Después de la explosión en el edifico B 2 del complejo
central de Pemex todo se resumió en caos y desorganización. Los equipos de
rescate no sabían bien a bien qué hacer y poco después fueron desplazados por
los del Ejército y la Marina, que tampoco. En medio del desconcierto la
política de comunicación social también mostró fisuras. Fueron las redes
sociales las que llenaron, mal que bien, el hueco. Y los planes de contingencia
que todas las dependencias públicas deben tener por ley fueron los ausentes en
la tragedia del 31 de enero.
Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila y Arturo Rodríguez
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- El presidente encabeza una reunión acompañado por los secretarios
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell;
el subsecretario de Protección Institucional, Manuel Mondragón y Kalb; y el
procurador general, Jesús Murillo Karam. Notoria es la ausencia del director de
Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien sustituye otro funcionario de la paraestatal
quien parece explicar la situación al mandatario y a los miembros del gabinete.
Sobre la mesa
Joaquín tiene impresas unas hojas de cálculo, Mondragón atenaza un pañuelo,
Osorio tiene ante sí un cuaderno escolar. Al fondo la explicación se
desarrolla, plumón en mano, sobre un pintarrón que exhibe la ubicación de los
edificios en el complejo administrativo de Pemex, frente a un Presidente
atento.
La imagen difundida
por la Presidencia más que avalar el tesón presidencial reveló la ausencia de
planos, planes de contingencia, esquemas de seguridad. Sentados en torno a la
mesa los hombres que gobiernan el país se ven en la imagen con las manos vacías
ante la tragedia por la que se decretaron –el viernes 1– tres días de luto
nacional.
La tarde del 31 de
enero una explosión provocó el colapso de los sótanos, la planta baja y el
mezanine del edificio B 2 del complejo administrativo Torre Pemex. Hasta el
cierre de esta edición el gobierno federal mantenía la cifra de 33 muertos y
121 heridos.
La crisis, abordada
con descoordinación de cuerpos de seguridad, yerros comunicacionales que
alentaron especulaciones y una marcada opacidad, mostraron a un gobierno
rebasado por la contingencia.
Aun la tarde del
viernes 1 el procurador Murillo Karam aseguraba desconocer si podían encontrar
más cuerpos en una zona a la que hasta entonces no habían podido llegar los
rescatistas.
Según el artículo 39
de la Ley General de Protección Civil, todo inmueble del sector público, social
o privado debe tener un programa interno de protección civil a fin de mitigar
los riesgos y estar en condiciones de atender una emergencia. Para la aplicación
del mencionado programa debe haber una unidad interna avalada por la autoridad
correspondiente.
La Ley de Protección
Civil para el Distrito Federal establece las mismas consideraciones y añade en
su artículo 54, fracción IV, que las dependencias públicas deben tener manuales
de procedimiento.
Tras las
declaraciones de Murillo Karam, a más de 24 horas del siniestro, ni siquiera
había certidumbre respecto al número de personas que podían estar todavía en el
inmueble colapsado.
Testimonios de
rescatistas que actuaron en las horas inmediatamente posteriores al siniestro
hablan de una gran descoordinación; entre ellos, la brigada Topos, Unidad
Tlatelolco, que observaron el caos que devino con el arribo escalonado de
cuerpos de seguridad.
“La falta de coordinación
fue evidente. Habíamos 600 personas dentro de la estructura del edificio B 2 y
no se notó que existiera un plan de actuación. Lo único que hicieron fue
acordonar el área, cerrar y realizar trabajos iniciales con el cuerpo de
bomberos que tienen en el interior. La parte fuerte era del Gobierno del
Distrito Federal con sus grupos especiales. Hasta las 19:30 llegó el apoyo
federal con las fuerzas militares, la Marina y la Policía Federal”, explica
Rafael López.
En opinión del
rescatista voluntario fue evidente la incapacidad de las corporaciones
federales para coordinarse, pero sobre todo que Pemex carece de un plan de
protección civil, a pesar de que tiene uno de los edificios más grandes del
país.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1892,
ya en circulación)
(PROCESO/ Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila y Arturo
Rodríguez/2 de febrero de 2013)
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