Deshuesadero podría contaminar playas, advierten
ambientalistas de Ensenada
Mientras que la autoridad federal y estatal, además
del pasado ayuntamiento, autorizaron la instalación de una terminal portuaria,
valorada en 329 millones de pesos, para desmantelar barcos y facilitar el
embarque de diversos materiales, grupos ecologistas han denunciado a la
Semarnat las afectaciones que esto tendrá en las playas aledañas, lo cual
también tendrá un impacto negativo para el turismo.
Javier Cruz Aguirre
Contra el deseo de
la mayoría de los habitantes de Ensenada, la empresa Amaya Curiel y Compañía,
representada por el arquitecto Roberto Curiel Ortega, recibió la autorización
de los gobiernos federal, estatal y municipal para instalar una terminal
portuaria para el desmantelamiento de embarcaciones, acopio y embarque de
gráneles minerales de hierro, chatarra y acero.
La oposición de
diversos sectores de la sociedad, incluido el nuevo Ayuntamiento de Ensenada,
se deriva de la posible actividad altamente contaminante de un proyecto que
anuncia una inversión de 329 millones de pesos, que exportará a Estados Unidos
y Asia grandes cantidades de mineral que se extraerá de las minas de hierro de
Eréndira, y transportará en una segunda etapa millones de toneladas de chatarra
a las fundidoras de acero instaladas en la costa de Michoacán.
De momento el XX
Ayuntamiento de Ensenada anunció que no otorgará ningún permiso de uso de suelo
a la empresa, y que su Dirección de Ecología presentó una denuncia ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque la empresa del
influyente arquitecto inició actividades de desmantelamiento de barcos sin
tener aún el permiso de cambio de actividad de la Administración Portuaria
Integral (API) de Ensenada.
De hecho la Comisión
Consultiva del Puerto, que interactúa cuatrimestralmente con la dirección
general de la API sin ningún poder garante, pese a que en ella se incorporan
representantes de diversos sectores activos de Ensenada y del gobierno,
resolvió enfrentarse al proyecto y pedir al director de la oficina, el
ingeniero Carlos Jáuregui González, que no otorgue a la empresa el cambio de
actividad en la concesión que le dio en 2005.
Por su parte el
ingeniero Eduardo Enrique González Hernández, titular de la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, este año dio un resolutivo
ambiental a favor de la empresa de Amaya Curiel y Compañía donde asentó que no
generará impactos ambientales significativos ni causará desequilibrio ecológico
en su zona de influencia (la desembocadura del arroyo El Gallo, en la porción
sur del recinto portuario de Ensenada).
“No viola la
normatividad de la región y sus efectos (de daño ambiental) pueden ser
mitigados y/o compensados con medidas preventivas y técnicamente viables”,
según expuso en su dictamen.
Por ello autorizó de
manera condicionada la construcción y operación del desmantelamiento de
embarcaciones y acopio de gráneles, y le proporciona un año de gracia para la
construcción del proyecto.
Roberto Curiel
obtuvo del mismo funcionario un permiso de 30 años para operar y dar mantenimiento
al sitio, siendo posible que se le autorice una ampliación por un tiempo no
determinado en el resolutivo de González Hernández.
El proyecto
La superficie de la
cesión consta de un área de 251 mil 878.69 metros cuadrados y se distribuye de
la siguiente manera: para gráneles minerales: 17 mil 937 metros cuadrados; para
desguace, chatarra, áreas administrativas y de manejo de residuos: 118 mil 643;
para el muelle Uno, 11 mil 137; para el muelle Dos (parcial para la segunda
etapa del proyecto): tres mil 390, y para el área en agua: 100 mil 770 metros
cuadrados.
De acuerdo con el
empresario, el proyecto consiste en dos actividades distintas: la primera es el
acopio y embarque de gráneles minerales y chatarra; la segunda es el desguace
de embarcaciones en dique seco.
Para ello la empresa
pretende adecuar las instalaciones existentes en el muelle de usos múltiples
ubicadas al sur del puerto, infraestructura que hace seis años fue concesionada
por la API a Amaya Curiel, sus socios y subarrendadores internacionales para que
construyeran el material necesario en el rompeolas del puerto concesionado a la
empresa Energía Costa Azul, una de las filiales mexicanas de las trasnacionales
Royal Dutch Shell y Sempra Energy.
