Si en algún momento se pensó que la
guerra contra los grupos del crimen organizado emprendida por Felipe Calderón
Hinojosa había llegado al punto más álgido, era porque no se contaba con que el
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto replicaría la estrategia y la
fragmentación de los cárteles desangraría más al país.
Así lo explican analistas y
representantes de grupos civiles quienes critican que no hubo un giro pese a los
indicios de que no funcionaba el ataque frontal a las empresas delincuenciales
y la militarización de las calles.
A casi cinco años de Gobierno una cosa
es clara, el legado del Presidente Peña Nieto será el del sexenio más violento
de la historia: 2017 se perfila para ser el año con más asesinatos, la cifra de
desapariciones de personas no tiene precedente, las denuncias por tortura
también imponen récords…
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Ciudad de México, 9 de
noviembre (SinEmbargo).- “¡Por favor, señor! ¡Señor, se lo suplico. Ayúdeme a
encontrar a mi hija!”, dijo la madre de una joven al Secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong, el 26 de julio del 2016, en medio una convención
contra la violencia de género abarrotada de funcionarios en el estado de
Hidalgo.
Ahí, entre la multitud que
rodeaba al encargado de la seguridad interior, la madre de Nayeli Elizabeth se
arrodilló con el retrato de su hija en manos. Llantos y suplicas se tradujeron
en la movilización de las policías ministeriales de Hidalgo y la Procuraduría
General de la República (PGR), que tardaron un día en liberar a la joven de 29
años.
Pero en general, las súplicas
generalizadas de una sociedad lastimada no fructificaron en voluntad de Osorio
Chong para implementar políticas públicas. A cinco años de Gobierno una cosa es
clara, el legado del Presidente Peña Nieto será el sexenio más violento de la
historia.
La decisión de Peña Nieto de
limitarse al choque frontal contra el crimen organizado como estrategia de
seguridad parece haber sido asumida una vez tomó el cargo y desde ahí nunca fue
abandonada.
El 10 de enero del 2012,
cuando recién culminaba el año con más homicidios de la historia, el entonces
candidato presidencial daba esbozos de un enfoque integral para abordar la
violencia, que más tarde llamaría “México en Paz” dentro del Pacto por México.
“La estrategia ha sido
insuficiente y pobre en sus resultados. La tasa de homicidios de la que
teníamos hace diez años, que es un indicador universal, por cada 100 mil
habitantes ha ido más del doble”, dijo en ese entonces Peña Nieto.
Si en algún momento se pensó
que la guerra del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa llegó al punto más
álgido de víctimas posible, el Gobierno del Partido Revolucionario
Institucional la superó.
Una vez que los niveles de
violencia superaron diversos marcas históricas que dejó el Gobierno anterior,
el Presidente Enrique Peña Nieto salió a culpar a las autoridades estatales y
municipales de las carencias para proteger a la ciudadanía.
Durante la última reunión del
Consejo Nacional de Seguridad, celebrada el 30 agosto, el Presidente de la
República despotricó contra las fuerzas policiales locales: “Las entidades
federativas en muchos casos no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente
sólidos y confiables, y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han
desarrollado sus propias corporaciones”. No era la primera vez que lo hacía.
El Presidente indicó que la
asistencia de las fuerzas federales brindan a las autoridades locales “no
puede, ni debe ser permanente”, pero no ha mostrado ni aplicado otra estrategia
que no sea la del fracaso.
La Secretaría de Gobernación
anunció en 2016 que priorizaría operaciones en los 50 municipios con más
homicidios dolosos, que en su conjunto suman el 42 por ciento del total de
todos asesinatos internacionales.
Un conteo hecho por
SinEmbargo mostró que después de implementar la estrategia, los homicidios
incrementaron. Entre enero y julio del 2016 sumaron 4 mil 909 carpetas de
investigación por ese delito en los municipios atendidos. En tanto que en los
mismos seis meses del 2017 hubo 6 mil 113 carpetas de investigación.
