Culiacán amaneció en llamas el miércoles, pero el fuego, el de la pólvora y
el que calcinó a 16 personas, corrió por todo el estado. Una llamarada que el
Gobierno no pudo apagar y que igual calcinó toda esperanza por la seguridad
pública porque por encima de los restos de las 24 víctimas afloraron dos
verdades: una, los grupos rivales al cártel de Sinaloa entraron a Culiacán para
darles la guerra en su propia casa, lo cual no ocurría desde 2008, y dos, Mario
López Valdez y sus colaboradores se encuentran apanicados, pues han sacado a sus
hijos de la zona de guerra.
Tuvo que ocurrir la siniestra incineración de 16 cuerpos, el miércoles 23 de
noviembre, y hubo de llegarle información al Gobierno del Estado de que un grupo
criminal ajeno penetró la capital del estado, antes fortaleza del cártel de
Sinaloa, para que el gobernador Mario López Valdez decidiera retirarle el veto
policiaco a Culiacán y ordenara la incursión de 120 elementos del Grupo
Élite.
Culiacán, municipio gobernado por un alcalde (Héctor Melesio Cuen Ojeda) que
no es del mismo grupo político al que llevó al poder a López Valdez, había
padecido durante ocho meses la ausencia de la Policía Estatal Especial creada
para combatir al crimen organizado.
Hasta que en la primera semana de este mes, vía Inteligencia Militar,
llegaron informes al despacho de Malova en el sentido de que células
delictivas que no habían cobrado fuerza en el centro del estado lograron
introducir numerosos comandos de sicarios al territorio controlado por la
organización liderada por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el
Mayo Zambada.
De acuerdo con la información que dispone el Gobierno estatal, se trata del
grupo los Zetas, que desde mediados del año lucha por violentar la
plaza en alianza con los Beltrán Leyva, que han establecido sus centros
operativos en Ahome y Guasave, y los Carrillo Fuentes, que operan parcialmente
en Navolato, Angostura y Salvador Alvarado.
Algunas células de los Zetas, por su parte, habían tomado como foco
de operaciones el sur de Sinaloa y su aparente presencia se especuló en Culiacán
el 2 de julio de 2011, cuando los restos de dos cuerpos decapitados fueron
arrojados en la escalinata poniente de Palacio de Gobierno.
La sospecha del Ejército respecto “a la presencia en Culiacán de un numeroso
grupo de Zetas” fue sustentada a raíz de que el pasado 4 de noviembre
un comando del narco asesinó a ocho personas en una cancha de volibol en la
colonia Pemex.
Aunque no especifica cuántos son, ni en qué zonas de Culiacán operan, la
Novena Zona Militar, en coordinación con el Grupo Élite y las Bases de
Operaciones Mixtas Urbanas instrumentó desde inicios de noviembre un cerco en
las zonas limítrofes de la capital del estado tendiente a contener la entrada de
más zetas. Sin embargo, lo que es el casco urbano de la capital no fue
cubierto.
El jueves de la semana pasada, en reacción por los 24 homicidios dolosos
ocurridos un día antes, entre estos los 16 cadáveres calcinados, el gobernador
confirmó que “todos sabemos que aquí opera el cártel del Pacífico y que hay
otros cárteles o células locales que están aliadas con algo de Zetas,
los Beltrán Leyva, los Carrillo, que están en la disputa”. “Se trata de grupos,
mensajes que se mandan, que nadie es lo suficiente fuerte o blindado como para
no sufrir penetraciones”, expresó.
Sinaloa en alerta
Bastó también la psicosis de terror que impuso la quema de 16 cadáveres —doce
en la colonia Antonio Rosales y cuatro en el Desarrollo Urbano Tres Ríos— para
que el mandatario diera la orden de que el Grupo Élite, concentrado en Mazatlán
y Los Mochis, entrara a Culiacán.
En la misma mañana de ese miércoles negro, horas después de sacudirse ante la
peor embestida delictiva sufrida en el primer año del sexenio, Malova
ordenó al secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdova Celaya, el
despliegue de más policías en la zona urbana y rural de Culiacán.
El Gabinete de Seguridad se declaró en alerta y dispuso que los 18 alcaldes
estuvieran atentos en sus municipios para detectar cualquier situación que
signifique riesgos para la población. Deberán avisar de inmediato a la SSP para
proceder a la coordinación de operativos.
En Culiacán, ciudad desdeñada anteriormente en acciones de seguridad pública
implementadas por policías estatales y federales, se procedió a movilizar a
alrededor de 300 soldados que desde la tarde del mismo miércoles patrullan las
zonas consideradas más conflictivas e instalan puntos de control en lugares
estratégicos.
En algunos casos, como en las sindicaturas de los municipios de Angostura,
Salvador Alvarado y Guasave se “aconsejó” a los presidentes municipales que
recomendaran a la población extremar precauciones. Una de las sugerencias es que
eviten andar en las calles, carreteras y caminos más allá de las ocho de la
noche.
