REOS PELIGROSOS DE VUELTA A BCS

Foto: Cortesía.- Simón Guillermo Hernández Peña / Simón Guillermo Hernández Peña

El presunto homicida Amadeo Zamudio “El Yeyo” ganó un amparo para ser trasladado del Cefereso 14 Durango, al penal de San José del Cabo. Al Cereso de La Paz podrían regresar “El Sepulturero” y “El Zata”. Personal de ambos reclusorios temen por la situación actual, que se agravaría con la vuelta de quienes previamente lideraron al interior. Dictámenes criminológicos de los personajes, son muy reveladores

Mientras la intranquilidad en los penales de Baja California Sur sigue latente, a situación podría complicarse aún más con la amenaza del retorno de internos de alta peligrosidad que entre 2016 y 2017 fueron trasladados a penales de máxima seguridad. Algunos tramitan juicios de amparo y otros ya consiguieron su “boleto” de regreso, pero se encuentran bajo impugnación de las autoridades penitenciarias.

Entre los presuntos criminales que en diferentes temporadas pusieron de cabeza los Centros de Reinserción Social (Cereso) de La Paz y San José del Cabo, se encuentran Simón Guillermo Hernández Peña “El Sepulturero”, Jesús Ernesto López Zataraín “El Yuca” y Alejandro Angulo Salgado. A otros como Luis Fernando Villalobos Graciano “El Güero Ruffles” y Daniel Guadalupe Romero Valdez “El Danny”, les fue negada cualquier posibilidad, por el momento, de volver.

Quien ya ganó el amparo y protección de la justicia federal para ser reingresado en el penal de San José del Cabo, procedente del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 14 CPS Durango, es Amadeo Zamudio Chávez “El Yeyo”, señalado de ser el probable homicida material del joven Jesús Asael Valtierra Loya, crimen ocurrido el último día de enero de 2011.

Al iniciar el año en curso, amenazas por medio de narcomantas, los homicidios de funcionarios de seguridad y la falta de garantías para laborar, han propiciado que personal de vigilancia del penal de La Paz se niegue a trabajar. Algunos de los custodios prefirieron renunciar a su empleo, mientras las autoridades penitenciarias no logran asumir un control total de las instituciones que dirigen y constantemente, desde hace por lo menos tres años, en los que ha habido muchos cambios de directores y asesinatos, han manifestado que las prisiones sudcalifornianas no reúnen las condiciones para albergar a presos de alta peligrosidad ni en estructura, ni en material humano para su contención.

Los lamentos ante la Comisión Nacional de Seguridad parecen no tener eco. Según el Gobierno del Estado de Baja California Sur, es latente “la posibilidad de enfrentamientos con grupos antagónicos que se disputan el control de los centros penitenciarios, lo que genera situaciones que ponen en riesgo la vida por la acción de terceras personas, así como la integridad físicas de quienes se encuentran privados de su libertad, de visitantes y personal que labora en los centro de reinserción social, lo que también crea riesgo de riñas, amotinamientos e intentos de evasión”.

Los presos que están por la comisión de delitos de alto impacto y que evidencian un alto poder económico, capacidad de liderazgo e influencia sobre otros internos, así como poder corruptor de servidores públicos, mantienen en vilo a custodios y personal técnico (psicología, medicina, trabajo social, entre otras áreas). De ahí el temor a que otros convictos que ya fueron trasladados, regresen.

REGRESA “EL YEYO”

Uno de los últimos trasladados a cárceles de máxima seguridad es el de Amadeo Zamudio Chávez “El Yeyo”, quien el 6 de julio de 2017, fue enviado en “paquete” con otros internos al Cefereso CPS 14 Durango, en Gómez Palacio, Durango, pero debido a fallas atribuibles a la Dirección General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social en el Estado de Baja California Sur, ganó un amparo y se ordenó su regreso al penal de San José del Cabo.

El traslado de vuelta a la península no se ha consumado, ya que tanto el Ministerio Público federal como la autoridad carcelaria, aún se encuentran dentro del plazo de Ley para formular, sí así lo desean, el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el Juzgado Tercero de Distrito en la entidad (880/2017).

Alejandro Angulo Salgado.

Al “Yeyo” se le instruye la causa penal 75/2015 por el delito de homicidio con premeditación y alevosía, privación ilegal de la libertad, robo con violencia y daños por incendio, en agravio de Jesús Asael Valtierra Loya.

