El fraude del Seguro Popular

“El Seguro Popular me salvó la vida…”, reza el slogan del programa de salud implementado en 2004 por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, con la finalidad de brindar seguridad en salud a familias no inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI).

Sin embargo, para muchas familias bajacalifornianas el programa federal no es lo que presume el Sector Salud, pues las malas experiencias vividas han dejado indolencia entre la ciudadanía.

Negligencia, falta de médicos y atención, desabasto en medicamentos, deficiente infraestructura y malos tratos, es lo que tienen que soportar los miles de adheridos al Seguro Popular que acuden diariamente a los centros de salud en busca de atención médica.

El calvario comienza con la inmensa fila para alcanzar una ficha; el paciente tiene que madrugar para que el especialista lo ausculte.

Bertha es una paciente con discapacidad visual, y desde hace un par de meses ha buscado sin éxito una cita con el médico familiar del Centro de Salud de Otay. Pese a su invalidez y a la de su pareja, ha acudido al módulo en seis ocasiones, pero por más que temprano que llega -5:00 am-, no alcanza ficha.

La dama de 37 años padece de fuertes hemorragias. Por atención médica particular le diagnosticaron miomas en ovarios y matriz; entre la consulta y estudios tuvo que desembolsar mil 600 pesos, pese a contar con Seguro Popular.

Para remediar su malestar, Bertha tiene que someterse a una cirugía que en el sector privado ronda los 20 mil pesos, sin embargo su condición económica no le permite solventar un gasto tan fuerte.

“Es lo que da coraje, ha acudido en muchas ocasiones para que los médicos del Seguro Popular la atiendan, pero nunca alcanza ficha; ni por ser una persona con discapacidad tienen un poco de consideración”, relata a ZETA una amiga de Bertha.

Desde hace tres meses, la madre de Griselda adquirió el Seguro Popular para su familia. La pequeña de 7 años requirió de atención médica al diagnosticarle epilepsia. Para que el pediatra la valorara, tuvieron que pasar noches de desvelo, acudir  al Centro de Salud de Tecate antes de las 4:00 am para obtener una ficha y finalmente recibir atención después de las 11:00 am.

Para controlar el padecimiento epiléptico, el pediatra recetó ciertos fármacos controlados, como el valproato de magnesio, pero  a los días del tratamiento, la madre se dio cuenta que el medicamento estaba caduco, por lo que suspendió la dosis y de inmediato acudió al Centro de Salud por una nueva cantidad.

Cuando denunció ante el médico que el instituto de salud le había surtido la receta con medicamentos ya perecederos, el pediatra enfureció por la suspensión del tratamiento, “así se los hubiera seguido dando, qué importa que estén caducos”, le dijo, por lo que la indignada madre salió del consultorio para volver a surtir la receta. Pero ocurrió la misma situación: las medicinas estaban vencidas.

La familia no tuvo más remedio que adquirir los medicamentos en farmacia particular, pese a tener  Seguro Popular.

La madre de la menor exigió a los médicos de Tecate un traslado a la ciudad de Tijuana, a fin de que los especialistas siguieran atendiéndola.

“Luego de todo el calvario de entre encontrar una cita y los fármacos, nos dijeron que si queríamos una cita en otra ciudad teníamos que acudir  personalmente y comenzar de nuevo el expediente médico. Cómo es posible que nos digan que comencemos de nuevo, si ya tenemos avances en el caso, lo que se requiere ahora es una cita con un neurólogo. Cuando llegamos a Tijuana, la doctora Vázquez, de la jefatura de consulta externa, de entrada nos dijo que el pediatra tenía que valorar a la niña para darle la cita con el neurólogo, pero había un detalle: no había citas hasta dentro de tres o cuatro meses, es decir, hasta febrero de 2012, pues el especialista es el único en el estado y atiende a todos los municipios”, declaró un tío de la menor.

La reacción del familiar de la pequeña de siete años fue de impaciencia, y exigió a los médicos una pronta atención para su sobrina, pues su salud estaba en juego.

“Cómo pueden ser tan insensibles, a mi sobrina le dan ataques que a veces le duran hasta 15 minutos, es muy feo, y los médicos tan tranquilos te dicen que regreses dentro de tres o cuatro meses para que te vea el especialista, no es justo. Y así como mi caso hay muchos”, declaró a ZETA.

El secretario de Salud en Baja California, José Guadalupe Bustamante Moreno, reconoció que hay quejas en contra de la atención de médicos en los centros de salud, a quienes, aseguró, pondrá mayor vigilancia.

“No es la primera vez que me llegan este tipo de quejas, más bien los médicos son flojos, porque la infraestructura la tienen y su deber es atender a la población; más bien creo que es un problema de servicio”, consideró.

Sobre las desveladas que sufren los pacientes al acudir muy de mañana a los centros de salud, señaló que está por implementarse un nuevo mecanismo para que ninguna persona se quede sin atención.

Actualmente el Seguro Popular cuenta con un padrón de 1 millón 094 mil 594 personas en Baja California, con un avance del 97 por ciento en la afiliación.

Dentro de los servicios que supuestamente ofrece, destacan: consulta de medicina general, consulta de especialidad, consulta de odontología, urgencias, hospitalización, cirugía y medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete.

A la fecha cubre 275 intervenciones, equivalentes a mil 644 enfermedades incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (libro que se entrega al beneficiario).

También ofrece los programas Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), que atiende 128 enfermedades; Embarazo Saludable (ES) y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que cubre 57 enfermedades, para un total de mil 829 padecimientos con todos sus tratamientos (consultas, medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete, hospitalización y cirugías).

