Los sindicatos cercanos al poder respingaron
por una propuesta de reforma de justicia laboral planteada por el gobierno
federal. Envueltos en la bandera de la defensa de los derechos de los
trabajadores, los corporativistas en realidad abogan por la opacidad y por
mantener los privilegios que les da el actual sistema. En contraparte, expertos
y sindicalistas independientes consideran que el planteamiento puede traer
beneficios a la fuerza productiva…
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Por primera vez en lo que va del sexenio, el sindicalismo “charro” –es decir,
el sometido al poder en turno– se manifestó en contra del gobierno de Enrique
Peña Nieto que, por presiones internacionales derivadas de la adhesión de
México al Acuerdo Transpacífico, propuso una nueva reforma de justicia laboral.
Sin embargo, su protesta no
es para apoyar los derechos de los trabajadores, sino para no perder sus
privilegios, particularmente los llamados “contratos de protección” (negociados
a espaldas de los trabajadores), el “tripartismo” en los juicios laborales (que
da mucho poder a los “sindicatos blancos” en las pugnas contractuales) y la
existencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red
de corrupción.
En contraparte, líderes de
gremios no alineados y abogados de lo laboral celebran la iniciativa peñista
–presentada la semana antepasada– porque implica ventajas para los
trabajadores. Sólo lamentaron que se hiciera realidad por la presión de Estados
Unidos y no por la larga exigencia de justicia de los trabajadores mexicanos.
El año pasado, Washington
presionó al gobierno de México para que acabara con la parcialidad de las
Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal
(Proceso 2050). Así, durante 12 meses, la administración peñanietista preparó
sigilosamente una nueva reforma laboral, como parte de la “iniciativa de
justicia cotidiana”.
Estas modificaciones son
necesarias para que México se ajuste a los criterios del Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica (conocido como TPP y recientemente
firmado) y pueda ser parte de la zona de libre comercio más amplia del mundo,
junto a otras 11 naciones.
El abogado laboralista Arturo
Alcalde confirmó que contar con un sistema de justicia laboral sustentado en un
árbitro imparcial, como se propone en la iniciativa que actualmente debate el
Congreso, es un reclamo de la izquierda y de la sociedad civil desde hace
muchos años.
Benjamín Davis, de la
AFL-CIO, explica que la reforma puede paliar la diferencia salarial entre
Estados Unidos y México: “Porque si uno ve las cifras, la brecha salarial no se
ha cerrado. Si uno hace un comparativo, en 1974, en la industria manufacturera,
un trabajador mexicano ganaba 15% de lo que obtenía un estadunidense, y en
2015, 16%”. Considera positiva esta propuesta, además, porque combate la
contratación de protección.
Francisco Hernández Juárez,
presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y del sindicato de
telefonistas, se dijo sorprendido “gratamente” por la propuesta de justicia
laboral, porque retoma banderas enarboladas por la izquierda desde hace años:
“La propuesta hace un nuevo diseño de la aplicación de la justicia laboral. Primero
desaparece las Juntas de Conciliación y abre el espacio en el ámbito judicial
para que sea ahí donde se diriman los conflictos laborales, lo que hace posible
la aplicación del estado de derecho”.
LA POSTURA DIVERGENTE
En una carta dirigida al presidente
Enrique Peña Nieto, el Congreso del Trabajo (CT) expresó su rechazo a la
propuesta de justicia cotidiana.
La misiva, firmada por Abel
Domínguez Rivero, presidente de la Comisión Ejecutiva del CT, solicitó el
archivo de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Ahí defiende el tripartismo:
“La parte tripartita, surgida entre trabajadores, organismos sindicales y
cámaras empresariales, ha llevado a cabo una marcada paz laboral”.
Para el CT, el planteamiento
de justicia laboral no mejora las condiciones de empleo de los trabajadores
discapacitados ni protege los derechos de los niños o ancianos trabajadores:
“Es totalmente falso (…) ya que aunque se indique que existe el desarrollo de
su trabajo sin acto peligroso y seguro, es una gran mentira”. Critica también
que en la propuesta se hable del diálogo entre los factores de producción.