“Desafortunadamente, hoy no
tenemos ningún indicador que nos permita pensar que esta crisis que estamos
viviendo va a mejorar. No hay algo que te muestre una identificación clara del
problema y una toma de decisiones diferente a la acostumbrada”, alertó
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El legado de violencia del
Presidente Enrique Peña Nieto ensombrece los casi cinco años que ha permanecido
como titular del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2013 y 2016 hubo 87 mil 778
defunciones por homicidio, estas son 19 mil 355 personas más que en el mismo
periodo del mandato de Felipe Calderón.
Para ponerlo en perspectiva,
solo en los primeros cuatro años de la Presidencia de Peña Nieto han sido
asesinadas la misma cantidad de personas que llenarían el Estadio Azteca.
Aunque el horror apunta a ser
mayor, los nueve meses de 2017 – que son los que hasta el momento tienen
registro oficial- perfilan a este año
como el año más violento de la historia reciente: de enero a septiembre hubo 18
mil 505 carpetas, un cúmulo que no encuentra precedentes en ese lapso mensual,
y que supera las 17 mil 382 carpetas de los primeros nueve meses del 2011, el
año más violento de las últimas dos décadas.
El profesor Alejandro
Martínez Serrano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló
que Peña Nieto continuó la misma estrategia de lucha frontal contra el crimen
de su predecesor en el cargo, que únicamente cambio en palabras.
“La actual administración
trató de matizar mucho el discurso. La anterior [de Felipe Calderón] le daba
adjetivos de guerra, y la actual, a partir de su Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 utiliza el concepto de ‘México en Paz’”, explicó Martínez.
El caso de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa evidenció a nivel internacional el problema de las desapariciones en
México. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
El Gobierno federal actual se
jactaba hasta mayo de haber neutralizado a 106 de 122 objetivos prioritarios
del crimen organizado, una estrategia que fragmentó a los cárteles en diversas
células, pero ¿qué tanto colabora el descabezamiento del crimen organizado a
menguar su poder y al incremento de los homicidios?
–Fundamentalmente, es la
razón de la violencia. El país pasó de tener 6 mega-estructuras con territorios
definidos, rutas, operadores y pactos muy estables a tener 400 organizaciones
criminales, micro-cárteles, que son todo lo opuesto a lo anterior. Son
volátiles, mucho más violentos y además incursionan en otros delitos– explicó
el consultor de seguridad David Martínez-Amador.
Desde el punto de vista del
consultor, Peña Nieto tenía no estaba obligado a continuar la lucha frontal
contra el crimen organizado de la misma manera que se viene haciendo desde el
2006, “tenía dos opciones. La primera, que la ha cumplido a medias, tolerar los
pactos corporativos entre el narco y las diferentes niveles del gobierno. La
segunda, cambiar la estrategia y reforzar la agenda de perseguir los flujos
ilícitos de capital que, en esencia, son la base de las organizaciones
criminales. Pero es muy claro que la segunda opción, la correcta, implicaba no
poder disfrutar del jugoso dinero que aceita los procesos de corrupción
política”.
En agosto del 2015, el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló al Cártel Jalisco Nueva
Generación, como uno de los cárteles más poderosos. Y meses más tarde, el 19 de enero de 2017 -un día antes de la
toma de posesión de Donald Trump- el Gobierno federal decidió extraditar al
líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El grupo criminal encabezado
por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” acrecentó su poder durante la
administración peñista. Mas el modelo en el que un solo grupo podía monopolizar
el crimen organizado pareciera haber terminado en los últimos 12 años.
“Si quisiera retornarse a esa
modalidad, el juego es un juego de suma cero, porque la única forma de
desplazar a los ‘chicos’ es que el ‘grande’ los saque violentamente. Es una
salida darwiniana, seria un larguísimo proceso de violencia acumulada”, dijo
Martínez-Amador.
Hoy el CJNG -según el más
reciente reporte de la DEA- es el grupo criminal que más crece en México y que
opera en varios estados de México la
Unión Americana.
PROPUESTAS ENTERRADAS
En sus cuatro primeros años Peña superó
los homicidios ocurridos con Calderón. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro
LAS POLICÍAS Y LOS MILITARES
Desde el sexenio anterior,
Felipe Calderón Hinojosa buscó homologar su propuesta de crear un mando único
policial en todos los estados mediante convenios firmados entre el Gobierno
federal y los estados.
