TRANSPORTISTAS SE DESLINDAN DE ASESINATO DE REGIDOR ARTURO CASTELLANOS RUIZ EN ENSENADA, BC

Acusan que Procuraduría actuó por presiones políticas

Armando Gutiérrez Guerra, Medardo Meléndrez Armenta y Gonzalo Gutiérrez Guerra,  señalados como presuntos responsables intelectuales del homicidio del regidor Arturo Castellanos Ruiz en Ensenada, niegan haber ordenado la muerte y se dicen víctimas de una investigación deficiente y presiones políticas. El expediente del homicidio fue rechazado por tres jueces en Ensenada y fue enviado a Tijuana. El Procurador Rommel Moreno no quiso responder sobre esta investigación.

Rosario Mosso Castro

Líderes de la empresa de transporte Rojo y Blanco, señalados como presuntos responsables intelectuales del homicidio del regidor por Ensenada, Arturo Castellanos Ruiz, acudieron a las oficinas de ZETA para negar los cargos en su contra.

Se dijeron víctimas de la falta de investigación de una Procuraduría del Estado que respondió a las presiones políticas.

Aunque no han sido requeridos por la autoridad, y los jueces no han otorgado a la PGJE las órdenes de aprehensión en su contra: Armando Gutiérrez Guerra, Medardo Meléndrez Armenta y Gonzalo Gutiérrez Guerra se presentaron al semanario para dar su versión.

Después que por vías no oficiales, su abogado pudo conocer que se solicitaron órdenes de aprehensión contra tres directivos y tres socios de la empresa. Los otros implicados fueron el vocal financiero Francisco Vega, y los socios José Hernán Sandoval Cortez y Julio César Meléndrez González.

“Desde un inicio declararon que tenían tres líneas de investigación que eran: narcotráfico; el agiotista, el regidor también prestaba dinero; y los conflictos internos entre transportistas. Pero presionaron políticamente a la Procuraduría y ellos en afán de solventar el problema, desde un principio la cargaron por el lado del conflicto con la empresa”, reclamó  Meléndrez.

Agregó: “El grupo de personas que estaban en contra de la administración nuestra, la gente del grupo del regidor (con quien sostenían un pleito legal con mutuas acusaciones de presuntos fraudes) comparecieron ante la procuraduría e indujeron esta averiguación. Para que ésta fuera la línea que ellos concluyeran que era por un conflicto del transporte.

“Dijeron que resolvían en 15 días y de una forma muy precipitada la PGJE se ve obligada a turnar el expediente al juzgado penal donde solicitan que se giren órdenes de aprehensión contra los que ellos consideraron presuntos responsables o autores intelectuales.

— ¿A ustedes los llamaron a declarar?

“Nunca comparecimos, cuando esto inicia nosotros contratamos un abogado para que nos asesorara qué era lo que iba a pasar aquí, el licenciado mantuvo contacto con la procuraduría y les dijo, ‘cuando tú quieras yo te traigo a los muchachos a declarar’, pero debido a las manifestaciones que estaban haciendo aquéllos (grupo contrario) la procuraduría se precipita y turna el expediente sin investigar nada, porque no investigó nada. En él se basó en dichos y antes de que solicitara nuestras órdenes de aprehensión, las líneas del agiotismo y narcotráfico no las había revisado”.

— ¿Hubo alguna citación de la Procuraduría a la que ustedes no hayan respondido por temor?

“De este lado, Arturo (Gutiérrez, uno de los presuntos responsables) declaró, Benito, socio también, declaró una ex secretaria de la empresa y el tesorero (también señalado), nada más. Yo declaré sólo por mi amenaza de muerte que ahí está todavía en investigación.

Cuando entrevistan al procurador dice que ya tiene identificados a los autores intelectuales y que hay tres testigos protegidos y nada más están esperando que se giren órdenes de aprehensión”, detalló Armando Gutiérrez Guerra.

—Existe la versión que la PGJE les solicitó información y documentación que tenía que ver con el manejo administrativo de la sociedad y ustedes no la proporcionaron.

“La procuraduría fue, pero es en el otro expediente fiscal”.

Meléndrez: “Lo que supimos nosotros fue que el juez primero se excusó de conocer el expediente, no quiso resolver y lo manda al juzgado segundo, le promueven una recusación y se va al juzgado tercero, y el lunes 28 de marzo nos enteramos que desde el viernes 25, la juez había notificado al ministerio público que no había elementos para dictar una orden de aprehensión y se los negaría de manera definitiva. Pero no han regresado el expediente a la Procuraduría para que haga lo conducente”.

— ¿Están amparados?

“No. Nosotros hemos seguido de cerca, con mucho cuidado porque está bien peligroso, y le hemos exigido al Procurador que se investigue, pero no quieran sacar chivos expiatorios como lo están haciendo”

ZETA se comunicó con el secretario particular del Procurador  Rommel Moreno, a sus números telefónicos, con la coordinadora de comunicación de la subprocuradora Lidia Gallegos Aguilar, se les expuso la situación y se les solicitó una respuesta de parte de los jefes, pero evitaron proporcionarla.

