AGUASCALIENTES,
Ags. (apro).- El juez Tercero de lo Penal dictó el auto de formal
prisión en contra del notario público Fernando Quezada Leos, acusado de
actuar en complicidad con el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat en
la adquisición irregular de predios, con lo que se habría causado un
daño al erario estatal por más de 18 millones de pesos.
Según un
comunicado del Tribunal Superior, el juez Yuri Berthaud Reyes determinó
que el notario incurrió en encubrimiento del peculado cometido en la
donación de terrenos por parte el Fideicomiso de Desarrollos
Industriales de Aguascalientes, con lo que se benefició a algunas
empresas particulares de “dudosa existencia”.
Así, una donación
hecha al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sirvió “de
mascarada para donar otros terrenos a empresas que perseguían fines
particulares, obteniendo un beneficio durante la administración del
sexenio pasado, en las que se afirma hay más involucrados de alto
nivel”, refirió el Tribunal Superior.
El CIDE se ha deslindado de
las anomalías registradas en este proceso, al asegurar que confió en el
actuar legal de las autoridades.
El Tribunal informó que además de
Quezada Leos, como parte de los procesos en los que está involucrado el
exgobernador Reynoso Femat, también fueron detenidos por la Policía
Ministerial el director de Nafinsa, Benjamín Salas; el subsecretario de
Promoción y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico,
David Cisneros Castro; Jaime Santos Landín, director general jurídico de
la Secretaría de Gestión e Innovación, y Miguel Marín Bosque, director
de Normatividad de la Secretaría de Finanzas.
Sin embargo, para el
sábado 20 el director de Nafinsa salió en libertad gracias a un auto
dictado por el juez Tercero, quien concluyó que no había suficientes
elementos para sujetarlo a proceso.
En tanto que los otros tres
funcionarios esperan que el juez Yuri Berthaud Reyes dicte la respectiva
resolución de prisión o libertad este martes 23.
En el caso de
Fernando Quezada, detenido el martes 16, el juez reclasificó el delito
de peculado –del que inicialmente era acusado el notario por la
Procuraduría de Justicia– y lo clasificó como encubrimiento, al
considerar que no había los elementos suficientes para procesarlo por el
primero.
Debido a que el indiciado había solicitado la duplicidad
del término constitucional, el juez dictaminó hasta hoy la formal
prisión en contra del notario público, al considerar que las pruebas
entregadas por éste no fueron suficientes para acreditar su inocencia.
Quezada
Leos, además, se reservó su derecho a declarar. El Código Penal del
estado prevé una pena de uno a seis años de cárcel y de 50 a 200 días de
multa por el delito de encubrimiento. Como no se trata de un delito
grave, el notario podrá pagar una fianza para enfrentar el juicio en su
contra sin permanecer en prisión.
/22 de julio de 2013)
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