Ante la vista de todos, pero
con la pasividad de muchos, México está atravesando por una contrarreforma
conservadora. En seis meses, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una
reforma a la Ley General de Salud que permite a médicos y enfermeras negarse a
participar en prácticas contrarias a su ética -léase el aborto, como la
práctica madre detrás de las discusiones- aplicando una “objeción de
conciencia”. Esto se define como “la razón o argumento de carácter ético o
religioso que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones
oficiales”, lo cual confronta la legitimidad en la toma de decisiones
personales, y lo improcedente y ominoso cuando incide y modifica una política
pública. Qué tipo de consideraciones llevaron a la aprobación de la contrarreforma,
no terminan de aclararse todavía, pero el debate y la secuela de aquellas
deliberaciones en el contexto actual, sí permiten argumentar que la clase
política que mayoritea parlamentariamente, está empapada en la hipocresía.
En un país como México, cada
quién es libre de profesar cualquier religión o no, de creer en el dios que
quiera o no, de escoger su culto y rendirle respeto, y quienes no compartan
esas creencias, actuar con respeto y tolerancia en esos temas que siempre, sin
embargo, deben habitar el ámbito de la vida privada. México es un Estado laico
que a lo largo de décadas ha ido construyendo un edificio institucional que
alberga a todos, a los creyentes de cualquier religión o secta, o a los
agnósticos y los ateos, donde una religión no sea normativa de la vida de todos
-de manera consensuada o impositiva- pero, al mismo tiempo, donde las leyes no
discriminen ni sean sectarias en su aplicación por una inducción o falla de su
diseño. La reforma a la Ley General de Salud, mediante la adición al artículo
10 Bis, atenta contra la esencia laica de la Nación al dejar vulnerable a un
sector de la sociedad que podrá ser afectada por esta legislación.
La iniciativa fue presentada
por la Diputada Norma Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que tiene
como su principal base electoral a los cristianos. La aprobación en la Cámara
de Diputados fue abrumadora: 313 votos a favor del PRI, Partido Verde, PAN y
Encuentro Social, 105 en contra y 26 abstenciones. A mediados de marzo, la
minuta fue aprobada en el Senado con 53 votos a favor del PRI, PAN y Verde, 15
en contra y una abstención. Abrumadoramente, los representantes del pueblo y la
Federación, que es lo que teóricamente son los legisladores, votaron por una
agenda no nacional sino de las fuerzas conservadoras que han ido ganando
terreno en la vida pública mexicana.
En el momento en que se
comenzó a cabildear la iniciativa, Encuentro Social estaba en pláticas para una
alianza electoral con el PRI, que fue una de las explicaciones que dieron los
analistas en su momento por las que le diera su apoyo. Ese partido se coaligó
finalmente con Morena, en plenitud parra cuando pasó la minuta al Senado. Los
apoyos y rechazos no cambiaron: el PRI votó todo el tiempo con Encuentro Social
y el PAN, mientras que Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, lo
hicieron en contra. Es decir, las líneas por donde corrió la contrarreforma no
obedecieron a componendas políticas, sino al sedimento conservador que se está
asentando de manera religiosa y por encima de los aspectos programáticos que
tendrían que ser los que definieran las políticas públicas.
La adición al artículo 10 Bis
señala que el “personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema
Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de
participar en la prestación de servicios que establece esta ley”, con lo cual
se contraviene, también, el juramento hipocrático de la Convención de Ginebra,
que señala: “La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis
preocupaciones... No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a
interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o
clase... Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor”.
Esta contrarreforma mexicana
allana el camino para que las creencias religiosas se antepongan a sus
responsabilidades profesionales y, por añadidura, impacta negativamente en la
política pública mexicana en el tema de la salud y de las libertades
consagradas en la Constitución.
“No nos hagamos tontas ni
tontos”, dijo la Senadora perredista Angélica de la Peña durante el debate en
esa cámara el mes pasado. “Esta reforma a la Ley General de Salud está dirigida
para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir
sobre nuestro propio cuerpo, como una cuestión inalienable de cada una de
nosotras a decidir sobre nuestra maternidad”.
En el dictamen se incorporó
que no podría invocarse la objeción de conciencia en casos de riesgo de un
paciente o una urgencia médica, pero la falta de definiciones sobre riesgos y
urgencias, como dijeron en su momento los especialistas, pone en riesgo la
atención a la salud y lo vuelve discrecional.
La forma como quedó la
contrarreforma va mucho más allá del derecho de una mujer sobre su cuerpo, y
afecta a los grupos más vulnerables a discriminación por cuestiones de género,
raza, situación socioeconómica, discapacidad, edad y preferencias sexuales.
Choca también con la esencia del Estado laico, donde los derechos humanos
básicos a los que tiene derecho cualquier persona, no pueden estar sometidos a
las prerrogativas concedidas a grupos específicos, como sucedió en este caso,
con los religiosos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 06/04/2018 | 04:06 AM)
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