Una red de empresas fantasma era maquilada por
familiares cercanos a "El Tony" Agúndez para sacar recursos del XI
Ayuntamiento de Los Cabos, incluso algunas obras fueron de asignación directa,
obras que a la fecha están inconclusas y ya pagadas.
Por una denuncia del alcalde panista Arturo de la Rosa
Escalante, el ex edil de Los Cabos se presentó en la PGJE el 27 de septiembre
por desvío de recursos en el expediente LPZ/112/SP6/2016. Agúndez ya promovió
un amparo y, se sospecha, cometió un desvío multimillonario a través de
empresas fantasma
El 27 de septiembre, a José
Antonio “Tony” Agúndez Montaño, ex alcalde de Los Cabos, se le vio en las
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque
informó que solo acompañaba a un familiar.
La verdad es que el ex servidor
público había comparecido ante la solicitud de la autoridad, después que el XII
Ayuntamiento del panista Arturo de la Rosa Escalante lo denunciara por desvío
de recursos.
Según el documento entregado
a ZETA, Agúndez Montaño fue citado a las 10:30 am, pero llegó una hora después
y, durante la interacción que se dio entre los medios de comunicación, negó el
motivo de su presencia.
“Vine acompañar a mi
ahijado”, dijo “Tony” a la prensa. “que no se les olvide que ya inició el
proceso electoral”, agregó.
Se recuerda que su hermano y
compañero de partido, Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador de Baja California
Sur (2005-2011), fue encarcelado en mayo de 2012 por los delitos de desvío de
recursos, peculado y falta de probidad; sin embargo, meses después fue liberado
bajo fianza.
José Antonio “El Tony”
Agúndez Montaño, ex alcalde de Los Cabos y Narciso Agúndez Montaño, ex
Gobernador de BCS
— Entonces, ¿no hay ningún tema? ¿Se puede declarar
inocente?, insistió ZETA durante el encuentro con Antonio Agúndez.
“Por supuesto, no hay nada
que… ¿en dónde está? (dijo preguntando por su camioneta). Ah, perdón”.
— Sobre las concesiones y permisos de uso de suelo,
¿qué puede decir? ¿Cuántas otorgó en su administración?”.
“Todas las que el Cabildo
autorizó”, justificó.
En sí, José Antonio Agúndez
Montaño acudió a “la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría
de Baja California Sur, bajo el número de expediente LPZ/112/SP6/2016, por
delitos de causa penal y acudió en compañía de un abogado particular”, según
establece el documento filtrado.
Durante su mandato, el 1 de febrero
de 2015, meses antes de salir de la administración, se habló del posible auto
robo que Agúndez perpetrara a las arcas municipales, pues ese día supuestos
“ladrones” ingresaron a Tesorería Municipal y violaron una caja fuerte,
apoderándose de alrededor de 3 millones de pesos.
Además de este hecho, hay
otra gran variedad que siguen en investigación, a través de desvíos,
prestanombres y actuales servidores públicos que podrían salir raspados,
algunos presidenciables y que quizá busquen alguna alcaldía.
EL ABUSO DE LAS ARCAS MUNICIPALES
Derivado a la auditoría
forense aplicada por la administración de Arturo de la Rosa Escalante, al
recibir “el changarro” de Agúndez, surgieron las irregularidades que el
presidente municipal realizó durante su mandato; entonces se encontró que se
contrató un crédito por 161 millones 835 mil 564 pesos, los cuales fueron
etiquetados de la siguiente manera:
Christian y Argelia Agúndez
Gómez y el esposo de esta última Freddy Erubey Martínez Rivera participaron con
prestanombres para extraer recursos desde las arcas municipales cuando
administraba su tío José Antonio Agúndez Montaño.
* Adquisición de Maquinaria Pesada: 46 millones 431
mil 510 pesos y 90 centavos. A empresas como MATCO, Comercializadora y
Desarrolladora de Proyectos y Chibuca Maquinaria, SA de CV.
* Compra de vehículos y camiones: 15 millones 309 mil
194 pesos con 5 centavos. Automotriz Transmar de Cortés, SA de CV; Vehículos
Automotrices de La Paz, SA de CV; Motores La Paz, SAPI; Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado, así como diversas aseguradoras.
* Modernización de Catastro Municipal y del Registro
Público de la Propiedad: 43 millones 994 mil, 650 pesos con 6 centavos; la
empresa encargada fue Cartodata, SA de CV.
* Emplacamiento vehicular, costó 8 millones 811 mil
856 pesos y 50 centavos, a través de la empresa Troquelados e Impresos, SA de CV.
* La Sala de Cremación y Velatorio de Cabo San Lucas y
San José del Cabo: 2 millones 195 mil 495 pesos con 33 centavos, recurso
entregado a Ingeniería y Proyectos del Cabo, S de RL de CV.
Sin embargo, en la revisión
de números y documentos realizada por el despacho auditor se encontró que no
hay modo de comprobar en qué se gastaron 45 millones 092 mil 947 pesos con 16
centavos, lo que llevó a la síndico del XII Ayuntamiento de Los Cabos, Susana
Zatarain García, a presentar la denuncia correspondiente en junio de 2016. Dos
denuncias de hechos en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE.