El profesional, ex
socio del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel en muchos proyectos de gran
inversión, recordó que las embarcaciones son estructuras móviles de tamaño
considerable, hechas principalmente de acero.
“Al final de su vida
activa se convierten en una fuente apreciada de chatarra de hierro. Ese material
proporciona una alternativa a los recursos minerales no renovables y se adapta
especialmente a la producción de artículos de acero simples”, explicó.
Manifestó que las
embarcaciones obsoletas destinadas al desguace, pueden convertirse también en
una fuente útil de equipo y componentes de segunda mano.
“La mayor parte de
la corriente de desechos generada por el proceso de desguace –dijo–, puede
recuperarse en gran medida y los equipos y componentes utilizables, los
dispositivos eléctricos (radios, computadoras, aparatos de televisión,
etcétera), el equipo de salvamento (boyas salvavidas, trajes de supervivencia y
balsas), el equipo sanitario, compresores, bombas, motores, válvulas y
generadores, se pueden volver a utilizar en otras aplicaciones, en tanto que la
chatarra de las estructuras de acero se vuelve a procesar”.
Así, para el
empresario la producción de acero procedente de chatarra, en comparación con la
que resulta de minerales, representa un considerable ahorro en el consumo de
energía y, desde esa perspectiva, se puede afirmar que el desguace de
embarcaciones cumple los principios de sustentabilidad.
“Gracias al desguace
es posible eliminar del puerto y de las aguas internacionales, sin dilación, el
tonelaje que ya se encuentra obsoleto”.
Informó que el
desguace en un dique seco, que es el sistema que Amaya Curiel pretende operar
en la zona concesionada, ofrece mayor protección a los trabajadores y al medio
ambiente al contar con la infraestructura y los servicios necesarios para esta
actividad, como lo es la conexión de energía eléctrica, la recolección de
basura, agua potable, servicio de grúa y telefónico, iluminación exterior,
accesos para vehículos pesados, servicio contra incendio, sistema de andamiaje
y control de derrames.
“En este proyecto
–manifestó–, se adoptarán todas las medidas posibles para garantizar que los
desechos peligrosos y otros residuos, se manejen de manera que queden
protegidos en el medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden derivarse
de tales desperdicios, de acuerdo a las restricciones y lineamientos marcados
por la autoridad correspondiente”.
Respecto a los
gráneles minerales, éstos serán llevados al puerto de usos múltiples vía
terrestre a través de tractocamiones, ya que las minas de hierro se encuentran al
sur de municipio, específicamente en la delegación municipal de Eréndira,
localizada aproximadamente 100 kilómetros al sur de Ensenada.
Actualmente la
empresa sostiene pláticas con diversas empresas mineras para dar inicio a esta
actividad. Entre la minas que negocian se encuentran La Fortuna I, II y III;
Yesenia y Pícale, y la Reina de Acero. Se trata principalmente de mineral de
hierro triturado con un tamaño máximo de 10 centímetros.
La empresa proyectó
llegar en cinco años más (2016) a manejar un volumen total de 1.5 millones de
toneladas por año. Esto de acuerdo con el siguiente plan de trabajo: En el
primer año moverá hasta 600 mil toneladas; en el segundo 720 mil; en el tercero
840 mil; en el cuarto 960 mil, y en el quinto un millón 200 mil toneladas. En
los patios de la terminal concesionada, Amaya Curiel estima almacenar un
volumen máximo de 120 mil toneladas.
En cuanto al
movimiento de chatarra, la empresa plantea generarla a partir del desguace de
embarcaciones de grandes dimensiones (hasta de 35 mil toneladas de peso en
rosca).
Con ello pretende
iniciar el intercambio comercial con el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán a
efecto de embarcar chatarra para las fundidoras de esa región que demandan el
producto.
El embarque de
gráneles minerales se realizará mediante una banda transportadora y el volumen
a embarcar puede variar dependiendo del tamaño de la embarcación.
“Se estiman
volúmenes mínimos de 30 mil toneladas y máximos de 100 mil toneladas, con
destinos a clientes potenciales en los Estados Unidos, Asia y México. Buena
parte de ese producto se movilizará por barcazas en embarques de tres mil a
cinco mil toneladas con destino a Lázaro Cárdenas para así aprovechar y traer
producto terminado por la misma vía (cabotaje)”, informó.
