venían con la familia de Tijuana a Culiacán murieron en
el fuego cruzado.
De acuerdo con datos de las corporaciones, dos grupos rivales comenzaron la
balacera en las últimas colonias de Guamúchil, rumbo a la salida a Guasave,
envolviéndose en una persecución que terminó en el poblado de Tamazula Segundo,
donde también fallecieron tres sicarios.
En el segundo hecho aparentemente no hubo bajas en el terreno de fuego que
concluyó hacia El Burrión, pero a las horas fue arrojado a un hombre con un
balazo en la cabeza en la puerta del Seguro Social de Guasave. Resultó ser el
Güero McGyver, lugarteniente del Chapo Isidro.
Esa misma madrugada, la familia Caro Haro originaria de Caborca, Sonora,
padre, madre y dos hijos, desapareció en el fuego cruzado, luego de pasar por la
caseta de peaje de Cuatro Caminos, en Guasave (Ríodoce
460).
Dos semanas después aparecieron los cuerpos de los cuatro miembros de la
familia, encontrados en avanzado estado de putrefacción en los límites de Sonora
y Sinaloa. El vehículo en el que viajaban no fue localizado.
Penetran el cerco
Fue Malova quien apuntaló las primeras hipótesis del hallazgo de los
16 calcinados en la capital: “Son mensajes de que nadie es suficientemente
fuerte o blindado para no sufrir penetraciones”.
Aunque la Procuraduría no destacó ningún móvil de la masacre, “todo mundo”
advirtió que se trataba de una afrenta a las autoridades, primero al privar de
la libertad a nueve personas, incluidos el comandante de Palmitas, Angostura, y
dos agentes que en ese momento estaban en servicio, y luego en depositarlos en
sendos vehículos que con toda calma fueron incinerados.
Ya la ciudad se había convertido en un polvorín, desde que el 31 de octubre
ejecutaron a Francisco el Pancho Arce, del grupo de sicarios Los
Ántrax, en el deportivo de la colonia Emiliano Zapata. A ese crimen le
siguió la matanza de ocho personas en las canchas de la colonia Pemex, el 4 de
este mes.
La información de estos hechos fue difusa. El clima violento se crispó en la
capital una semana después, la noche del viernes 11, cuando reportes de
balaceras cimbraron la ciudad, y las redes sociales se convirtieron en la mejor
defensa de la población civil, al advertir de las zonas de tiroteo.
En la colonia Felipe Ángeles un comando cercó y ejecutó a cinco hombres, y
minutos después por el bulevar Emiliano Zapata comenzó una persecución entre
grupos rivales que concluyó cerca del Aeropuerto Internacional, a la altura del
fraccionamiento Santa Rocío, sobre la carretera Culiacán-Navolato. Los saldos
fueron de tres vehículos destrozados a balazos, una persona herida y granadas,
armas y municiones aseguradas.
Versiones extraoficiales no confirmadas por la Procuraduría, indican que un
comando de los Carrillo Fuentes ingresó a la ciudad y protagonizó tales hechos
en su retirada al municipio de Navolato.
Las alertas del Gobierno sobre este grupo se habían encendido desde que a
fines de septiembre mataron en La Palma, Navolato, a Francisco Vicente Castillo
Carrillo, sobrino del jefe del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes.
En Mazatlán la alerta roja dentro de los grupos especiales cundió desde que a
mediados de octubre descubrieron que tres de los cinco muertos en la balacera de
Lomas del Mar eran oriundos de Zacatecas, y pertenecían al cártel de Los
Zetas, afincados en ese estado del centro de la república.
Uno de los occisos, identificado como Pedro Alvarado Sandoval, era uno de los
53 reos fugados del penal de Cieneguillas en la primavera del 2009, y reclutados
por este grupo criminal tras el escape espectacular del Cereso. Dentro de su
historial, según la fiscalía zacatecana, había delitos de secuestro, asociación
delictuosa, robo y lesiones.
También hubo tres detenidos en los hechos en el puerto. Uno de ellos, Juan
Carlos Álvarez Alvarado, el Negro, era de nacionalidad hondureña. En
los interrogatorios a los detenidos salió a relucir que Los Zetas están
reclutando a centroamericanos para formar células y enviarlas a Mazatlán vía
Zacatecas.
El enlace con la masacre en Jalisco
Por eso no es descabellado que el hallazgo de 26 cadáveres en tres vehículos
abandonados sobre transitadas vialidades de Guadalajara, tengan una posible
relación con los hechos en Sinaloa, al menos por la inferencia de tener al mismo
grupo delictivo detrás.
Una mañana después de que ardió Sinaloa, la Perla Tapatía también se
sacudió con la masacre. Los cuerpos fueron abandonados en los carriles laterales
de la calzada Lázaro Cárdenas, una de las arterias viales más transitadas de la
zona metropolitana, frente los Arcos del Milenio.
Este es el primer hallazgo masivo de cadáveres en la entidad desde que el
presidente Felipe Calderón declaró la “guerra” al narcotráfico y al crimen
organizado.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez
reveló que algunos de los cadáveres tenían pintada sobre su espalda las palabras
“Milenio Zetas”.
Según reportes extraoficiales, la Policía Municipal de Guadalajara fue
advertida mediante llamadas anónimas del abandono de autos con al menos una
decena de ejecutados, a bordo de las citadas camionetas.
En el contenido de la narcomanta dejada en el lugar, Los Zetas se
atribuyeron la matanza y declararon una nueva guerra contra el Chapo y
el Mayo, señalados en el texto como informantes de los Estados Unidos y
protegidos del Ejército, PFP y Marina.
Fuentes gubernamentales de Sinaloa refirieron, aunque no lo tienen
confirmado, que Los Zetas están coordinando estos ataques desde su
centro de operaciones en Zacatecas.
Sin embargo, al respecto no se tienen detalles, pues en Sinaloa no solo se
descubrió que en Mazatlán operan células de este grupo en cuyas filas hay
centroamericanos.
En Los Mochis, el 21 de junio fue detenida una célula de siete sicarios de
los Beltrán-Zetas. Cuatro de los hombres eran oriundos de Guatemala,
según confirmó la Procuraduría estatal, sin revelar sus identidades.
Al final de la manta hallada en Guadalajara, este grupo criminal señaló que
los gobernadores de Jalisco y Sinaloa son amigos del Mayo Zambada, y
que “ahora con tanto arreglo no hallan qué hacer”.
Con frases de “estamos hasta la cocina”, “le vamos a hacer un cochinero”,
este cártel aparentemente ha iniciado una ofensiva que en Culiacán y
Guadalajara, con el “blindaje” del Estado, ya alcanzó uno de sus propósitos:
llevar los reflectores a las zonas de influencia del cártel de Sinaloa,
traducidos en operativos y patrullajes contra el narcotráfico. |
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