Cabildo tiene en sus manos dictamen a
favor de un cambio de uso de suelo para la operación de un negocio de
autopartes usadas en una supuesta zona federal, a nombre de Víctor Manuel
Padilla alias “El Negro” o “El Chatarras”. Aseguran recibir llamadas por cobro
de piso mientras el Gobierno del Estado intensificó los operativos para
detectar vehículos robados
El Consejo Municipal de
Yonkes Chatarreros y Grulleros de Ensenada, SA de CV, acusa al gobierno de
obstruir el crecimiento económico del sector e hizo públicas amenazas recibidas
por parte del crimen organizado.
Luego de que su homólogo
Víctor Manuel Padilla Murillo alias “El Negro” o “El Chatarras” fue detenido en el Aeropuerto de Guadalajara
por el delito de secuestro y trasladado a Ensenada para continuar el proceso
judicial, donde fue liberado 48 horas después por falta de elementos de prueba,
los yonkeros iniciaron protestas.
“El Chatarras” es propietario
de recicladoras en Ensenada y durante agosto fue señalado como líder un grupo
criminal en cuatro narcomantas colocadas en distintos puntos de la ciudad, removiéndole
dos escoltas de la Policía Ministerial del Estado que le asignaron porque en
dos ocasiones atentaron contra su vida.
La última información sobre
Padilla se generó el jueves 12 de septiembre, cuando en el Orden del Día de la
Sesión de Cabildo su nombre figuró en la solicitud 032/2019, referente a un
cambio de uso de suelo a industrial.
El permiso es para operar
otra recicladora adicional a la de El Sauzal, en operación desde principios de
año a unos metros del arroyo federal de la colonia Jesús Munguía, zona
habitacional de alta marginación en los suburbios de Ensenada.
Con los años allí se han
establecido decenas de yonkeros, por lo que hay una fuerte disputa por los
terrenos.
El miércoles 18 de
septiembre, los yonkeros organizados se manifestaron en el edificio del
Ayuntamiento en contra de la solicitud de cambio de uso de suelo que realizó
“El Chatarras”, a razón de que han hecho la misma petición en esa zona y se las
han negado por ser un área en zona federal.
Los inconformes fueron
recibidos por el secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa y el
coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, David del Moral Silva, quienes
se comprometieron a revisar los documentos de todos para dar trámite y ayudar a
regularizar la situación.
SECTOR ASEGURA
TENER AMENAZAS DEL NARCO
El 8 de septiembre, cinco
agremiados recibieron mensajes vía celular como sentencia de muerte a quienes
no cumplan con el pago por cobro de piso.
“No sabemos si se trata de
una broma, pero fueron cinco los que recibieron”, indicó el dirigente.
En otras ocasiones han
recibido amenazas parecidas con clave Lada de otros estados del país, no
obstante las más recientes se dieron desde números de Tijuana y Ensenada.
Los afectados dijeron tener
miedo de estas amenazas, pero no denunciarán ante las autoridades
correspondientes. No dudan que la información que ha trascendido sobre Padilla
los ponga en riesgo.
“Desde mañana se va a cobrar
piso a todos los yonkeros, ya se le avisó al presidente ocupamos respuesta”,
refiere una parte del mensaje; el resto son advertencias.
— ¿Les dijeron qué porcentaje les cobrarán?, cuestionó
ZETA a uno de los afectados.
“No, nos dijeron”.
— ¿Dónde o cuándo tienen que entregar el dinero?
“Tampoco, no hemos querido
responder los mensajes”.
— ¿Van a denunciar?
“No, tenemos miedo y muy poca
confianza en las autoridades, solo exigimos que hagan algo para que el gremio
esté mejor organizado sin problemas de delincuencia”, remató.
REVISADOS POR PGJE; LOS ACUSAN DE DELINCUENTES
Acorde con los denunciantes,
en los últimos meses de la gubernatura de Francisco Vega de Lamadrid, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), junto el gobierno municipal
de Marco Novelo Osuna, han redoblado los operativos.
Afirman que cien negocios
irregulares no son fiscalizados por las autoridades.
“Ahora que ya se van,
comenzaron a vigilarnos con más rigor y nos parece injusto que si en tres años
no recibimos operativos, por qué antes de concluir nos llegan con órdenes de
cateo”, mencionaron los yonkeros organizados, quienes han tenido encuentros con
quienes conforman las reuniones de coordinación, pero los acuerdos no se
respetan, incluso con los delegados del Gobierno Federal.