La empresa, afirmó
Curiel, no tiene contemplada la movilización de chatarra por la vía terrestre.
El empresario habló
finalmente de la construcción del encauzamiento del Arroyo El Gallo en un canal
de concreto hidráulico, obra íntimamente ligada a la zona de amortiguamiento,
la cual tendrá 3.50 metros de ancho y una longitud total de 320 metros a lo
largo del canal.
“La idea –indicó el
arquitecto-, es construir dos hileras de árboles intercalados. Esta obra vendrá
a sumarse a la que actualmente está realizando la API con apoyo de Amaya Curiel
y de Cemex, consistente en un área verde a la entrada de la terminal”.
Para la realización
de todo el proyecto la empresa contempla una inversión de 329 millones 355 mil
pesos, que se repartirán de la siguiente forma:
A.- Dragado de
dársena y canal de navegación a menos 14 metros del nivel del mar: 45 millones
500 mil pesos. B.- Construcción del muelle 1 de carga para área de gráneles,
chatarra y acero: 65 millones de pesos. C.- Construcción del muelle 2 (Fase 2,
no se incluye en el presente proyecto): 45 millones 500 mil pesos. D.- Patios
para acopio de Gráneles Minerales: 19 millones 500 mil pesos. E.- Relleno y
escollera de protección para muelle de carga de chatarra (Fase 2, no se incluye
en el presente proyecto): 26 millones de pesos.
La oposición
Son diversos los
sectores que se oponen a la construcción de la terminal portuaria para el
desmantelamiento de embarcaciones, acopio y embarque de gráneles minerales de
hierro, chatarra y acero.
De hecho varios
antagonistas de Amaya Curiel presentaron por escrito sus argumentos a la
Semarnat en el proceso de consulta pública hecho a finales del año pasado –no
se aceptó realizar una reunión pública de información del proyecto–, pero
ninguno fue atendido por la dependencia federal.
La maestra en
ciencias Ruth Rosas Gómez, miembro de la organización civil Haciendo lo
Necesario, señaló que el proyecto es contrario a la planeación de Ensenada que
como ciudad sustentable determina el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de
Población Ensenada 2007-2030, el Plan de Desarrollo Municipal de Ensenada y la
Agenda 21 de Ensenada-2008.
Consideró que el
manejo de residuos peligrosos de la empresa, afectará a los trabajadores de la
compañía, al medio ambiente y a la comunidad en general, colocando a México en
la cabeza de las naciones subdesarrolladas que por sus bajos sueldos, su
desorganización, sus bajos niveles de protección laboral y sus laxas leyes de
Protección Ambiental, aceptan ese tipo de empresas al igual que lo hacen países
como Bangladesh, India, Turquía y Paquistán.
Manifestó que se
trata de un proyecto evaluado a medias, ya que tan sólo refiere la primera
etapa del proyecto, por lo que limita su evaluación ambiental integral.
“El proyecto no revela
qué sucederá con las actividades de astillero que realizará la empresa en una
segunda etapa, y no toma en cuenta los vientos dominantes de la ciudad, que son
de norte a sur, y no considera actividades de encierro en sus operaciones”,
dijo.
Agregó: “Tampoco
evalúa los niveles de ruido y no considera que a menos de 500 metros del sitio
se encuentra la playa municipal de la ciudad de Ensenada y el Hospital Naval, y
que a menos de un kilómetro de distancia hay un hospital privado, las
instalaciones de la Segunda Zona Naval, así como diversas zonas residenciales,
turísticas y comerciales”.
Para la académica,
el proyecto tampoco determina qué hará la empresa con el caos vial que
provocarán los camiones que circularán intensamente por las calles y avenidas
principales de la ciudad.
Por su parte la
maestra en ciencias Alma Dora Morelos, de la empresa ambiental Lorax
Consultores, S. A. de C. V., resaltó que Amaya Curiel no proporcionó
información acerca de cuántos barcos desmantelará al año y cuál es su capacidad
operativa, por lo que no es posible hacer una evaluación completa y correcta
del impacto que estos residuos crearán en el sitio, sus inmediaciones y en la
comunidad porteña en general.
Consideró que el
Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) no cuenta con el suficiente sustento
técnico para justificar la construcción del canal pluvial en el arroyo El
Gallo, y no informa qué hará con los 825 mil 724 metros cúbicos residuales del
dragado.