Trascendió que en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura, el
comando que el lunes por la madrugada levantó ahí a tres policías preventivos,
mismos que aparecieron incinerados en Culiacán al amanecer del miércoles, dejó
un mensaje amenazando a los pobladores de correr la misma suerte si los
encontraban por las noches fuera de sus casas.
La sacudida violenta del miércoles puso a temblar a los sinaloenses. Incluso
al Gobierno porque el 22 de noviembre, a raíz de que el periódico El
Debate publicó que una hija de Gerardo Vargas Landeros, secretario general
de Gobierno, había sido trasladada de Culiacán a Los Mochis en el helicóptero
gubernamental, el gobernador dio a conocer que la delincuencia acecha a los
funcionarios de su gabinete y los pone en situación vulnerable.
Mario López Valdez reveló que sus hijos se han ido de Sinaloa, “no están
aquí, tienen rato fuera”, agregó. Luego afirmó que “hay señales, informaciones,
conversaciones de que cuando se detiene a alguien importante, tratan de atentar
contra representantes del Poder Ejecutivo del estado”.
Enseguida el secretario Vargas Landeros declaró que también envió a sus hijos
fuera de Sinaloa debido a que él y su familia han sido amenazados y que se han
registrado intentos de extorsión en su contra. “Cuando hemos detenido a gente
importante para ellos (los delincuentes) han tratado de intercambiar a nuestros
hijos por las gentes que estamos encarcelando”.
En esa atmósfera de zozobra, los dirigentes de sectores productivos y de
organismos ciudadanos alzaron la voz en demanda de medidas más enérgicas de
parte del gobierno de López Valdez. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del
Frente Cívico Sinaloense, deploró de nuevo el hecho de que los criminales se
paseen por la ciudad sin que nadie los vea, haciendo lo que quieren y sometan a
la gente a estados de terror.
En el mismo ambiente de miedo, el jueves se ordenó en diferentes escuelas
públicas que reforzaran labores de seguridad interna con tal de prevenir la
presencia de delincuentes que buscarían atacar a grupos numerosos de personas
para “calentar la plaza” en Culiacán.
Capital vulnera
Pese a ser la ciudad que registra mayor índice delictivo en Sinaloa —aquí se
ha cometido el 40 por ciento de un total de mil 755 homicidios dolosos
registrados en todo el estado del primero de enero al 24 de noviembre de 2011—
la presencia de agentes estatales y federales reporta un repliegue, a diferencia
de urbes como Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que desde marzo de 2011 han tenido
el despliegue de elementos del Grupo Élite, Policía Federal y Ejército.
De acuerdo con la información que la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado entregó al Congreso local, en Mazatlán, donde el Grupo Élite
fue destacamentado desde su creación, el robo de vehículos bajó del 2010 al 2011
un 40 por ciento, el homicidio doloso se abatió un 21 por ciento, el robo a casa
habitación se redujo en 31 por ciento y el robo bancario descendió en 83 por
ciento.
En Ahome, que también ha recibido atención especial del gobierno de
Malova, el informe de la SSP destaca que el índice delictivo ha bajado
un 26 por ciento.
En cambio en Culiacán, donde el Grupo Élite no había entrado sino que lo hizo
a partir del “miércoles negro”, la dependencia estatal reporta que los delitos
de alto impacto han aumentado en 44 por ciento, el robo en comercios creció al
138 por ciento y el robo de vehículos subió 38 por ciento.
Aun cuando la capital sinaloense vive en las semanas recientes una situación
de violencia extrema, tampoco López Valdez ha solicitado la intervención del
Gobierno federal para que efectúe operativos como los que realiza en Chihuahua,
Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Ha dicho que puede solo con el problema.
—Cuando ustedes dicen que pueden solos con el problema de la
delincuencia, sobre todo los delitos de alto impacto, ¿a qué se refieren? —se le
preguntó a Gerardo Vargas Landeros (entrevista publicada en la edición 460 de
Ríodoce).
—Lo que pasa es que se ha dicho que por qué no se declara a Sinaloa como un
Sinaloa Seguro con el programa federal, es decir, que vengan e invadan
las fuerzas federales al estado y nosotros decimos que no, no consideramos
todavía que estamos rebasados por la delincuencia —respondió.
Al seno de la LX Legislatura local también el Gobierno del Estado había sido
cuestionado por la postura de Malova, insistente en que puede solo
contra los grupos del crimen organizado.
El 7 de noviembre, el diputado Miguel
Calderón Quevedo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, preguntó a
Francisco Manuel Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública:
“¿En realidad
podemos solos?, ¿en realidad, si es así la premisa de que los sinaloenses
podemos solos, eso quiere decir entonces que Ahome puede solo, que Mazatlán
puede solo?”.
