Uno de los párrafos más
intrigantes de la entrevista en el periódico inglés The Guardian con Rosa Isela
Guzmán Ortiz, que se identificó como hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es
cuando dice que su padre financió campañas de políticos. La deficiencia técnica
del entrevistador dejó sin réplicas las preguntas, por lo que no pudo extraer
ni más información, ni entender contextos o motivaciones. The Guardian,
periódico respetable y fundamental en la investigación sobre el espionaje
global de Estados Unidos, nos quedó a deber mucho del rigor al que nos tiene
acostumbrados. Pero más allá de lo anecdótico, lo que la señora Guzmán Ortiz
dijo –o asegura el periodista que así fue–, tiene paralelismos intrigantes.
Según señaló, varios
políticos mexicanos aceptaron donaciones de Guzmán durante sus campañas, a
cambio de cerrar los ojos cuando escapara de prisión. Aunque la declaración
choca con el sentido común –si el financiamiento fue antes de su recaptura,
¿por qué pagar para que cerraran los ojos en lugar de pagar por protección para
que no lo detuvieran?–, disparó al corazón político del equipo del candidato
Enrique Peña Nieto. O sea, al del actual secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, responsable de esos temas en la campaña. Esta queja –sin
nombres y apellidos, que tampoco utilizó la señora–, es la misma que hacen en
Washington al entorno de Peña Nieto desde la campaña.
La versión en la comunidad de
inteligencia estadunidense en 2012, reciclada a través de The Guardian en una
entrevista donde las contradicciones en la que se encuentra –fue real o falsa–
se revuelca en el marco de la desinformación, corre libre por el imaginario
colectivo, y fue recogida acríticamente por una parte de la prensa mexicana y
extranjera, que dio por bueno que existía un pacto que fue unilateralmente
roto. ¿Hay un acuerdo entre el Gobierno y “El Chapo” Guzmán? ¿Con el cártel de
Sinaloa? Muchos en México lo creen, pero la información dura dice lo contrario.
Un reporte de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda muestra que la primera
investigación del Gobierno sobre el entramado financiero y lavado de dinero del
cártel de Sinaloa se abrió el 4 de abril de 2013. En el documento, actualizado
al 3 de febrero de este año, se mencionan análisis financieros a 960 personas
relacionadas directa o indirectamente con el cártel de Sinaloa. En paralelo, la
PGR y el Cisen tienen una investigación sobre la red de “El Chapo” Guzmán desde
2013, de donde, por ejemplo, tienen indicios que empresas de la actriz Kate del
Castillo recibieron transferencias bancarias de personas con nexos con esa
organización criminal.
Las redes del financiamiento
criminal son extensas y muy complejas, por el grado de sofisticación de quienes
las construyen. En el caso de “El Chapo” Guzmán, sólo una pista llevó a la PGR
y al Cisen a nueves países en donde están tratando de romper la telaraña
criminal. En el caso de la investigación al cártel de Sinaloa, la Unidad de
Inteligencia Financiera reportó que han bloqueado operaciones por cuando menos
5 mil 300 millones de dólares. El combate al lavado de dinero fue una de las
grandes deficiencias en la guerra contra las drogas del presidente Felipe
Calderón, pese a las críticas públicas de lo poco que hacía en la materia. Como
botón de muestra: los montos de dinero ilegales que congeló la Secretaría de
Hacienda entre 2013 y 2015 fueron 242% superiores a los que se inmovilizaron
entre 2010 y 2012.
La Unidad de Inteligencia
Financiera deja ver en su reporte un incremento significativo en las denuncias
contra presuntos lavadores de dinero. Sólo en el caso de Sinaloa, donde el
cártel y Guzmán realizaron alrededor del 45% del total de sus operaciones financieras,
hubo 18 denuncias en 2013, 90 en 2014 y 78 el año pasado. Esto produjo que en
noviembre de 2014 se desmantelara una de las redes de lavado de dinero en
Sinaloa y bloquearan 2 mil 500 millones de dólares, y que en enero de 2015
desarticularan una red nacional y congelaran mil 500 millones de dólares. En
las operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera se incluye la
disrupción de dos rutas de dinero entre Tijuana y Sinaloa, y una más que pasaba
por Tijuana y Mexicali y llegaba a Sinaloa.
Baja California no es, sin
embargo, la mejor plaza para el lavado de dinero. Después de Sinaloa, le siguen
Sonora, Jalisco y la Ciudad de México. Las operaciones contra el cártel de
Sinaloa en materia de combate al lavado de dinero, se han llevado 23% del total
de los casos; es decir, uno de cada cuatro golpes ha sido contra la principal
organización criminal mexicana, en tamaño e impacto de distribución de drogas.
Un dato no menor por lo que significa en cuanto a tranquilidad y ánimo, es que
42 familiares o muy cercanos a los líderes del cártel de Sinaloa han caído en
esta operación.
Cuando se habla de pactos
institucionales con el cártel de Sinaloa o “El Chapo” Guzmán, la realidad choca
con la percepción. Mucho dinero les han quitado a los criminales para sus
operaciones diarias, lo que contradice en hechos la versión de un arreglo con
ellos. Pero una vez más, hay que recordar: la realidad es distinta a la
percepción, pero cuando la percepción crece, construye una realidad, la de la
opinión pública, que es la que cree en el pacto maldito.
(ZOCALO/ COLUMNA” ESTRICTAMENTE PERSONAL”
DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 10 DE MARZO 2016)
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