El Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ha sido el hombre encargado de la obra
pública del llamado Grupo Atlacomulco durante más de una década. Primero a
nivel estatal y luego en el federal. El escándalo de corrupción de la constructora
OHL México lo salpicó en 2015 y en verano de este año se le exigió su renuncia
luego de la formación de un socavón en el Paso Exprés en la Autopista
México-Cuernavaca que provocó dos fallecimientos. La revelación de fallas en su
gestión continúa.
La Auditoría Superior de la Federación,
en la segunda entrega del informe de Cuenta Pública 2016, encontró más
irregularidades de la instancia pública en los megaproyectos el Tren
Interurbano México-Toluca, en el sobrecosto del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y en el polémico Paso Exprés.
Ciudad de México, 2 de
noviembre (SinEmbargo).– El sector de la construcción es uno de los más
propensos a los negocios sucios, han advertido diversas organizaciones civiles.
En la segunda entrega de la
Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más
irregularidades en megaproyectos implementados por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), particularmente en el Tren Interurbano
México-Toluca, en el costo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México y en el Paso Exprés, donde en verano se formó un socavón donde murieron
dos hombres y que puso en duda la calidad de la gestión de Gerardo Ruiz
Esparza, a quien se le pidió renunciar y someterse a una investigación, pero
que nunca pasó.
La organización México Evalúa
expuso en un estudio que la construcción de obra pública es “altamente proclive
a la corrupción” y, dados los altos montos de los contratos así como la
complejidad técnica, se dificulta el monitoreo y seguimiento de los mismos, “lo
cual facilita ocultar o inflar los costos reales de las obras”. Eso implica
costos económicos y, añadió, pone en riesgo vidas humanas.
En este marco, la ASF
encontró “pagos indebidos” por un monto de mil 775 millones 319 mil 600 pesos
de los recursos federales canalizados al proyecto Tren Interurbano
México-Toluca, por lo que concluyó que la SCT y el Gobierno de la Ciudad de
México “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en
la materia”. Además, se hallaron importes por aclarar de mil 102 millones 29
mil 500 pesos por la falta de liberación del derecho de vía.
Este tren tiene el objetivo
de transportar a alrededor de 230 mil pasajeros diarios en 39 minutos del Valle
de Toluca a la zona poniente de la capital del país para que -mediante sus 58
kilómetros de recorrido y seis estaciones que atraviesan nueve comunidades- se
reduzca el tiempo de traslado 90 minutos en viaje redondo.
La construcción del Tren México-Toluca
está en la mira de la ASF. Foto: Artemio Guerra Baz, Cuartoscuro
A diferencia de la
cancelación del Tren México-Querétaro y el Transpeninsular que uniría a Yucatán
y Quintana Roo, éste sobrevivió al recorte del gasto público. Sin embargo, esta
semana integrantes de la comunidad indígena de Santa María la Asunción
Tepexoyuca, en Ocoyoacac, Estado de México, denunciaron que la SCT y la
Procuraduría Agraria estatal no han respetado la suspensión de la construcción
determinada por un juez federal por el recurso de queja de los habitantes, ya
que los trabajos continúan noche y día.
La comunidad náhuatl afectada
considera que las autoridades pretenden “desaparecer” un pueblo mexiquense que
data de hace ocho siglos, donde los indígenas han luchado por brindar
protección a los recursos naturales extendidos a lo largo de sus mil 735 hectáreas
de territorio comunal. “El Gobierno estatal ha formado autoridades a modo para
negociar”, acusó el habitante Francisco Montes.
En informes pasados, la ASF
también reportó irregularidades en este proyecto en el proceso de licitación,
la rendición de cuentas del proyecto y la calidad de la obra. En la reciente
entrega, entre los más de mil millones de pagos indebidos destaca que:
Cuando los proyectos de obra
pública “no son manejados adecuadamente”, explicó México Evalúa, hay tres
principales consecuencias: obras públicas innecesarias, proyectos con problemas
de factibilidad o baja rentabilidad económica que sólo satisfacen los objetivos
de ciertos grupos de interés; obras a precios excesivamente elevados; y
edificaciones de mala calidad que comprometen su potencial impacto positivo en
la productividad de la economía y en el desarrollo social.