Algunos de los funcionarios de la procuraduría implicados, explicaron que tenían órdenes de no declarar precisamente por lo delicado del tema ante el juez que está revisando el caso y también siendo presionado políticamente.

Pero que existen elementos suficientes para fincar responsabilidad, entre los que se encuentran registros de llamadas, comunicaciones grabadas y declaraciones de testigos.

En el juzgado Tercero de lo Penal extraoficialmente confirmaron que ya no tenían el expediente y que lo habían mandado a Tijuana, pero se negaron a informar a dónde.

 

Las amenazas y las líneas

Los empresarios recordaron que desde el día del homicidio de Castellanos se manejó en Ensenada la versión de que había sido la directiva de Rojo y Blanco quienes habían mandado perpetrar el crimen. “Nosotros nos sorprendimos y preguntaos de dónde habían sacado eso, y dijeron que nuestros (socios) contrarios estaban aprovechando para sacarnos de en medio. La gente encabezada por Raúl Carrillo nos quiere implicar para cambiar la directiva y poner gente cercana a ellos”, aseguraron.

Hablaron de casi dos meses bajo presión porque además, testificaron que agentes de la ministerial anduvieron siguiendo a sus esposas, “estuvimos cuidándonos y trabajando pero con medidas de seguridad, al principio íbamos por la noche o muy temprano a firmar cheques y documentos a las oficinas, después nos llegaron amenazas más fuertes y dejamos de presentarnos, nos sacaban los papeles para firmar”, recordó Gutiérrez que junto a Meléndrez  mencionó las amenazas y rumores que les hicieron llegar.

“Que venía gente de Chihuahua y gente de Sinaloa y que venían a vengar, pero ¿a vengar qué?, o con que de perdida que primero investiguen. Que se venguen de quien se tengan que vengar, pero no por el mitote que traen vengan a ajusticiar a alguien que no”.

El 8 de febrero el Presidente de Vigilancia de empresa recibe una llamada y les habla para decirles el contenido: “Dile que sigue Armando y Nan”, la última palabra no se escuchó completa. A partir de ese día dejaron los turnos normales de oficina. Después les habla un empleado para comentarles que el dueño de un taller que anduvo en actividades delictivas, al referirse a Medardo Meléndrez dijo: “…pobre cabrón, a lo mejor ni fue y le va a tocar. Viene un grupo de Chihuahua y dicen que no va durar ni cuatro días vivo”, después de eso dejaron de acudir a las instalaciones de la empresa.

De las líneas de investigación, Gonzalo Gutiérrez Guerra aseveró que la procuraduría había detectado varias denuncias contra el fallecido regidor relacionadas con el cobro de los préstamos monetarios que hacía y que ya había varias personas declaradas. “Por qué no profundizaron, era gente con evidentes problemas económicos que se sentía todavía  afectada en sus bienes. De dónde sacaba el dinero que prestaba, cómo lo entregaba y cómo lo recuperaba”.

“También es versión pública que el edil era amigo de Rómulo Molina Michel, asesinado, hermano de Óscar Molina Michel”.

Rómulo tenía permiso de transporte y era empresario turístico, pero en junio de 2005 fue secuestrado y asesinado por un comando de policías corruptos integrado al tráfico de drogas. Y Óscar Molina fue detenido el 29 de agosto del mismo año en su hotel El Faro en Ensenada, con cuatro empleados acusado de crimen organizado y tráfico de enervantes.

“No estamos diciendo ni sugiriendo nada, pero si van a investigar que investiguen todo y bien, aquí se pueden pensar una y mil cosas, pero tienen que probar”, apuntó Gonzalo Gutiérrez.

— ¿Hay llamadas de ustedes con números en Mexicali?

“No; pues dijeron que los sospechosos (del homicidio de Castellanos)  pero no somos nosotros”.

—Pero están pidiendo las órdenes de aprehensión contra ustedes…

“El procurador dijo muchas cosas que no son ciertas, testigos protegidos que nunca han existido, y sí dijo que había más de un teléfono de Mexicali que contestaba de los tres municipios, pero a nosotros qué, si ahí tuvieran las pruebas pues adelante, pero realmente nosotros no tuvimos nada que ver”.

— ¿Tuvieron algo que ver con la muerte del regidor Castellanos?

“Absolutamente nada”.

—Se estaban peleando por rutas y dinero, ése sería el móvil...

“Si usted tiene un fraude conmigo de 5 millones de pesos y ya se lo tengo comprobado  (conforme a un estudio del despacho Freyssinier) ¿para qué le quito la vida? Además ni es dinero nuestro, es dinero de la empresa, a ver ¿ahora a quién le cobro? Ese dinero se perdió.