“No menciona los
niveles de azolve de la zona portuaria y tampoco presenta coordinación en la
información de oleaje, en tanto que presenta información obsoleta del
transporte litoral de sedimentos. Tampoco menciona o relaciona información
científica al respecto, lo cual demuestra su total desconocimiento del tema”,
apuntó.
Los mismos datos
obsoletos se utilizan para identificar la flora y la fauna del sitio y el
estudio de riesgo no presenta trabajos de campo, limitándose a usar información
general de la Bahía de Todos los Santos.
“Tampoco se analizó
las características del paisaje y presenta información confusa y desordenada en
materia de riesgos por accidentes, además de que no vincula las normas
oficiales en materia de salud y riesgo de trabajo por peligro en el uso de
fibras de asbesto, tema en el que tampoco presenta un programa de control
sanitario ni medidas de manejo, por lo que viola la NOM-125-SSA1-1994”.
Destacó que otras
obras hechas en el pasado por Amaya Curiel en la zona, como el espigón El
Gallo, modificaron el comportamiento del oleaje dentro de la rada portuaria de
Ensenada, con lo cual disminuyó la funcionalidad del puerto por completo, sin
que las autoridades sancionaran esa irregularidad.
Por su parte, el
Consejo Deliberativo Proturismo de Ensenada, órgano descentralizado de
colaboración municipal, manifestó su “oposición rotunda” a los permisos del
proyecto portuario porque la empresa viola disposiciones del Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población Ensenada, que claramente decreta que
el puerto de Ensenada debe cambiar sus actividades hacia la actividad turística
y recreativa.
“Además –agrega en
un oficio–, el proyecto afecta los esfuerzos del sector turístico de Ensenada
por atraer más cruceros, más inversiones a la playa municipal de la ciudad y a
la zona de festejos aledaña a la zona, deteriorando la imagen visual y el
paisaje de la Bahía de Todos los Santos”.
A su vez la Comisión
Consultiva del Puerto destacó que Ensenada ha buscado fortalecer esa zona del
puerto para el turismo, tratando de embellecerla, limpiarla, ordenarla y
planear sus actividades para la recreación playera de nativos y foráneos.
“Pero las actividades
de la empresa (Amaya Curiel y Compañía) generarán un gran ruido, residuos
peligrosos y no peligrosos, así como contaminación del aire, del agua de mar,
la flora y la fauna e impactos negativos al paisaje”.
En su
posicionamiento, los consultores del puerto manifestaron que la obra de Curiel
Ortega sí afectará el turismo y pondrá en peligro a los usuarios de la playa
municipal, así como la zona comercial y residencial aledaña a la terminal
portuaria, por lo que “definitivamente nos oponemos a ese proyecto”.
En este tema el
ingeniero Andrés Armenta González, ex presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Pesquera en Baja California y coordinador de la comisión que se creó
en el Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten) para ver ese asunto,
reveló que la mayoría de los miembros de la Comisión Consultiva del Puerto se
oponen al proyecto de Roberto Curiel por ser contrario a los lineamientos
urbanísticos de la zona.
“Además, según el
contrato que Curiel firmó con la API, no puede llevar a la práctica su proyecto
salvo que vaya a ser algo comercial o turístico, la otra forma de evadirlo
sería que fuera por otro contrato, pero en ese caso no va a disfrutar del valor
residual de la inversión que la empresa hizo hace seis años porque, cuando acabas
el primer contrato, eso ya es propiedad del gobierno federal, de nosotros los
mexicanos. Entonces, te lo voy a prestar vía una cesión parcial de derechos,
pero te voy a cobrar una contra prestación de acuerdo a lo que vale eso. Ya no
se te va a dar de gorra”.
Asimismo reveló que,
a diferencia de lo que hizo el XIX Ayuntamiento de Ensenada, en este momento la
voluntad del municipio es que no aprobará el proyecto. “El Ayuntamiento de
Ensenada tiene que dar su consentimiento definitivo. Si no lo obtiene, el proyecto
no va. ¿Cómo van a poner una actividad de alto riesgo, ruidosa, contaminante
del medio ambiente, enseguida del desarrollo de la Playa Municipal? ¡Santo
Dios!”
Informó que Amaya
Curiel ya trabaja en el desmantelamiento de barcos –compró tres ferrys viejos
del área de Vancouver, Canadá–, aun cuando no cuenta con el permiso
correspondiente de la API, que hasta la fecha no ha impuesto una sanción a la
empresa pese a que el contrato dice claramente que una falta de esa naturaleza
amerita la anulación de la concesión.