En esa misma línea, la
plataforma Construcción sin Corrupción del Colegio de Arquitectos de la Ciudad
de México determinó que la lentitud para la obtención de una licencia de
construcción promueve utilizar la corrupción “como un atajo”.
“En la construcción el tiempo
es dinero y resulta más conveniente realizar actos de corrupción para agilizar
trámites burocráticos. Aunque muchas veces lo que sucede es mayores precios de
venta, incertidumbre en la calidad de materiales y no hay certeza de que el
inmueble cumpla con las reglas existentes”, expuso el Colegio.
SOBRECOSTO DEL NAICM
El Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) reporta que el costo total del Nuevo Aeropuerto
Internacional se ha elevado a 186 mil 92 millones de pesos, un 10 por ciento
más de los 169 mil millones de pesos calculados en un inicio. Aunque una parte
del aumento se atribuye al comportamiento del dólar y la tasa de inflación en 6
por ciento, la ASF concluyó que el Gobierno Federal “no ha actualizado ni lleva
el control del costo” de la construcción del gran proyecto de infraestructura
de este sexenio.
El NAICM se construye en un
terreno donado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 4 mil 960
hectáreas. Para octubre de 2020 se estima tener tres pistas donde se realizarán
540 mil 500 operaciones simultáneas por año, un Edificio Terminal para 68
millones de pasajeros anuales y una Torre de Control del Tráfico Aéreo. Tan
solo el actual Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” cabe seis veces en el
proyecto.
“Se advierte que el esquema
de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para
atender necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente, también
origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo, ni se
reconozca como deuda y tampoco se registre en las finanzas públicas”, observó
la instancia fiscalizadora.
Diversas voces del sector
político y social se han pronunciado en contra del sobrecosto del proyecto y
han cuestionado su viabilidad porque es construido sobre el antiguo Lago de
Texcoco, por lo que incluso han pedido cancelarlo. Pero ingenieros encargados
de la obra descartan que exista un riesgo de inundación por las labores de
extracción de agua mediante drenajes.
Además, rechazan la
alternativa de los ingenieros José María Riobóo, fundador del Grupo Riobóo, y
Sergio Samaniego Huerta, quienes sugirieron utilizar las dos terminales del
actual aeropuerto, así como la base militar de Santa Lucía, ubicada en
Zumpango, Estado de México. Se tendría el mismo problema de sobretráfico al no
permitir despegues y aterrizajes simultáneos, argumentan.
En la Cuenta 2016 la ASF ha
observado que los recursos obtenidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México del esquema de financiamiento (58 mil 851 millones de pesos de 2014 a
2016) se han destinado a un fideicomiso para la construcción de la obra, sin
embargo, “no existe alguna instancia responsable de la consolidación, registro
y seguimiento de las erogaciones realizadas para ese fin por otras dependencias,
entidades y figuras jurídicas”, resaltó.
Ante esta situación, el
órgano determinó un costo por 22 mil 010 millones de pesos pagado de 2011 a
2016, con cuatro fuentes de financiamiento. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México controla y registra los recursos erogados por el fideicomiso no paraestatal
80726 y el Fondo Nacional de Infraestructura (12 mil 717 millones de pesos), el
57.8 por ciento del total de recursos erogados para la construcción del
proyecto.
El Senador y arquitecto
Víctor Hermosillo declaró que se trata de un proyecto transexenal y, dado que
“tiende a complicarse” por la transición de una administración a otra, “seguir
los costos será difícil”, pero por ahora es un hecho que el costo del NAICM va
subiendo.
Antes, la Auditoría Superior
de la Federación ya había detectado irregularidades por un monto de 234
millones 722 mil pesos en los contratos firmados entre 2014, 2015 y 2016, para
la construcción del NAICM particularmente en la barda perimetral que rodea la
obra y en el diseño arquitectónico.
A dos años de comenzar la construcción,
los avances están en las obras preliminares y la cimentación del suelo, donde
la ASF también detectó irregularidades en una auditoría. En esta segunda
entrega de su informe determinó que aunque en términos generales el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones legales y
normativas, hubo excepciones.
