El pasado 23 de diciembre,
Luis Antonio Lagunas presentó una solicitud de matrimonio en el Registro Civil
de la Ciudad de México, cuya ceremonia se llevaría a cabo en una casa en
Cuajimalpa. La solicitud no era una de tantas. Lagunas pretendía desposar a
Elba Esther Gordillo, la exlíder del sindicato de maestros presa desde hace
tres años por delincuencia organizada, fraude y lavado de dinero. La boda
estaba programada el 2 de enero de este año, fecha en que estaban seguros
estaría en su casa, en prisión domiciliaria, como consecuencia de un amparo que
su defensa busca desde enero de 2015 por razones de edad y salud. El amparo no
llegó. Pese a las muchas fallas, omisiones y errores de la PGR en la acusación,
un juez le dio la razón.
La programada boda es uno de
los episodios más extraños en el litigio y que más intriga, por la secrecía con
la que la manejó. Personas cercanas a ella aseguran que en ningún momento
comunicó a su familia o a su abogado, Marco del Toro, su intención de casarse
con Lagunas, quien fue contratado por su defensa cuando la detuvieron para
servir de enlace permanente de la maestra con Del Toro. El abogado se convirtió
en un gestor eficiente de las necesidades de la maestra y un facilitador de
trámites para toda su familia. Lagunas salió del despacho de Del Toro a finales
de 2014, pero la maestra lo contrató para seguir atendiéndola.
Lagunas no es un abogado
penalista, pero tenía experiencia en asuntos penitenciarios. Conforme pasó el
tiempo, Lagunas se convirtió en la persona que más tiempo pasaba con ella,
aunque personas cercanas a ella dicen que nunca notaron una relación más allá
de la profesional. Sin embargo, de acuerdo con la documentación presentada en
el Juzgado Undécimo del Registro Civil de la Ciudad de México, Gordillo y
Lagunas estaban decididos a casarse. La boda se celebraría el 2 de enero en la
casa en Cuajimalpa donde ella, esperaban, estaría confinada en prisión
domiciliaria, enfrentando el proceso en su contra.
La solicitud de matrimonio
fue acompañada con el acta de nacimiento de la maestra y una copia de su
pasaporte, donde se registra su fecha de nacimiento el 6 de febrero de 1945
(tiene 71 años) en Comitán, Chiapas, mientras que él presentó su credencial del
IFE y una copia de su acta de nacimiento, donde se lee que nació en Chilapa de
Álvarez, Guerrero, el 23 de agosto de 1983 (tiene 32 años). Presentaron también
un convenio de separación de bienes, firmado por los dos contrayentes. Las
firmas que aparecen en el documento fueron cotejadas con sus firmas en otros
documentos y se ven iguales. Lagunas presentó como comprobante de domicilio, un
recibo de Telmex con la dirección de un departamento en el edificio blanco que
se encuentra en Reforma 222, donde la maestra tiene varias propiedades. No se
sabe si la dirección del recibo telefónico corresponde a un inmueble propiedad
de ella.
La boda no se concretó. La
solicitud fue rechazada porque Lagunas nunca presentó la copia certificada del
amparo y faltaron las actas de nacimiento originales. La lucha por lograr que
enfrente su proceso en su domicilio ha sido tortuosa. El 8 de febrero el Tercer
Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito le concedió a la maestra
un amparo para reponer parte del procedimiento por el cual se le negó el
beneficio de la prisión domiciliaria. En respuesta, los ministerios públicos
federales interpusieron un recurso en contra de esa sentencia para evitar que
la resolución sea revocada. Una vez más el amparo regresó al Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito, que había fallado previamente en contra
de la maestra.
La defensa de Gordillo alega
además de la edad, su salud. Por ley, después de los 70 años puede tener el
beneficio de la prisión domiciliaria, a lo que se le añaden dos aneurismas que
tiene y un deterioro del único riñón que le queda. Si bien la boda es del
ámbito privado, el estado de salud emocional que sugiere la secrecía de la boda
de su familia y abogado, al mal estado físico en el que se encuentra, la
posibilidad de que el ajuste de cuentas político del Gobierno tenga
consecuencias funestas, la coloca en el campo del interés público.
El trato contra la maestra ha
contrastado con el trato a narcotraficantes. Por ejemplo, la PGR dejó salir en
libertad en 2013 a Rafael Caro Quintero, sentenciado a 40 años por narcotráfico
y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, con lo que
cambió para siempre la relación entre México y Estados Unidos, y que provocó un
conflicto político con Washington. En septiembre pasado, un juez federal
concedió la prisión domiciliaria a Ernesto Fonseca, de 85 años, acusado por los
mismos delitos que Camarena.
Es más fuerte el odio a ella
que a los narcotraficantes. La conserjería jurídica de la Presidencia contrató
abogados externos para cabildear en los juzgados contra el amparo de la
maestra, y sumó a esa presión, sin tener atribución para ello, al jefe de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz.
La boda frustrada es más que una anécdota en este caso. Con el paso del tiempo
se incuba con mayor solidez la percepción que su detención y proceso, es una
venganza política.
(ZOCALO/ COLUMNA” ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 10 DE MARZO 2016)
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