La velocidad con la que los
mexicanos se acercan a la ruptura del orden no es fortuita. El escepticismo con
el cual ven los avances democráticos, tampoco es circunstancial. El desinterés
por luchar contra la corrupción y el desdén con el que se ve a la autoridad, se
aprecia en todos los estudios que miden los sentires del mexicano. No hay
credibilidad en las instituciones, que no se perciben capaces o interesadas en
resolver los desacuerdos de la sociedad. Los mexicanos, como se apreció en la
última encuesta de Latinobarómetro, son cada vez menos afectos a la democracia
y más proclives a la anomia. La decepción, que lleva a ese estado, tiene
fundamento: las instituciones no están a la altura de la circunstancia.
La seguridad, por citar el
fenómeno que más impacta y preocupa a los mexicanos, se ha ido para abajo por
la debilidad de las policías locales, que no llegaron a ello por el deterioro
de un proceso sino por la estrechez de miras del Gobierno federal que pidió
posponer durante dos años la certificación de los policías municipales, y el
Congreso, que sin reparar en las consecuencias, lo autorizó. Para entender en
un microcosmos lo que esto causó, la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa jamás habría sucedido, porque de haberse dado la certificación, los
policías que los detuvieron, no habrían pasado las pruebas de confianza. El
Estado no cometió el crimen de los normalistas, pero definitivamente contribuyó
con él.
El bienestar, que se refiere
a la calidad de vida, se ha desplomado en varias regiones del País. El pésimo
manejo de Pemex en la primera parte de este Gobierno, junto con la reforma
energética, por mostrar con un ejemplo, provocó una pérdida de empleo en los
estados que vivían de los hidrocarburos, porque la producción cayó junto con el
empleo, que dejó a comunidades que vivían en bonanza, convertidas en pueblos
fantasmas, como documentó Eje Central con un reportaje reciente sobre la muerte
de Ciudad del Carmen, la puerta de entrada a la rica Sonda de Campeche. La
apertura del sector no fue acompañada por un paquete de políticas públicas que
tejiera una red de protección social que acompañara la reconstrucción económica
de esas zonas. La falta de empleo, en Veracruz y Tabasco, sobre todo, provocó
un brinco del secuestro, como registró el Índice GLAC.
En estos años, no hubo
necesidad que hicieran caso a quien decía que había que mandar al diablo a las
instituciones. Las instituciones, solitas, se fueron al diablo de la mano de
quienes las encabezaban. El Proyecto Mundial de Justicia, una organización no
gubernamental con sede en Washington, le ha preocupado tanto el estado de
Derecho en México, que este año lanzó una investigación especial para
determinar el alcance de su deterioro. Durante el verano realizaron más de 20
mil encuestas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, cuyos resultados
aún no han sido dados a conocer. Pero en su informe de 2016 sobre el estado de
las leyes en el mundo, los resultados de México son desalentadores, y
demuestran el deterioro institucional.
El índice revisó a 113 países
y ubicó a México en el sitio 88 general, y en el 24 de 30 naciones
latinoamericanas. México se encuentra como Rusia (autoritario), Myanmar
(dictatorial) y Liberia (controlado por jefes tribales de guerra), pero muy
debajo de las principales economías de América Latina e, incluso, detrás de
países como El Salvador (que se encuentra aún en transición tras su guerra
civil). A México le va mal en prácticamente todo, con retrocesos en la
desconcentración del poder gubernamental y en los derechos fundamentales, como
el debido proceso y la libertad de expresión. La corrupción mancha a todas las
instituciones, que es el factor que coloca a México casi en el sótano entre
todas las naciones de la región.
Los síntomas del deterioro,
que en algunos momentos se presentan como enfermedad, son ignorados por la
búsqueda de objetivos particulares en la clase política. El mejor ejemplo es lo
que sucedió con Santiago Nieto, destituido como fiscal electoral, cuyo caso fue
llevado al Senado, como establece la ley, pero manejado cupularmente en la
Junta de Coordinación Política, como deseaba el Presidente Enrique Peña Nieto
que se procesara. Ahí se impuso el PRI y el Partido Verde, con menos de un
punto porcentual de representación que tres partidos en ese mismo cónclave,
para realizar un proceso opaco que terminó con un insulto a la inteligencia:
para evitar llevar el tema a votación, como dice la ley, se fueron a un receso
del que regresarán cuatro días después del plazo máximo que se establece para
votar la restitución del fiscal. Cínicamente salomónico, el tiempo fue a lo que
se acogieron para que solucionara lo que debió haber estado apegado a la ley.
La fiscalía electoral está
acéfala, aunque desde hace siete semanas comenzó el proceso electoral. Tampoco
hay fiscal anticorrupción, una exigencia nacional que las instituciones
prefieren ignorar, pese a los reclamos contra la impunidad. No habrá tampoco un
fiscal general hasta después de la elección presidencial porque de lo que se
trata no es de atender las necesidades y urgencias del país, sino las
particularidades de las instituciones que detentan el poder. Las instituciones
no dejan de jugar con los mexicanos que, visto a través de los ojos de
Latinobarómetro, se están cansando de todas ellas. Mandar al diablo a las
instituciones no es el camino para resolver los problemas, pero verdaderamente,
son tantas las frustraciones que esa corriente de opinión se va a ir
legítimamente fortaleciendo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva
Palacio/ 02/11/2017 | 03:00 AM)
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