El traslado del recluso fue calificado como “urgente” por directivos del Cereso de San José del Cabo, quienes justificaron la medida al referir que los estudios criminológicos practicados a Zamudio y otros presos arrojaron como resultado que “son considerados de alta peligrosidad; por tanto, ponen en riesgo la seguridad institucional, de las personas que ahí laboran y de la sociedad en general”.

Además, la autoridad penitenciaria se curó en salud al agregar: “El Centro de Reinserción Social de esta ciudad es considerado de baja seguridad, carente de infraestructura para albergar y contener a las personas con el perfil delictivo indicado”.

Sin embargo, pese a que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé los traslados involuntarios de reos, funcionarios cometieron un error que motivó la concesión del amparo a Amadeo. La Ley establece que una vez realizado un traslado urgente, sin autorización judicial, la autoridad administrativa tiene obligación de notificar el evento al juez de la causa dentro de las 24 horas siguientes a la fecha.

El traslado tuvo lugar el 6 de julio de 2017, pero la directora general de Ejecución, Prevención y Reinserción Social en BCS comunicó del traslado al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia en Ciudad Constitución hasta el 12 de julio, es decir, seis días después de que “El Yeyo” arribó al penal federal duranguense.

Aunque se pretextaron diversas situaciones para justificar la demora, el juez de amparo otorgó la protección constitucional al interno para ser devuelto “al lugar en que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado” y reingresado a la brevedad. El juzgador no cerró la puerta para que el centro carcelario de San José del Cabo intente un nuevo traslado, “cumpliendo cabalmente con los requisitos que establece el Artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal”.

ESPERA “EL SEPULTURERO”

En Ciudad Juárez, Chihuahua, otro que espera regresar a Baja California Sur, pero al Centro de Reinserción Social de La Paz, es Simón Guillermo Hernández Peña, mejor conocido como “El Simón”, “El Sepulturero” o “El Güero Peña”, quien desde el 14 de septiembre de 2016 se halla recluido junto con sus compinches “El Danny” y “El Güero Ruffles” en el Cefereso 9 Norte.

“El Simón” ha tramitado dos juicios de amparo, uno de ellos ganado para que se estudie su posible traslado al penal paceño y otro que le fue denegado, ambos en el Juzgado Segundo de Distrito de Baja California Sur. Además del traslado, pelea el derecho a una defensa adecuada y que se le restituya la comunicación con su defensor, concubina, sus menores hijos y hermanos. También alega malos tratos y tortura, pero una auscultación médica descarta tal aseveración.

Enjuiciado en la causa penal 251/2015 del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, Hernández Peña es considerado uno de los hombres que junto con Rolando González Moreno “El Compadrón”, imprimieron más violencia al penal de La Paz en los últimos tiempos.

Un dictamen criminológico emitido un día después de su traslado, con base en su expediente administrativo y el proceso penal, estima que “El Simón” es una persona antisocial “con nexos en grupos delictivos y participación en eventos relacionados con la venta y distribución de enervantes dentro y fuera del Cereso”.

Asimismo, destaca que “establece comunicación mediante telefonía celular y ordena ejecuciones, al que conforme a sus diversas características presentadas sobre manifestaciones y/o declaraciones, sus factores exógenos y endógenos de comportamientos, lo catalogan como un endocriminal preponderante, con características específicas de alta reincidencia en la conducta criminal y con rasgos de ser una persona con alta peligrosidad”.

El 13 de septiembre de 2016, a Simón Guillermo se le encontró dinero en efectivo, teléfonos celulares, diversos objetos y sustancias prohibidas (droga) en su celda, así justificaron tanto su remisión como la de sus seguidores a máxima seguridad.

Hechos violentos ocurridos durante la ejecución del traslado aquél 14 de septiembre le dieron la razón a la autoridad. Al ver que iban por él, Hernández Peña se refugió en el Área de Procesados “incitando a los internos que viven ahí para que se amotinaran”. Con apoyo policial externo y de la Marina, “El Sepulturero” fue sacado. Enfurecidos reclusos destrozaron todo lo que hallaron a su paso, dañaron las recámaras de la caseta de control y un consultorio. Hubo varios elementos de seguridad lesionados.

Dado el poder fáctico y económico que el personaje ostentaba en La Paz, así como las amenazas de grupos antagónicos, la posibilidad de su regreso enciende focos rojos para los directivos del penal.