Sin embargo, las reticencias
de los alcaldes para conceder sus policías al control estatal terminaron de
evitar que se extendiera este modelo, aun cuando Peña Nieto buscó aprobar esta
iniciativa por la vía legislativa en diciembre del 2014.
“Si bien es cierto que el
problema ha rebasado a las instituciones policiacas. El mando único rompe con
el esquema federalista [en el que cada orden de gobierno tiene sus
atribuciones]”, expuso Martínez Serrano.
En términos estratégicos,
apunta, tampoco es una garantía. “Es más fácil corromper un solo mando que a
tres, prácticamente, estamos haciendo una sola estructura”, expuso Martínez,
aunque reconoció que el orden municipal ha sido el más vulnerable a la colusión
con el narcotráfico.
La falta de coherencia en las
estrategias de seguridad puede venir desde el propio Pacto por México -firmado
por el PRI, PAN y PRD- que en su punto número 3.2 promete la creación de la
Gendarmería Nacional.
Pese a que hubo una intención
de que la Gendarmería era formar un cuerpo de élite, que llegase a 10 mil
elementos, se quedó en 5 mil y terminó siendo absorbida por la Policía Federal
para proteger zonas económicas y medio ambiente.
“Desgraciadamente, el mando
más débil es el municipal, mal pagados, mal entrenados, y en esa lógica los
cárteles los utilizan como operarios para actividades ilegales. Sin ir más
lejos está el caso de Ayotzinapa, y la policía municipal de Iguala”, dijo
Serrano.
El cambio en la misión de la
Gendarmería es reflejo de la falta de un proyecto claro sobre seguridad,
consideró el investigador de la UNAM.
LA MILITARIZACIÓN
La división de Gendarmería de la Policía
Federal no alcanzó la preponderancia que se pensó en un principio. Foto: Artemio
Guerra Baz, Cuartoscuro
Peña Nieto dio continuidad a
la presencia militar en las calles. Hoy operativos del Ejército se realizan en
24 entidades, cuando en el 2006 estaban dispersos en 19, de acuerdo con datos
del informe “Perpetuar el fallido modelo de seguridad” del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh)
La puesta del Ejército en
zonas sumidas por la violencia ha generado codependencia a su presencia para
controlar la incidencia delictiva. Sacar a los castrenses de la vía pública
podría conllevar inestabilidad en diversos estados.
Mario Patrón, director del
CentroProdh, sostuvo que el retiro no puede hacerse de golpe, sino de forma
gradual, “pero en lo que no estamos de acuerdo es en iniciativas como la Ley de
Seguridad Interior, porque lo que tienden es a perpetuar la presencia militar,
a dar más poder al poder militar sobre el civil. Y nosotros consideramos que la
fórmula tendría que ser a la inversa. Eso significaría un programa de retiro
programático de las fuerzas armadas”.
Las discusiones por las
iniciativas de Ley de Seguridad Interior han dado lugar al apoyo expreso del
Presidente Enrique Peña Nieto, y a la materialización de las propuestas por
parte de la bancada priista.
“La iniciativa de Camacho
establece una sustitución de poderes con la declaratoria de afectación de
seguridad interior. Prácticamente, al poder militar subsume al civil y son las
Fuerzas Armadas quienes realizan las investigaciones, construyen pruebas, hacen
intervención de comunicaciones”, explicó Patrón.
Esas facultades que buscan
otorgarse con una Ley de Seguridad Interior se asemejan a las del artículo 29
constitucional, utilizado para estados de excepción. “Un asunto de alto
riesgo”, alertó el derechohumanista.
En un hecho inédito y en
solicitud de un marco regulatorio para las operaciones del Ejército, el Secretario
de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos ha expresado su deseo de que los
soldados regresen a los cuarteles, ya que no cuentan con reglas claras para
trabajar en las tareas de seguridad civil.
“¿Quieren que estemos en los
cuarteles?, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos
para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. […] No nos
sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es
otra y se está desnaturalizando”, dijo Cienfuegos en diciembre del año pasado,
aunque no es la primera vez que lo hacía.