Pero dentro de la exhaustiva
búsqueda que se realizó, resalta un cheque que salió de la cuenta 0151509047
del XI Ayuntamiento de José Antonio Agúndez Montaño, con numeración 3504,
expedido el 3 de septiembre de 2014 a nombre de Ingeniería y Proyectos del
Cabo, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S de RL de CV),
la cual de acuerdo a los datos obtenidos, se trata de diez empresas fantasma
que operaron de la mano de los Agúndez Montaño para exprimir los recursos
públicos.
Al parecer se otorgaron y
adjudicaron proyectos de construcción, venta y adquisición de vehículos y
camiones, servicios y venta de materiales de limpieza y proveeduría interna;
pero la empresa encargada de la construcción de las Salas de Crematorio de Cabo
San Lucas y San José del Cabo recibió el recurso superior a 2 millones 195 mil
pesos por obras que ni siquiera se concluyeron.
“Los crematorios y el
velatorio, eso iniciamos el proyecto, iniciamos la licitación, en Cabo San Lucas
se complicó un poco por no tener un espacio donde construir, y el otro lo
empezamos y licitamos conforme a la Ley, y lo iniciamos en San José Viejo, que
hay un velatorio, que inclusive, como lo dejamos en proceso, ni se ha ahorita
inaugurado y utilizado por ciudadanos de nuestro municipio, en especial los de
San José del Cabo y la ciudad lineal”, reconoció Agúndez.
La empresa en mención está a
nombre de Jonathan Torres Inzunza, representante legal y prestanombres de
Christian Agúndez Gómez, Argelia María Agúndez Gómez y Freddy Erubey Martínez
Rivera, sobrinos del ex alcalde e hijo, así como la hija y el yerno del ex
gobernador por la alianza del Partido de la Revolución Democrática y Partido
del Trabajo, Narciso Agúndez Montaño, “operación que sin duda es solo el
reflejo de muchas otras operaciones, que van a ir saliendo una por una, ya
tenemos toda la documentación y qué bueno que se ampara, este es solo el
pequeño de los asuntos, tenemos más desvíos que quisieron ocultar a últimas de
la administración”, indicó un contacto en Los Cabos.
Para dar mayor respaldo a la
documentación que ZETA tiene en su poder, el 2 de octubre, José Antonio Agúndez
Montaño promovió un amparo en contra de toda acción legal que la actual
administración municipal pudiera ejercer en su contra, buscando la suspensión
de cualquier ejercicio; el documento 1141/2017 fue admitido por el Poder
Judicial de la Federación, con esto Agúndez estaría evitando quedar tras las
rejas de manera momentánea, como en su momento fue encerrado su hermano.
LAS IMPUTACIONES CONTRA AGÚNDEZ Y SUS SECUACES
Para dar seguimiento al caso
de desvío de recursos, en una entrevista “a modo” realizada por su ex director
de Comunicación Social, Jorge Castañeda Ibáñez, declaró que “quedaron
remanentes en algunos de los casos, y ese remanente es lo que ellos dicen que
nosotros desviamos para el gasto corriente”.
Pese a la documentación
presentada, el ex alcalde negó haberse enriquecido él o su familia, sin
embargo, la realidad es otra.
“Hay 40 millones de pesos que
pueden ser utilizados para infraestructura. En ningún momento utilizamos
recursos para otra cosa, y en ningún momento nos llevamos recursos a bolsillos
ajenos a lo que era el trabajo administrativo del XI Ayuntamiento de Los
Cabos”, pero el propio ex edil reconoció que esos “remanentes” fueron desviados
para otros usos, como 19 millones de pesos para pavimentación, 15 millones a
equipamiento urbano, 3.5 millones a electrificación, 1.5 millones para
saneamiento y 1.5 millones para agua potable.
Aun con documentos en mano,
a Agúndez le siguen faltando más de 5
millones de pesos. Entre los ex servidores públicos de su administración que
podrían estar coludidos con las transas de “Tony” figuran:
Gerardo Manríquez Amador, ex tesorero general municipal
y principal operador del alcalde; en su momento intentó sobornar a ZETA;
Guillermo Marrón Rosas, ex secretario general; Oswaldo Murillo Martínez, ex
síndico; y Edilberto Graciano Chávez, ex oficial mayor.
Estos últimos serán llamados
a declarar por parte de Sergio Villarreal Almazán, fiscal de Distrito.
“El síndico lo sabe muy bien,
era el presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, era
el representante legal y encargado del patrimonio, y por supuesto, el
tesorero”, dijo Antonio Agúndez tratando de desviar la atención.
Una fuente reveló a este
Semanario que Gerardo Manríquez Amador se encuentra en Querétaro, de momento no
se le ha podido notificar, pero la PGJE ya lo busca para que rinda declaración.
(SEMANARIO ZETA BCS/ EDICIÓN IMPRESA /ANTONIO CERVANTES /MARTES, 10 OCTUBRE, 2017
12:00 PM)
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