Los cambios que se
introdujeron en la justicia laboral, se asienta en el texto, son una falacia
porque no han mejorado la estabilidad laboral de los empleados ni de los
patrones “por las cargas impositivas que el propio gobierno está imponiendo”.
Los corporativistas afirman
que con la propuesta peñista los trabajadores no tendrán acceso al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad Social al Servicio
de los Trabajadores (ISSSTE), al Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores (Fonacot) ni a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Cuestionan, finalmente, si el
mandatario también pretende desaparecer la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
POR LOS PRIVILEGIOS
La propuesta trastoca muchos
intereses creados por el sindicalismo “charro”, que sustenta su negocio en la
red de influencias que tiene con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, afirma
en entrevista Arturo Alcalde, abogado de lo laboral.
“Efectivamente, la propuesta
trastoca muchos intereses creados. En primer lugar el charrismo tradicional,
que controla la inmensa o casi la totalidad de las representaciones obreras que
no son producto de la votación auténtica de los trabajadores. Y es lo mismo con
el sector empresarial: los abogados dedicados a los contratos de protección se
están movilizando para impedir este cambio”, agrega.
El especialista,
paralelamente, reprocha la carta del CT, donde también se critica la corrupción
del Poder Judicial. “¿Quién es más corrupto? O sea, ¿quién tira la primera
piedra?”.
“Lo que el CT está planteando
es que las juntas dependan del Poder Ejecutivo en un esquema de falso
tripartismo, que tiene su origen en el corporativismo, en el fascismo italiano
del control de los factores de la producción. Esto no sólo perjudica a los
trabajadores, sino también a las empresas”, abunda.
Alcalde lamenta que se haya
propuesto que la Constitución de la Ciudad de México mantenga las Juntas de
Conciliación con el esquema tripartita, y que sean “órganos autónomos
constitucionales, lo cual significaría fortalecer el corporativismo”.
El jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, “me alegaba problemas de presupuesto. No niego que pueda haber
problemas de presupuesto, pero eso es otro asunto. Al final, que él entienda
que para aplicar el estado de derecho las juntas deben desaparecer”.
La cuestión laboral en la
Ciudad de México, agrega, debe revisarse porque es preocupante que todos los
sindicatos del gobierno central están afiliados a la Federación de Sindicatos
al Servicio del Estado (FSTSE), que es priista.
El abogado laboral Alfonso
Bouzas está de acuerdo con lo anterior: “Las juntas son un lastre para los
trabajadores, pues crean jueces de lo laboral, crean una nueva carrera
profesional y un instituto de registro de sindicatos, entre otros puntos.
“Cuando menos se abre la
posibilidad de darle un golpe al corporativismo sindical, a los sindicatos de a
mentiritas, entre otros puntos”, indicó en entrevista.
LAS PROPUESTAS
La iniciativa peñanietista
propone evitar los mecanismos dilatorios tan frecuentes en las querellas
laborales, incorporarlas a un sistema de juicios orales y modificar los
requerimientos y plazos de cumplimiento de los amparos indirectos.
Los emplazamientos a huelga
por firma de contrato colectivo, además, sólo tendrán validez “si se constata
la voluntad de los trabajadores de pertenecer a un sindicato y suscribir un
contrato colectivo”. También busca “prever mecanismos de consulta previa a los
trabajadores en emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de
trabajo (y) establecer la noción de legitimidad y representatividad para contar
con sindicatos auténticos en las empresas”.
Otro punto se refiere a
cambiar el estatus de los servidores de las juntas para que sean considerados
trabajadores de confianza, así como que se incluya un Fondo para la Mejora de
Justicia Cotidiana Laboral Federal en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y un
órgano auditor para mejorar la administración de las juntas.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ ROSALÍA
VERGARA / 6 OCTUBRE, 2016)
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