LEGAL, TRÁMITE DE USO DE SUELO PADILLA
El regidor David del Moral
Silva informó que desde el 1 de marzo de 2019 presentaron la petición para el
cambio de uso de suelo a nombre de Rubí Alejandra Ruz Cruz en representación de
Víctor Manuel Padilla, para operar una recicladora de metal con superficie de 2
mil 100 metros cuadrados.
La solicitud fue remitida al
Instituto Municipal de Investigación y Planeación, donde se definió la
compatibilidad de uso de suelo. Adicionalmente, aunque sea zona federal, el
terreno donde opera la recicladora está en registro en la Notaría Número 1. El
dictamen resultó favorable para los solicitantes y se aprobó por la mayoría de
los regidores.
SIN BANCO DE DATOS PARA EVITAR COMPRAR ROBADO
Otro daño colateral para los
yonkeros organizados, es la falta de remate de bienes por parte del Gobierno
del Estado y del Ayuntamiento.
Acusan que todo está
“arreglado” que solo llevan a cabo una convocatoria por lo general dirigida a
empresas de Tijuana, a las que por 400 mil dólares dejan remates de 300 a 700
carros. No hay manera de que tengan acceso a esos beneficios y evitar la
presencia de automóviles robados dentro de sus negocios.
En varias ocasiones han
pedido que los remates sean por lotes, es decir, un remate de 37 vehículos por
un precio inicial de 145 pesos a 307 mil pesos.
“Si esos carros salieran a
remate llegaría más dinero al Ayuntamiento y el Estado, pero como se apalabran
con los grandes, pues Oficialía Mayor los licita”, indicó uno de los yonkeros.
Además, el sistema de
trámites es complicado, pues solo en el lapso de una hora pueden recibir los
papeles de la unidad.
“Chatarreros, grulleros y
yonkeros, nos unimos porque hacen la fuerza, la voz con una sola”, manifestó.
José Luis Soto, propietario
de un yonke, habló de la situación económica y legal de los comerciantes, donde
es fácil erradicar la presencia de vehículos robados.
Explicó que dentro del
sistema, en la administración del subprocurador de Justicia, Marco Chavarría
López, era fácil detectar cuando un vehículo que ellos recogían era robado.
“Cuando recogías un carro
hablabas y te corrían la serie, si botaba como robado pues traías la credencial
de elector de quien te lo entregó, pero no, ahora no hay nada para identificar
cuando se trata de un carro robado”, denunció el comerciante.
La propuesta en la última
mesa de trabajo fue fácil: que los yonkeros compren un carro y que tengan donde
correr la serie de este para dar certeza jurídica de que la unidad que están
trasladando es legal.
En lo que va de 2019,
elementos de la Unidad contra Robos de la PGJE, ha realizado 34 operativos en
recicladoras o yonkes de la zona rural y urbana.
Desde la subprocuraduría se
informó que la única finalidad de las acciones para este sector es localizar
partes de vehículo de motor robadas, así como unidades con reporte de robo.
PIDEN LEGALIDAD A GOBERNADOR Y ALCALDE
En una carta firmada por Luis
Arce Galindo, José Miguel Olguín Gamboa y Miguel Dueñas Tamayo -algunos de los
propietarios de negocios de autopartes usadas, operadores de servicios y
materiales de reciclaje-, exigen que desde el gobierno se ponga fin a la
delincuencia.
La misiva dirigida a
Francisco Vega de Lamadrid y Marco Novelo Osuna solicita un sistema de
verificación de unidades robadas, protección y legalidad en trámites.
“Lamentablemente los últimos años la delincuencia que
ha venido creciendo nos han afectado como a otras actividades económicas,
poniendo en riesgo nuestro comercio, así como el sustento de nuestras familias
y en algunos casos nuestra integridad física y libertad.
“Único.- Que sea usted el conducto, con las
autoridades de la seguridad pública y Procuraduría de Justicia de los tres
órdenes de gobierno, que establezca un sistema permanente. De esa manera
convivir juntos comerciantes y autoridades a las actividades delictivas
alrededor de nuestros negocios involucrándose involuntariamente”, se lee en el
escrito.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA INVESTIGACIONES ZETA/LUNES, 23 SEPTIEMBRE,
2019 01:00 PM)
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