Ya sea que se confirmen o no las fuertes versiones recabadas por Proceso en el sentido de que la explosión en las oficinas centrales de Pemex se debió a un atentado urdido por Los Zetas, lo que queda al descubierto en la tragedia es la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas del país y de la población civil.
Jorge Carrasco A. y Anabel Hernández
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- La afectación física de las oficinas administrativas de Pemex en la
capital del país congregó a los servicios de seguridad e inteligencia del
Estado. Al lugar corrieron agentes y elementos del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Policía
Federal (PF), Ejército, Marina y de las agencias de seguridad y justicia del
Distrito Federal.
Todos acudieron a
recabar información; los militares pusieron en marcha el plan DN III de ayuda a
la población civil. También llegaron Peña Nieto, su supersecretario de
Gobernación –encargado político y operativo de la seguridad del país–, Miguel
Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Participantes en
esos encuentros aseguraron a Proceso que desde los primeros momentos de la
destrucción de los tres niveles de la edificio B-2 elementos del Cisen y
peritos de la PGR sostuvieron la idea de un atentado.
Los expertos
consultados refirieron rastros de explosivo Composite 4 (C4), una potente carga
formada por explosivo químico y un aglomerante plástico que es de uso militar y
ha sido empleado en varios atentados terroristas.
Mencionaron incluso
que algunas cargas no detonaron; de lo contrario, el número de víctimas hubiera
sido mayor. Los datos oficiales contabilizaron 33 personas muertas y 101
heridas, algunas de gravedad.
De acuerdo con esa
versión, los peritos en explosivos del Ejército y de la Marina recogieron los
restos del material y lo llevaron al Campo Militar número 1, donde confirmaron
que es C4. Estiman que el explosivo se colocó en pequeñas cantidades en áreas
cerradas, como aire acondicionado, cuartos de servicio y botes de intendencia,
y que habría sido ingresado en mochilas o portafolios.
Los expertos
estadunidenses llegaron al complejo administrativo hacia las 10 de la noche en
un vuelo privado. Lo primero que hicieron fue rastrear las llamadas realizadas
desde esas oficinas y las efectuadas a éstas.
En especial, se
rastreó una llamada desde Veracruz, donde el Ejército ha asegurado varias
cargas de explosivo C4, dijeron.
Los peritos
estadunidenses también recogieron audios de Pemex, revisaron los autos de la
zona y pidieron los videos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues no
descartaron la presencia de extranjeros sospechosos.
Más inquietante, esa
versión sostiene que en el lugar se habría encontrado información relacionada
con Los Zetas, quienes entre otras actividades delictivas se dedican a la
“ordeña” de ductos de Pemex para revender el combustible que ellos llaman
huachicol.
El supuesto indicio
de la presencia del narcotráfico sería un reclamo de ese cártel a Osorio Chong
porque la Policía Federal y la DEA realizan operaciones en Veracruz con
uniformes y vehículos de Pemex. Personal especializado de la Sedena habría
viajado esa misma noche a aquel estado, bastión zeta.
Las fuentes dijeron
que el 12 de enero pasado aparecieron mantas en Hidalgo y Zacatecas en contra
del secretario de Gobernación: “Osorio Chong no estás respetando el acuerdo con
nuestro jefe máximo. No por muerto te valga madre porque nos dejó órdenes
precisas”. El mensaje habría aludido a Heriberto Lazcano, El Lazca, ejecutado
de manera fortuita por la Marina en octubre último.
Ni el Cisen ni el
Ejército ni nadie advirtió de una tragedia como la del jueves. Sea accidente o
atentado, es producto de la negligencia del aparato de seguridad del Estado,
asegura Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la
Universidad Iberoamericana y consultor académico del Royal United Services
Institute for Defense and Security Studies (RUSI), de Londres.
“Trátese de un
accidente o, peor aún, de un atentado, la explosión constituye un primer
desafío al gobierno de Peña Nieto sobre sus concepciones de seguridad y manejo
de riesgos”, asegura.
La cerrazón
informativa que ha mostrado su gobierno abona toda clase de hipótesis: Desde
que el avejentado equipo de las instalaciones administrativas de Pemex potenció
una alta concentración de gas, hasta la de un supuesto atentado que se habría
realizado para producir miedo o terror entre la población y poner en evidencia
la vulnerabilidad gubernamental justo al inicio de la gestión de Peña Nieto y
precisamente en torno de un organismo estratégico del Estado.
Tirado pondera, sin
embargo, el hecho de que el edificio principal no haya sido afectado, además de
la falta de reivindicación del ataque, como cuando el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) admitió haber provocado ocho explosiones en ductos de
Pemex en Guanajuato en julio de 2007, al inicio del gobierno de Felipe
Calderón.
“Si bien el gobierno
de Peña Nieto respondió con presencia y acciones para la atención inmediata del
problema, en el fondo lo que ha hecho es negarse a informar. Una vez que tomó
el control de la información desde el momento mismo de la explosión, el cerco y
la ausencia de datos ha generado incertidumbre y alimentado todo tipo de
explicaciones”, dice el especialista.
Añade que después de
los atentados terroristas de septiembre de 2011 en Estados Unidos, en lugares
donde se han registrado ataques de ese tipo, como en Madrid en 2004, y Londres
en 2005 y 2012, se ha reconocido la naturaleza de los hechos, lo que ha
permitido un mejor manejo de control de daños. Lo mismo se ha hecho en
Colombia. Aquí, dice Erubiel Tirado, la apuesta gubernamental se ha basado
hasta ahora en la experiencia política de los operadores y en el control de la
información.
Este es un extracto del reportaje que se publica bajo
el título Vulnerabilidad a los accidentes… y los atentados en la edición 1892
de la revista Proceso, actualmente en circulación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario