Las cifras que se hacen públicas difieren de las
obtenidas por organizaciones internacionales; incluso, en 24 estados esas
prácticas no están penalizadas, señalan.
La tortura y tratos crueles, así como las desapariciones forzadas, son
violaciones a los derechos humanos que no se pueden contabilizar en México,
porque se les reclasifica como lesiones o abuso de autoridad. Y las segundas
como levantones, incluso en 24 estados las desapariciones forzadas no están
penalizadas.
Las diversas cifras que se hacen públicas difieren en la cantidad de los
hechos violatorios y se contraponen los registros oficiales con los obtenidos
por las organizaciones nacionales e internacionales.
En su informe “Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y
tortura en la guerra contra el narcotráfico en México” la organización Human
Rights Watch denunció que en el gobierno del presidente Felipe Calderón tan sólo
en 5 estados —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco— se
tienen comprobados 170 casos de tortura y 39 desapariciones forzadas por parte
de elementos del Ejército.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció en un informe entregado a la
Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que aún persiste la
tortura, pero aclaró que son “casos aislados, no es una práctica de Estado ni
sistemática”.
Detalló que de 1992 al 2006, tan sólo 74 personas cumplieron sentencias por
tortura en penales estatales y a escala federal sólo 6 personas compurgan una
pena por esa causa, pero no aclara si son militares o policías. Y la PGR integró
63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que de
enero del 2006 al 31 de octubre de este año se registraron 3,812 quejas por
tortura, trato cruel e inhumano, de las cuales 64 se presentaron contra la
Sedena; 10 de la Secretaría de Marina; 16 de la Secretaría de Seguridad Pública
y 10 de la Procuraduría General de la República.
Entre 2003 y 2006 la CNDH recibió 691 denuncias contra militares, esa
cantidad aumentó a 4,803 en el periodo del 2007 al 2010 y de éstas sólo emitió
25 recomendaciones.
Casos denunciados
El pasado marzo el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e
Involuntarias de la ONU informó que en dos décadas ha transmitido al gobierno de
México 412 casos. Aseguró tener reportes de al menos 3 mil casos de personas
cuyo paradero se ignoraba de acuerdo a organizaciones civiles.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra (a noviembre)
alrededor de 16 mil 800 desaparecidos, cifra en la que se contabilizan personas
extraviadas y fallecidas no identificadas.
En un informe de abril pasado, la CNDH documentó 14 mil 295 personas
desaparecidas, cifra que incrementó en los últimos seis meses con 2 mil 487
casos.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó por su parte, el pasado 9 de
noviembre a los Senadores, que en este año ha recibido 1,187 denuncias contra
militares que cometieron “errores” en el ejercicio de su deber.
Y agregó que hasta el momento hay 167 indiciados, 89 procesados, nueve
sentenciados y 11 militares prófugos.
El Ejército reconoció tener registradas un total de 5 mil 678 denuncias en su
contra, de las que 2 mil 306 son por cateos, mil 844 por detención ilegal y 393
por ejercicio indebido del servicio público, en lo que va del actual
sexenio.
La Sedena en un informe titulado “Quejas y recomendaciones” informó que de
las 5,789 quejas presentadas ante la CNDH contra el personal militar durante la
presente administración hasta el 25 de octubre de 2011; 4,986 han sido
concluidas, esto es 86.12 por ciento, y solamente 803 quejas se encuentran en
trámite, lo que representa 13.88 por ciento. Y se emitieron 89
recomendaciones.
Destaca que del primero de enero al 25 de octubre de este año se han
presentado 1,298 quejas ante la CNDH contra la Sedena, de las cuales 16 han
concluido en recomendación, lo que significa 1.23 por ciento del
total.
Calderón admite violaciones
••• El presidente Felipe Calderón admitió la semana pasada que durante el
desarrollo de su política de seguridad las fuerzas armadas han cometido
violaciones a los derechos humanos “inadmisibles, repudiadas y castigadas” por
el Estado mexicano, pero no sistemáticas ni producto de una política
institucional.
Y giró instrucciones a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de explorar mecanismos para que
en los casos de integrantes de las fuerzas armadas acusados de cometer
violaciones a los derechos humanos, y con apego a la ley, se transfiera o
decline la competencia militar a favor del Ministerio Público y jueces
civiles.
En varias ocasiones recordó que envió iniciativas de ley al Congreso
vinculadas al tema de los derechos humanos, aún pendientes de resolución. Una de
ellas propone reformar la jurisdicción y el fuero militar, para que los
integrantes de las fuerzas armadas que cometan delitos de desaparición forzada
de personas, violación o tortura, sean juzgados por tribunales civiles, no por
militares.
Claves
Delito humanitario
• La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas define el término como el arresto, detención,
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de
agentes del Estado.
• Añade que una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho
internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que
consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un
servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el
crimen.
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