Esto
sucedió en Xalapa la noche del 17 de octubre. Cinco días antes Javier Duarte
solicitó licencia como Gobernador de Veracruz, e iniciaba abiertamente la
persecución de quien hoy es un prófugo de la justicia. Los administradores de
los 12 hospitales de la red de la Secretaría de Salud estatal, al mando del
secretario Fernando Benítez Obeso –enfrentado con el secretario federal del
ramo, José Narro–, fueron convocados de emergencia al día siguiente. Ningún
teléfono celular fue permitido en esa reunión, lo que generó inquietud. Peor
cuando, de acuerdo con personas que narraron ese encuentro, quien presidía la
junta era Luis Ángela Soto Maldonado, dirigente de la Sección 26 del sindicato
de Salud, y representante de la FTSE. Incondicional del líder nacional de
burócratas, Joel Ayala, y a quien en agosto, el defenestrado Duarte había
llamado “mi hermana”. Soto Maldonado habló abiertamente con los funcionarios
para plantearles una operación que, de investigarse, podría ser un nuevo caso
de corrupción por cuando menos 20 millones de pesos. La líder sindical no
cubrió ninguna apariencia. Debió sentirse segura, pues este sábado, si no
sucede nada excepcional, tendrá fuero como diputada plurinominal del PRI.
La
relatoría del encuentro no deja dudas que lo que les planteó es un abierto y
cínico acto de corrupción. Según la narrativa de la reunión, les dijo que
gracias a sus gestiones personales había conseguido recursos extraordinarios
para realizar obras y acciones de mantenimiento en los hospitales, pero que
ante el pronto cambio de Gobierno, sería imposible llevar a cabo las
licitaciones, porque el dinero extra obtenido debía “gastarse” antes del 30 de
noviembre, último día de la administración duartista. La lideresa sindical les
dio la solución: el dinero se les entregaría de cualquier forma, y sería
facturado por Andrés Noé Rodríguez Velázquez, quien estaba presente en la
reunión, pero que nadie sabía quién era. Rodríguez Velázquez aparecería como
“proveedor de servicios”.
Las
obras y las acciones de mantenimiento que iban a ser “licitadas”, explicó Soto
Maldonado según la relatoría del encuentro, no se iban a realizar. Pero,
instruyó, las facturas tenían que llevar los conceptos que escogieran, dentro
de un abanico limitado a “mantenimiento preventivo y correctivo de redes y
plantas eléctricas de emergencia, modernización de cableados e instalaciones,
impermeabilizaciones, instalación y mantenimiento preventivo de sistemas de
aire acondicionado”.
Varios
de los administradores deben haber mostrado una cara de extrañamiento y
sorpresa ante lo que oían, porque en la narración de esa reunión se recuerda
que la lideresa les dijo que “no se preocuparan porque tenía todo controlado”.
Al día siguiente, el 19 de octubre, les dijo, se les depositaría a las cuentas
del hospital la mitad de los fondos asignados a cada hospital, que no es
posible conocerlos porque tuvieron cuidado en no incluir la cantidad entregada
a cada hospital en los correos electrónicos donde se les añadieron
instrucciones. El cálculo que se hace es de 20 millones de pesos, aunque según
expertos que conocen el sistema de hospitales, podría sumar tres o cuatro veces
más el monto.
Soto
Sandoval tenía toda la autoridad para hacer ese ofrecimiento y compromiso, que
se infiere por las personas que la acompañaban a esa reunión: Hugo Odón Flores
Lira, director Administrativo de la Secretaría de Salud de Veracruz, quien
llegó con la representación y los saludos del titular Benítez Obeso; Judith
Parrazal, subdirectora de Recursos Financieros, y Humberto Peña Ceronio,
subdirector de Servicios Generales. Todas las instrucciones, reiteró, las daría
la lideresa sindical y “debían” ser cumplidas de manera “inmediata y
obligatoria”.
Las
instrucciones eran que en el momento de recibir los recursos se debían
depositar nuevamente –la totalidad del dinero en la cuenta bancaria de
Rodríguez Velázquez, en un banco español en Tantoyuca. La operación financiera
inició al día siguiente, cuando los hospitales de Acayucan, Boca del Río,
Cosamaloapan, Llano de En Medio, Naranjos, Pánuco, Poza Rica, San Andrés
Tuxtla, Tarimoya, Tlalixcoyan y Veracruz, recibieron la primera transferencia
realizada por el área de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud
estatal.
Los
administradores de los hospitales, instruyó Soto Sandoval, debían enviar un
oficio de solicitud de obras y servicios con fecha del 5 de octubre o previo,
dirigido al director de Administración y Finanzas de la secretaría, Ricardo
Sandoval Aguilar, quien renunció el 1 de noviembre en medio de todas las
denuncias de corrupción por el presunto desvío de miles de millones de pesos en
el estado. Flores Lira fue quien lo sustituyó. La lideresa sindical les
anticipó que una vez que cumplieran “esta importante misión”, serían
“generosamente recompensados cuando se haga el pago de la segunda mitad de los
trabajos”. Soto Maldonado, sin embargo, había sido muy enfática en señalarles
que una vez que recibieran el dinero, cada uno de los administradores de los
hospitales serían responsables únicos de la contratación y la comprobación del
supuesto ejercicio de los recursos que, comenzarían a serles transferidos como
“anticipo de gastos”.
La
relatoría de lo que sucedió aquella noche reciente en Xalapa sugiere un patrón
de comportamiento cínico y permeado por impunidad. No se puede acusar a nadie
de ladrón y corrupto a partir de una relatoría, pero sí es un primer documento
para que las autoridades federales inicien una nueva investigación sobre lo que
está sucediendo en Veracruz, donde el sistema de corrupción en el duartismo
está colapsado. No hay mucho tiempo, empero. Soto Maldonado está a un día de
obtener fuero.
(ZOCALO/ESTRICTAMENTE
PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 03 DE NOVIEMBRE 2016)
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