“Han manejado que nuestras familias tiene la mayoría de Rojo y Blanco, pero yo, Medardo, tengo tres rutas, Armando tiene cuatro y Gonzalo tres, y somos 89 socios en los que está distribuida la empresa. Incluso Castellanos, ahora su familia, tienen tres rutas.

“Ellos sacan el móvil con puras mentiras diciendo que somos dueños de todas las mejores rutas, que nos las apropiamos, pero no es cierto las tenemos desde hace 15 y 13 años”.

De acuerdo a las investigaciones de la PGJE los señalados habrían ordenado el ataque a Castellanos para evitar que los denunciara por fraude.

Acusan trasfondo

Los presuntos responsables aseguran que después que sucedió el desafortunado incidente contra el regidor Arturo Castellano, Raúl Carrillo, director de transporte municipal de Ensenada y sus opositores al interior de Transportes Rojo y Blanco aprovecharon la confusión para tratar de removerlos y quitarles las rutas. “Ellos son los que nos están señalando como responsables de algo que no hicimos, pero no pueden hacernos culpables nada más por puros dichos”.

Atribuyen un origen mezquino, la pugna jurídica que según los integrantes de la mesa directiva, han llevado con Transportes El Vigía apoyados por Carrillo desde 2004. Pero  este señalamiento fue negado por el funcionario, reconoció conocer el tema como director de transportes, pero rechazó haber apoyando a o asesorado a los otros transportistas

Por este asunto, después de varios años, un juez les otorgó a Rojo y Blanco mediante un amparo la suspensión definitiva. Nadie puede invadir sus rutas mientras un juez federal no determine la legalidad o ilegalidad del  documento emitido en 2004 donde se aprobaba que compartieran itinerarios con los de El Vigía.

Ahora consideran que Carillo aprovechó la situación para inmiscuirse en asuntos de la empresa, y pretendía colocar a la cabeza a una directiva que se desista del amparo y repartir las rutas y como prueba hablaron de la sesión de la empresa en la que estuvieron presentes  el director de transporte el Alcalde Enrique Pelayo, la regidora Livia Couttolenc, Noé Rivera, coordinador de gabinete, y dos funcionarios más, para respaldarlos.

Al final en la sesión del viernes 25 esa planilla integrada por Ricardo Gómez, Hugo Montaño, David Jiménez, José Centeno, Francisco Parrales y Gabriel Espino perdió en la elección interna donde sólo obtuvieron 13 votos y contra más de 50 de los socios que votaron porque permanecieran la actual mesa directiva, a pesar de los señalamientos.

Carillo mostró un documento firmado por algunos socios manifestando que la “desaparición” de sus líderes les impedía hacer trámites y los estaba afectando y pedían apoyo del ayuntamiento, para poder regularizar la situación. “Jamás nos inmiscuimos en la vida interna de ninguna empresa o cooperativa, nunca actuamos más allá de nuestras facultades y no impusimos a nadie, nos pidieron apoyo para poder hacer sus trámites de manera regular y nos dijeron que no encontraban a los miembros de la mesa directiva y por escrito solicitaron nuestra intervención, hasta ahí.

“Mi trabajo es que anden regulares y mi participación no va más allá”.

En ningún momento hemos tratado de invadir las rutas de Rojo y Blanco y ya se lo dijimos a la mesa directiva. De hecho son ellos los que no han querido participar dentro de la auditoría que estamos haciendo de las rutas, como al llegar no encontramos nada, les pedimos los documentos oficiales que tengan del otorgamiento de las rutas y ampliaciones, todos respondieron, pero después de cuatro meses ellos siguen sin enviarla, en eso es en lo que estamos entrampados con ellos”.

“Respecto a la ampliación de ruta que se otorgó a la línea amarilla para el Cobach, atraviesa  una calle de sus rutas, pero no la invade, no tienen ni el mismo origen ni el mismo destino, el amparo se está respetando”.

Admitió que en la reunión que tuvieron el fin de semana la discusión se tornó ríspida cuando le mencionaron al ex regidor Castellanos, según los transportistas le dijeron que estaba aprovechando la situación.

Carrillo recordó: Sí les dije que no lo metieran y que iba hacer todo lo que estuviera en mi mano para que los hijos de la chingada que lo mataron pagaran, si se sintieron amenazados eso ya es cuestión de sus conciencias, pero creo que no hay ningún ensenadense que no pugne por que este asunto sea aclarado.

Sin embargo negó haber mencionado ningún grupo mafioso en ese alegato.

Meléndrez y los Gutiérrez aseveraron que el funcionario les advirtió que la gente de “El Faro  (socios criminales de Óscar Molina Michel) está molesta”. Ante ZETA Carillo respondió: “No se de qué están halando”.

Mientras los rumores y las amenazas, entre transportistas y funcionarios continúan, la procuraduría sigue entrampada y a casi dos meses de la muerte del edil, los responsables, materiales e intelectuales continúan en libertad.