Córdova Celaya le respondió que “el comentario del señor gobernador ha ido en
el sentido de que no vamos a esperar a que la Federación actúe… en las
administraciones pasadas vimos que le echábamos la culpa a la Federación,
decíamos, es una guerra entre capos grandes, guerra entre grupos grandes, y el
estado no puede con el paquete y el estado no puede sacar adelante esto, que
venga el Ejército, que venga la Marina, que venga la PFP, que venga la PGR y que
limpien casas… ya vimos que no han llegado… entonces no nos podemos dar el lujo
de decir: ¿sabes qué?, vamos esperando a que llegue la Federación, tenemos que
actuar como estado, como municipios y sacar adelante esta tarea; la gente no
quiere saber que es un problema federal, la gente sabe que le está afectando la
calidad de vida y ya están hartos, como lo estamos todos; yo pienso que podemos
solos si nos agarramos de la mano sociedad y Gobierno”.
“Aquí hay de dos sopas, seguir lamentándonos diciendo, estamos superados y es
problema de la Federación o agarrar el toro por los cuernos y buscar los mejores
hombres y mujeres que defiendan a Sinaloa. Los sinaloenses van a tener que
defender Sinaloa, la Federación no lo va hacer, la Federación se va a ir a donde
ellos estén viendo que es la necesidad apremiante del momento, encuentran
muertos acá se arrancan para allá…”, remató Córdova.
Sin embargo, las circunstancias dieron un vuelco inesperado. El Grupo Élite,
el Ejército y la Policía Federal recibieron la orden de concentrarse en Culiacán
al contarse con información castrense que alertaba sobre el “calentamiento” de
una plaza que durante diez meses no ameritó la atención del Gobierno.
La policía especial de Malova dejó indefenso a Culiacán
Repliegue élite
El diputado Luis Cárdenas Fonseca, presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, fue directo en su
señalamiento: “No quisiera, me niego a hacer caso de lo que dicen los
observadores internacionales, de que el ejercicio, o mejor dicho, la estrategia
del combate al fenómeno delincuencial está direccionada en Sinaloa en contra de
unos y omitiendo a otros”.
Sucedió el 7 de noviembre cuando el secretario de Seguridad Pública,
Francisco Manuel Córdova Celaya, compareció en reunión privada ante el Congreso
del Estado. El funcionario llegó con la espada desenvainada contra el municipio
de Culiacán.
—¿Si en Culiacán tiene usted el mayor señalamiento de comisión de
delitos, por qué no entrar a Culiacán con esa contundencia? —preguntó
Cárdenas.
—Nunca hemos dejado de la mano a Culiacán, desde enero… hemos tratado de no
desproteger Culiacán… y golpeándonos o apuntando el dedo no vamos a lograrlo
—respondió Córdova Celaya.
El secretario llevaba al Congreso una justificación del porqué siendo
Culiacán la ciudad más violenta de Sinaloa, la presencia del Grupo Élite era
nula. “Los delitos se nos han ido al cielo en Culiacán”, reconoció.
Manifestó que hubo un periodo de seis o siete meses donde se congeló la
Policía Municipal, “algo pasó en Culiacán y no progresaba (sic) la Policía ni
para atrás ni para adelante, con la entrada de Ontiveros Salas, el nuevo
secretario de Seguridad Pública, pensamos que podemos hacer cosas interesantes
en Culiacán”.
Agregó: “Y lo digo con toda sinceridad y no es algo que no se lo he comentado
al maestro Cuen y al secretario (Ontiveros Salas), se esperaron siete meses para
actuar, siete meses, el problema lo vimos en enero en la primera reunión que
tuvimos, pero por razones que no entendemos se esperaron siete meses para tomar
cartas en el asunto y cambiar el rumbo en la que iba operando la Policía
Municipal”.
Advirtió que “si no le entra la Policía Municipal de Culiacán a estos
delitos, no vamos a poder bajar el índice delictivo, así de sencillo, yo tuviera
que tener unos mil policías dedicados a Culiacán para poder sustituir a la
Policía Municipal, y eso en este momento es una tarea, y yo veo casi imposible
cumplir”.
Incluso pidió “los buenos oficios” de los diputados para acercarse al
gobierno de Héctor Melesio Cuen Ojeda, “para que nos ayuden acercarnos a esas
autoridades municipales, donde podamos agarrarnos más de la mano y poder
trabajar en una misma dirección, necesitamos eso, necesitamos acercarnos y
trabajar de la mano con la autoridad municipal, y la autoridad municipal también
tiene que hacer de lo suyo”.
Expuso que Cuen Ojeda le pide que meta a Culiacán a 150 elementos del Grupo
Élite para apoyar a los mil 500 policías municipales. “Óigame, usted dígame si
mis comentarios están equivocados, porqué me pide el maestro Cuen que me traiga
150 de mis policías para ayudar a sus mil 600”.
Al final de la comparecencia, Córdova Celaya matizó. Reincidentemente había
acusado al Gobierno de Culiacán de poca colaboración para atacar la inseguridad.
“Yo estoy seguro que si le ayudamos al maestro Cuen, si le ayudamos a Ontiveros
Salas, vamos a reducir los índices delictivos en Culiacán y vamos a tener un
efecto muy positivo para el resto del estado. Pero también entiendo que si no lo
hacemos, podemos limpiar los 17 municipios alrededor de Culiacán, pero si no
limpiamos Culiacán vamos a seguir con ese impacto tan negativo para todo el
estado”, dijo. |
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