“Lo cierto es que
están deshuesando barcos pese a no contar aún con la concesión de la API, que
ni ha multado ni ha parado nada porque la empresa tiene a su favor la voluntad
política de la autoridad federal y estatal”.
— ¿Quién los puede
parar?
“El municipio, que
ahora parece ser la única autoridad que ve la situación en su justa dimensión”.
— ¿Y quién va apoyar
al ayuntamiento?
“La Constitución y
la sociedad que se quiera adherir al Ayuntamiento, que definitivamente está
aislado con las otras dos instancias gubernamentales y los medios de
comunicación, que no paran en echarle tierra, manipulando y desinformando a la
opinión pública”.
También hay pleito entre autoridades
Armenta González
denunció que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), intervino en un asunto que sólo
compete a los porteños porque corresponde al ayuntamiento determinar los usos
de suelo.
El armador se
refirió específicamente al oficio número 006142, de fecha 11 de noviembre del
2010, que giró la Dirección de Ordenamiento Territorial de la SIDUE, en donde
la entidad estatal manifiesta la congruencia normativa y ambiental del
proyecto.
Otras dependencias
federales y municipales también apoyan a la empresa. Por ejemplo, el 4 de
noviembre del 2010 la Comisión Federal de Competencia emitió el oficio número
SE-10-96-2010-490, que contiene la opinión favorable al proyecto.
También el oficio
SAU/171/2010 de fecha 22 de junio del 2010, el cual contiene la opinión
favorable (“por apegarse a la normatividad vigente”) al proyecto sobre uso de
suelo y condicionante de la Secretaría de Administración Urbana Municipal.
Finalmente, el
oficio CU/F1001/082/2010, de fecha 29 de noviembre del 2010, relativo a la
Factibilidad de Uso de Suelo por Verificación de Compatibilidad, emitido por la
Dirección municipal de Control Urbano y Uso de Suelo cuando faltaba un día para
el cambio de gobierno municipal en Ensenada.
De hecho la
autorización municipal se dio a una velocidad vertiginosa, ya que Amaya Curiel
presentó la solicitud de factibilidad de uso de suelo al gobierno municipal que
presidió Pablo Alejo López Núñez, el mismo 29 de noviembre.
Tres días antes, el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ensenada emitió el
oficio número 331/IMIP/2010, en donde resuelve que el Estudio de Impacto Urbano
(EIU) del proyecto “no puede ser aprobado” en virtud de que la empresa viola
disposiciones del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de
Ensenada 2007-2030, en el sentido de que éste no permite las actividades de
alto riesgo en la zona en la que se pretende instalar.
Asimismo determinó
que el EIU no especifica las interacciones e impactos que tendrá la actividad
pretendida con el mar, “y en particular en aspectos de salud con la playa
pública que se encuentra de manera inmediata a la zona de aplicación del
proyecto”.
Otra observación
señala que la superficie del dique seco estará en contacto de manera inminente
con el agua de mar circundante, y a la vez se relacionará con una serie de
residuos tóxicos y peligrosos “como amianto, TBT, SAO y lodos contenidos en las
embarcaciones a desmantelar”.
Finalmente, el
instituto municipal de planeación destacó que las naciones que cuentan con el
servicio para desmantelar embarcaciones, son identificadas por su “mano de obra
barata y criterios normativos flexibles”, características “con las que no se
quiere relacionar a Ensenada”.
El documento del
IMIP dio origen a un oficio de la Dirección de Ecología Municipal de la
Secretaría de Administración Urbana, de fecha 2 de diciembre del 2010, en el
cual la dependencia se opone a la aprobación del proyecto para posteriormente
presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), advirtiendo sobre el riesgo de derrames y otros contaminantes que se
generarán de la actividad industrial.
Por su parte una red
de organizaciones ambientalistas de Ensenada –Red Calidad de Vida–, anunció que
está preparando un manifiesto en contra del desmantelamiento de embarcaciones,
y realizó una manifestación pacífica de protesta frente a las instalaciones de
Amaya Curiel y Compañía, como parte de una serie de acciones que diversos
sectores de la sociedad ensenadense realizarán este año para impedir la puesta
en marcha del proyecto.
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