La instancia resaltó que un
contrato se adjudicó directamente a la contratista que en un primer
procedimiento ocupó el cuarto lugar, con una propuesta en 61.4 por ciento más
cara con respecto a la más baja, se duplicó el impuesto sobre nómina tanto en
el análisis del factor de salario real como en los cargos adicionales por 101
mil 200 miles pesos, y se pagaron 6 millones 193 mil pesos en seis conceptos
referentes a la conformación de tezontle –piedra usada en el terreno– con
precios unitarios fuera de mercado.
FALLAS EN EL PASO EXPRESS
En la foto, Enrique Peña Nieto
–acompañado por Gerardo Ruiz Esparza y Graco Ramírez Garrido Abreu– arriba a la
ceremonia de inauguración de “Paso Exprés”. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
En agosto, un hombre y su
hijo murieron al caer a un socavón que se abrió en la carretera el Paso Exprés
de la autopista México-Cuernavaca, una obra pública que presentó un retraso de
cuatro meses y que costó el doble del precio acordado al pasar de mil 045
millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos. En 2015, la ASF detectó en su
revisión de la Cuenta Pública de 2015 irregularidades por cerca de 300 millones
de pesos. En la de 2016 salieron más.
La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Morelos, “no cumplió
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, entre cuyos
aspectos observados la ASF destaca:
–Señalamiento no encontrado en almacén por 7 millones
992 mil pesos.
–Se pagó de más un monto de un millón 299 mil 300
pesos, ya que se omitió incluir en indirectos la renta, el montaje y desmontaje
de andamios.
–Se observó mala calidad en la carpeta de concreto
hidráulico y bases estabilizadas así como incumplimiento de espesores, índices
de perfil y de rugosidad.
–No se acreditó la ejecución de los trabajos por un
importe de 3 millones 310 mil pesos.
–Pago de 383 millones 518 mil pesos por la incorrecta
integración de precios unitarios extraordinarios, y la diferencia de volúmenes
de obra por un importe de 184 millones 453 mil pesos.
–Incumplimiento a los términos de referencia y las
especificaciones particulares en los servicios de obra por 18 millones 746 mil
pesos.
En medio del escándalo del
socavón en el Paso Exprés, legisladores de los partidos de oposición exigieron
la renuncia e investigación del Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza. El Diputado federal por Morelos, Edmundo Javier Bolaños
Aguilar, lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) “por
ejercicio ilícito del servicio público”. El hombre cercano al Presidente
también está envuelto en la presunta corrupción de la constructora OHL México,
y en la cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cuya concesión
era de una filial de Grupo Higa, recordada por la “casa blanca”.
Sin embargo, y luego de una
comparecencia en el Senado donde negó que dejaría el cargo, solo fue destituido
el director general del Centro SCT-Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, por no
atender la advertencia de los vecinos y autoridades locales sobre el estado de
la obra pública.
El Diputado Vidal Llerenas
acusó que la ASF desde la cuenta de 2015 evidenció pagos de 31 millones de
pesos dados antes de que se hubieran realizado y alrededor de 260 millones de
pesos se pagaron sin ser debidamente comprobados. Pese a las advertencias, la
SCT de Ruiz Esparza no actuó.
Gerardo Ruiz Esparza ha sido
el hombre encargado de la obra pública del Grupo Atlacomulco durante más de una
década. Ha llevado la relación c0n las constructoras bajo sospecha como Grupo
Higa, enlodada por la casa blanca, y OHL México, sede de corrupción entre directivos
y funcionarios públicos, entre ellos, él mismo. El 8 de julio de 2015 audios
filtrados lo involucraron en una presunta entrega de información privilegiada a
la constructora para que ganara licitaciones públicas. Otros sugirieron que la
empresa le pagó estancias en un hotel de lujo Fairmont Mayakoba, propiedad del
grupo constructor.
(SIN EMBARGO/ DULCE OLVERA/ NOVIEMBRE 2, 2017, 12:05
AM)
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