Patrón señaló que la falta de
naturaleza del Ejército para hacer tareas civiles ha propiciado que cometan
atropellos a los derechos humanos, “lo otro es que también ha sido una
estrategia de fracaso, porque la violencia no ha bajado sino que ha aumentado”.
Durante el sexenio de Vicente
Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11 recomendaciones,
reporta el informe del CentroProdh.
En 10 años que abarcan el
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto
–años de la llamada guerra contra el narcotráfico– ya se presentaron más de 10
mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones.
DESAPARICIONES FORZADAS Y TORTURA
La noche del 26 y 27 de
septiembre del 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El acontecimiento fue un parteaguas en
la extensión del fenómeno de las extorsiones, y el principio de la crisis
gubernamental.
Los estudiantes –de acuerdo
con la versión oficial– fueron desaparecidos por integrantes del grupo
Guerreros Unidos, después de haber sido entregados por autoridades policías de
Iguala.
Mientras que con Felipe
Calderón hubo 13 mil 681 desapariciones en seis años, con Peña Nieto suman 19
mil 155 en cuatro años y siete meses.
Edgar Cortez Morales,
investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
señaló que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no aprendió las lecciones del
pasado, al continuar atendiendo las desapariciones de forma reactiva.
“En algún momento en el tema
de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se dio y se creó la Fiscalía de Búsqueda
de Personas (2015), sin realmente tener una estrategia clara de investigación
para atender el tema de las desapariciones”, criticó Cortez.
México hoy cuenta con 33 mil
482 registros de desaparecidos en el fuero común y federal.
La parálisis del Gobierno
federal orilló a las familias a arreciar sus propios esfuerzos de búsqueda. El
12 de octubre la Cámara de Diputados aprobó Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, y desaparición cometida por particulares,
después una larga lucha de los colectivos.
Jan Jarab, representante de
la ONU-DH para México, acuerpó el 30 de agosto a las familia y urgió en una reunión
con legisladores en la víspera del actual periodo de sesiones.
“Creo que el tema que apunta
en la ley, a acciones más sostenidas en el tiempo, ese será el reto. Lo primero
van a ser acciones prioritarias para atender la expectativa de las familias
como el plan de búsqueda de desparecidos, mejorar el registro de personas y
fosas, y mejorar los procesos de recuperación de restos forense”, detalló
Cortez.
Tanto la desaparición
forzada, como la tortura se constituyen como delitos de lesa humanidad.
Una solicitud vía
transparencia realizada por SinEmbargo da cuenta de que con Felipe Calderón la
Procuraduría General de la República abrió 374 averiguaciones previas por
presuntos actos de tortura.
El dato contrasta con las 5
mil 521 averiguaciones previas, entre el 2013 y el 2016, que acumuló Peña
Nieto. Un aumento de mil 376 por ciento, sin que aún finalice el actual
sexenio.
En el 2015, el entonces
Relator de la Tortura Juan Mendez expuso que en México la tortura es una
“práctica generalizada”. A lo que de inmediato la Secretaría de Relaciones
Exteriores salió a negar, a través del Embajador ante Naciones Unidas Jorge
Lomónaco Tonda.
Las quejas por tortura
apuntan tanto a las policías del país, como a las fuerzas armadas. El 16 de
abril del año pasado, un video exhibió a elementos del Ejército mientras
torturaban a una mujer, y dos días más tarde el Secretario Salvador Cienfuegos
ofreció una disculpa pública.
El PRI, de la mano del PAN,
han impulsado iniciativas de una llamada Ley de Seguridad Interior, que tendría
por objeto reglamentar las operaciones de los castrenses.
Martínez-Amador no es muy
optimista: “La única forma de hacer disminuir la violencia es retirar al
Ejército de las calles. Mientras el Ejército siga en operaciones de seguridad,
la violencia será la regla, porque los ejércitos, en términos generales, no
están diseñados para el combate al narcotráfico y no entienden las
implicaciones de lidiar con la sociedad civil”, dijo.
(SIN EMBARGO/ JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ/ NOVIEMBRE 9,
2017, 12:05 AM)
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