EL PODER DEL “YUCA”

Otro que aguarda el momento de volver al Cereso La Paz, es Jesús Ernesto López Zataraín, que se cambia el nombre por el de Rafael Zataraín Aguilar. Unos le dicen “El Yuca”, otros le llaman “El Puka” o “El Zata”. Fue una de las piezas clave para la captura de Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China” hace un par de años.

López Zataraín perdió el amparo contra el traslado ante el Segundo Tribunal Unitario en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, ya interpuso el recurso de revisión en espera de que el fallo sea revertido por magistrados de un tribunal colegiado.

Detenido en junio de 2015 tras una balacera perpetrada en la colonia Diana Laura, en La Paz, López contaba con una sentencia de 21 años seis meses de prisión dictada en el Juzgado Segundo de Distrito de Baja California Sur, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego y granadas de uso exclusivo del Ejército, además de posesión de cartuchos y contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina; sin embargo, en apelación, la condena fue reducida a ocho años un mes de prisión, al ser absuelto de la posesión de droga.

El 24 de febrero de 2017, la Dirección General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social de BCS, determinó trasladar al preso, argumentando “medidas de seguridad y poner en riesgo la vida de las personas privadas de la libertad, así como del personal que labora y la gobernabilidad del Centro Penal de esta ciudad, al haber cometido una falta considerada grave”.

Ese día, “El Zata” encabezó a un grupo que salió del Área de Indiciados para atacar a un grupo antagonista que estaba en “máxima seguridad”, dejando severamente golpeado al interno Héctor Gerardo Valdez Eráldez. El vigía de la Torre 5 reportó el disturbio que, como pudieron, fue controlado por los pocos custodios del penal. El reo y sus seguidores tenían consigo armas hechizas, palos, tubos, piedras y objetos punzocortantes, atrincherándose en uno de los dormitorios, de donde se negaban a salir, profiriendo todo tipo de amenazas a los elementos de seguridad. Incluso prendieron fuego al interior del módulo. Jesús Ernesto y otros “selectos” internos finalmente fueron sometidos y trasladados de “urgencia” al Cereso de San José del Cabo.

“El Centro de Reinserción Social de La Paz es un centro penitenciario clasificado como de baja seguridad, se encuentra rebasado en su capacidad instalada para ello. Asimismo, adolece entre otros problemas, de sobrepoblación, y de una cantidad insuficiente de personal de seguridad y custodia, que permita una estrecha vigilancia permanente cuando se presentan este tipo de disturbios, que es sabido, la tensión dura por largos periodos”, se acotó en su momento.

EX CUSTODIO PELIGROSO

Destino diferente le tocó al ex elemento de seguridad penitenciaria del penal de La Paz, Alejandro Angulo Salgado, quien el 5 de julio de 2017 fue trasladado al Cefereso Número 4 Noroeste en El Rincón, Nayarit. Procesado penalmente por participar en atracos, acaba de sufrir un revés en el juicio de amparo promovido ante el Primer Tribunal Unitario de Sinaloa.

El reo pretendía revertir la calificación de la legalidad de su traslado, solo que esta vez las autoridades administrativas hicieron bien su trabajo al realizar las gestiones adecuadas y justificar la excepción al “traslado voluntario” porque, caso contrario “se pondría en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario”, donde amenazó al comandante de vigilancia y estaba reciente la muerte del subdirector.

Angulo se encontraba en el Cereso de San José del Cabo desde el mes de marzo previo. Antes estuvo en el Cereso La Paz, desde mediados de 2015. Enfrenta una causa penal por robo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sus defensores argumentaban que el traslado era violatorio de derechos humanos, pues Alejandro no había sufrido sanción disciplinaria ni está preso por delincuencia organizada.

Su estudio criminológico advierte que Angulo Salgado se desempeñaba como custodio de un centro penitenciario, con una “capacidad criminal alta en etapa de superación” y especialmente con la amenaza directa de la que el comandante informó haber sido objeto por parte de los privados de libertad que estaban siendo trasladados, entre ellos el quejoso.

Tras las constantes amenazas que viven los celadores, tanto del penal de La paz como de San José del Cabo, decenas de ellos han presentado su renuncia en los últimos dos años, y otros, en fechas recientes, simplemente dejaron de presentarse a trabajar.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ MARTES, 20 FEBRERO, 2018 12:00 PM)