En ese sentido, las enfermedades incluidas recientemente son: infarto agudo al miocardio, linfoma No Hodgkin (cáncer ganglionar), padecimientos lisosomales, trasplante de médula ósea, hemofilia, trasplante de córnea, tumor testicular, cáncer de próstata.

Del universo de afiliados, sólo el .84 por ciento, equivalente a 9 mil 216 personas, pagan por tener su póliza del Seguro Popular, es decir, ciudadanos con nivel socioeconómico alto que desembolsan anualmente entre 2 mil 074.97 pesos y 11 mil 378. 86 pesos.

Como asegurador o financiador pública, el Seguro Popular cuenta con una red de prestadores de servicios donde los afiliados reciben atención médica, entre éstos los centros de salud y hospitales generales de ISESALUD; unidades de especialidades médicas (UNEME), DIF Estatal (CRI), Hospital de Salud Mental de Tijuana, Instituto de Psiquiatría del Estado, Fundación Castro Limón, Cruz Roja Tijuana y Cruz Roja de Playas de Rosarito

En cualquier duda acerca de los servicios que ofrece y otorga el Seguro Popular, los beneficiarios pueden ser atendidos a través de las siguientes vías: Gestores Médicos (atención personalizada), 01-800-025-1111 (línea gratuita personalizada) y Facebook/ Seguro Popular BC. 

Seguro Popular excluyente

Con todo y el cúmulo de quejas de los derechohabientes del Seguro Popular, o de pacientes que al no contar con algún tipo de prestación médica son llevados al Hospital General de Tijuana, el doctor José Manuel Robles Barbosa, director de ese nosocomio sostiene: “No estamos rebasados por la demanda”.

Admitió que a raíz del aumento en el padrón de derechohabientes de Seguro Popular y por el cierre temporal del Centro de Salud de la calle Ocho, el requerimiento en la atención médica y hospitalaria se ha elevado, pero afirmó contar con la infraestructura y personal suficiente para hacer frente a la situación.

Sin embargo, se ve rebasada en la realidad, como en el caso de la señora María Trinidad, cuyas vicisitudes para lograr ayuda médica pública fueron expuestas a ZETA (edición 1961); si bien es cierto su asunto fue retomado por las autoridades del Hospital General de Tijuana, esto se dio no sólo fuera de la cobertura que ofrece el Seguro Popular, el cual excluye a los niños nacidos antes del 1 de diciembre de 2006, sino también en forma limitada.

A raíz de la publicación, la madre de familia sí ha sido atendida, pero también recibió regaños y un trato hostil tanto de autoridades como de personal médico del Hospital General. “A mi niña le dieron cita para hacerle el examen nuclear hasta el 27 de febrero de 2012, en tanto sólo la revisan, pero se niegan a hacerle análisis pese a que tuvo una recaída”, expresó.

En visita a este Semanario, el doctor José Manuel Robles Rocha indicó que Abril Alexandra, quien este domingo 13 de noviembre cumplirá 8 años, sí será atendida en el Hospital General de Tijuana con el apoyo del Patronato, como se apoya a muchas personas de escasos recursos. De hecho la menor ya había sido atendida antes de la publicación, aun sin el requerimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“A mí no me tiene que dar indicaciones la PDH, ya sé lo que tengo que hacer”, esgrimió categórico.

Atribuyó la falta de seguimiento puntual al tratamiento de la menor a que la madre no ha seguido los lineamientos adecuados para recibir el apoyo, “la mala información es la causa principal de los conflictos”, añadió.

Y remató evidenciando su desconocimiento del caso: “La menor sólo requiere de un análisis anual, para el cual ya se le dio cita y su tratamiento de citratos tiene un costo de tan sólo 150 pesos”.

Si bien Abril Alexandra requiere ser valorada anualmente a través de un examen nuclear, cuyo costo es 300 dólares, estudio que el Hospital General le practicará en febrero del próximo año 2012, también necesita ser atendida cuando el ácido en la sangre que le produce su padecimiento hace crisis, como ocurrió el pasado 8 de noviembre.

Es entonces que requiere de la fórmula de citratos que le ayudan a disminuir la acidez, aunque para ello se le debe practicar una serie de análisis que determinen las cantidades de medicamentos que habrán de mezclarse.

Entre una gasometría venosa y estudios de hematología y orina, la erogación mayor a mil 200 pesos, a los que en ocasiones hay que sumar estudios de riñón, cuyo costo es de 400 pesos.

A esas cantidades hay que agregar el costo de los citratos a combinarse, por lo que regularmente la madre gasta más de 2 mil pesos cada vez que la enfermedad hace crisis en su hija. De ahí que requiera la ayuda oficial que de nuevo le fue negada por el Sector Salud de la entidad.

La última vez que Abril recayó, acudió esperanzada al Hospital General en espera de ayuda, pero el personal médico sólo la observó y consideró innecesario hacerle los estudios que el nefrólogo pediatra de Mexicali, Francisco Calderón, solicitó para determinar su tratamiento. Su madre tuvo que sufragarlos con dinero recabado en boteo y pidiendo prestado.

“A veces pasan hasta tres meses y Abril se mantiene estable, pero de pronto tiene temperaturas muy altas, seguidas por dificultades al orinar, vómitos, diarrea y deja de comer, por lo que el estabilizarla resulta difícil sin los medicamentos adecuados”, expuso agobiada.

Por último, María de la Trinidad lamentó: “Están molestos por la publicación, así me lo han hecho ver, creo que fue contraproducente exponer el caso de mi hija, pero ya no sé qué más hacer”. Isabel Mercado y Patricia Tamayo