JORNALEROS.
Se manifestaron en la USE.
Funcionarios
estatales son demandados por empresa agrícola norteamericana por fraude
La
empresa norteamericana Andrew and Williamson de México SA de CV (AW) demandó
penalmente al actual Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros,
junto con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA),
Fausto Rubén Ibarra Celis, por delitos cometidos ante la fe pública y/o contra
la procuración y administración de justicia y fraude procesal.
La
denuncia, recibida el 30 de noviembre de este año en la agencia del Ministerio
Público del fuero común especializado en delitos contra la actividad comercial,
en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PJGE), fue
presentada por el abogado de la empresa, Javier Fernando Tarín Robles.
La
querella se ratificó hasta el viernes 9 de diciembre, radicándose con Número
Único de Caso (NUC) 3715/2016 del índice de la Agencia del Ministerio Publico
de lo Penal de Tramitación Común de la PGJE, en un proceso según el abogado
Javier Tarín, es muy trompicado.
El
recurso legal viene después de que Fausto Ibarra, titular de la JCLA, emitió un
laudo a favor de los hermanos José Gonzalo y Carlos Armando y Javier Espinoza
Pablos (dos casos por separado), que en conjunto tendrían que recibir por
presunto despido injustificado más de 121 millones de pesos.
El
origen de la demanda presentada por la empresa norteamericana, es bajo el
argumento de que el presidente de la JLCA, supuestamente favoreció, por orden
de Gerardo Vargas Landeros, el proceso a favor de los hermanos Espinoza Pablos.
En
los expedientes 0/20-06/2013 y 10-1710/2015, ordenó asentar falsamente en el
escrito inicial de demanda que ésta fue recibida el 15 de noviembre de 2013,
incluso utilizando un sello que no correspondía al sello real de esa fecha,
junto a peritajes para demostrar que la demanda no se presentó cuando se
indica, y otros relativos a la falsificación de sellos y firmas (Ríodoce 732).
“Desde
la presentación de la demanda podemos ver que en ella se plasmó por medio de un
sello de la Junta, que se recibió en fecha de 15 de noviembre de 2013, así como
un escrito de ofrecimiento de pruebas supervenientes supuestamente recibido ese
mismo día, ambos a las 16:00 horas, empero, situación ilógica puesto que sí
fueron presentados en el mismo momento como se pretende hacer creer, Gonzalo
Espinoza Pablos, no pudo haber ofrecido los documentos que anexó a su demanda y
escrito superveniente como medios de prueba cuyo año de expedición lo es el
2014”, explica el abogado Javier Tarín.
Es
decir, agregó, “esos documentos anexados fueron expedidos por autoridades de la
Secretaría de Economía y la Sagarpa un año después de la supuesta presentación
de la demanda en la que se hizo constar que fue recibida en el año 2013, con un
sello y firma del encargado de archivo que no corresponde a los sellos y firmas
que fueron utilizados realmente en ese año, hecho que también ha quedado de
manifiesto”.
En
la demanda de la empresa norteamericana se incluye también al subsecretario de
gobierno, Bernardo Cárdenas Soto, así como a la secretaria general de la JLCA,
Sayda Leticia Corrales Valenzuela, así como a los abogados Martín Juárez Ibarra
y Walter Daniel Díaz Castro, junto con José Gonzalo Espinoza Pablos.
Los
hermanos Espinoza Pablos y AW se asociaron en 2002 para operar la agrícola
Epsa, con un campo agrícola de aproximadamente 126 hectáreas ubicado a 10
kilómetros de Culiacán, pero en 2013 rompieron. José Gonzalo Espinoza,
administrador general único; Carlos Armando, quien era encargado de
comercialización, y Javier, jefe del área de producción, demandaron a sus ex
socios en calidad de trabajadores.
Tras
el millonario laudo, la empresa norteamericana, cuya filial en Culiacán lleva
el nombre de agrícola El Fénix, corre el riesgo de cerrar y dejar sin empleo a
cientos de jornaleros agrícolas y administrativos, quienes el 13 de diciembre
se manifestaron frente a la Unidad de Servicios Estatales (USE).
Ahí,
un total de 10 camiones provenientes de la agrícola, llegaron a la explanada de
la USE, en donde con pancartas y mantas se plantaron durante espacio de más de
dos horas. Con información de Daniela Torres de recursos humanos de la empresa,
los trabajadores tienen temor que para ejecutar el laudo pierdan sus fuentes de
trabajo.
“Tememos,
debido a un laudo que giró el presidente de la Junta de Conciliación y
Arbitraje, que nos vamos a ver afectados los empleados que tenemos acampados
ahí que vienen del sur de país, todo debido a una demanda de los antiguos socios.
Ahorita tenemos 500 trabajadores (jornaleros), ellos viven en Santa Elena y
además 130 trabajadores más que también se quedarían sin trabajo”, dijo.
En
octubre de este año la agrícola fue embargada, y según la explicación de Javier
Tarín, este proceso también pudo estar amañado, y ante este hecho existe
también una querella con Número Único de Caso (NUC) 3714/2016 del índice de la
Agencia del Ministerio Publico de lo Penal de Tramitación Común de la PGJE.
Mientras
tanto, trabajadores mantienen su plantón en las afueras de la agrícola El
Fénix, y el año, a punto de concluir, podría dejarlos sin empleo y otros
incluso sin hogar.
“Se
han presentado amparos y denuncias legales por parte de la empresa y del
sindicato y que sea, pues que se restituya la posesión a la empresa y a los
trabajadores, que más que todo hay viviendas en el predio que se remató donde
viven aproximadamente 300, ¿qué va a pasar con ellas, dónde van a quedar, quién
les va a pagar? Yo creo que la autoridad está errando en sus decisiones, no nos
atiende”, culminó Daniela Torres.
(RIODOCE/ AARÓN IBARRA/ 19 DICIEMBRE,
2016)
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