FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM
La estrategia política no es
nueva. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se significó por el
cambio de Gobernadores que hubo. Unos porque caían en
desgracia y eran anulados políticamente, otros porque fueron llamados a ser
parte del Gabinete presidencial. Entonces la soberanía y
autonomía de los Estados era letra muerta, lo que imperaba era el ejercicio del
presidencialismo.
De entre todos los cambios en
los estados que realizó Carlos Salinas de Gortari destacan dos. Aunque habría
que iniciar por los motivos.
En la elección presidencial
de 1988, aquella cuando se cayó el sistema y el candidato del PRI resultó
triunfador con más del 50 por ciento de los votos, hubo cinco entidades en que
la autoridad electoral -por esos días en la facultad del Secretario de
Gobernación- no pudo obviar el triunfo de la oposición, encabezada por el
abanderado de las izquierdas y a la postre fundador del Partido de la
Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En efecto, el triunfo del
candidato del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional fue
reconocido en Baja California, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y
Michoacán.
En dos de los cinco casos,
hubo gobernadores depuestos, específicamente –así lo refiere la historia
política popular-.
Mario Ramón Beteta Monsalve
en el Estado de México, y Xicoténcatl Leyva Mortera en Baja California.
Ramón Beteta había tomado
posesión en 1987 como Gobernador del Estado de México, y el 11 de enero de
1989, 41 días después de la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como
Presidente de la República, fue retirado del cargo, y nombrado director general
de Banco Comermex, institución que en la reprivatización de 1993, sería
integrado al Grupo Financiero Inverlat y que en el desaseo del Fobaproa en el
segundo lustro de la década de los noventa, sería capitalizado y adquirido por
Scotiabank.
En el Estado de México, sin
realizar un proceso electoral para elegir un Gobernador sustituto que cumpliera
con el sexenio para el cual había sido electo Beteta (quien tenía menos de tres
años de haber sido electo para el cargo), fue designado por el Congreso del Estado
de México, Ignacio Pichardo Pagaza, quien años después se convertiría en
presidente nacional del PRI y Secretario de Energía, ambos cargos en el sexenio
de Ernesto Zedillo Ponce de León. De Ramón Beteta poco o nada se supo después.
Depuesto del Gobierno, ocupó
otro cargo similar al de la deshonrosa caída y hasta ahí. La historia de
Xicoténcatl Leyva Mortera es harto similar.
Con el agravante del clima de
corrupción, inseguridad e impunidad que se vivía en Baja California durante su
administración. Electo de 1983 su periodo concluía en octubre de 1989, y desde
1988 ya se le veían los ánimos en el ámbito contrario a Salinas.
El bajacaliforniano había
apoyado abiertamente a Manuel Bartlett para que fuese el candidato del PRI a la
Presidencia de la República, y cuando llegó la definición y posteriormente la
elección, el Tricolor perdió el Estado 29 y la culpa política recayó en el
Gobernador. 35 días después de la toma de posesión de Carlos Salinas de
Gortari, el licenciado Manuel Camacho Solís, ya fallecido, viajó a Baja
California para deponer a Xicoténcatl Leyva Mortera.
El 5 de enero de 1989 fue
retirado del cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California y
en su lugar fue electo por el Congreso, don Óscar Baylón Chacón, quien
entregaría el poder político al panista Ernesto Ruffo Appel, el primer
gobernador de la oposición en México, en octubre de ese mismo año.
Xicoténcatl Leyva Mortera fue
nombrado Director Adjunto de Nacional Financiera en Washington, Estados Unidos,
nombramiento de papel que convirtió la acción presidencial en un cargo
deshonroso que poco o nada ejerció el priísta, que desde aquel tiempo, cayó en
un ostracismo del cual no se ha podido levantar.
Luis Martínez Villacaña era
el Gobernador de Michoacán cuando Salinas perdió la elección en aquel Estado.
Tres días después de la toma de posesión del Presidente de la República, pidió
licencia para retirarse del encargo como Ejecutivo del Estado.
A Lauro Ortega Martínez, no
hubo necesidad de deponerlo u obligarlo a solicitar licencia indefinida a su
posición de Gobernador de Morelos. El mismo 1988 concluía su periodo sexenal.
Y Ramón Aguirre Velázquez,
quien era Jefe del Departamento del Distrito Federal, fue nombrado Director de
la Lotería Nacional, y su lugar ocupado por el entonces operador político de
Carlos Salinas de Gortari, el licenciado Manuel Camacho Solís.
La deposición de gobernadores
no es pues, una nueva técnica en la política mexicana, como sí es una práctica
del salinato que, para confirmar las sospechas populares, ahora es retomada en
la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Quien aún dentro de una forma
más legal, precisamente en el ámbito judicial, está ejerciendo –aunque de
manera tardía- el presidencialismo a ultranza que el PRI instauró en México, para
someter la soberanía y la autonomía de los Estados.
Hace días, el Presidente Peña
escuchó, vio, le contaron, los excesos legislativos ejercidos por dos
gobernadores priístas que haciendo valer su autoritarismo local, pretendieron
blindarse para no ser investigados –o en caso de serlo, ser exonerados- por los
actos de corrupción e impunidad de los cuales han sido señalados ellos y sus
gobiernos.
En ese contexto, finalmente
el Presidente accionó para poner un freno a la impunidad política en Veracruz
gobernador aun por Javier Duarte, y en Quintana Roo administrado por Roberto
Borge.
Solicitó hace dos días que la
Procuraduría General de la República, presentara ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad para dejar sin validez
las iniciativas tomadas por los Gobernadores Duarte y Borge, y sus respectivos
Congresos, para instaurar departamentos y funcionarios anticorrupción, semanas
previas a su salida como mandatarios, para blindarse de futuras
investigaciones, y adelantándose al recién aprobado –aun trunco- Sistema
Nacional Anticorrupción.
Es cierto, el Presidente Peña
ha utilizado una figura legal para frenar a dos gobernadores priístas que son
culpados de la derrota del PRI de junio de 2016, y que costó el cargo partidista
a Manlio Fabio Beltrones Rivera, pero en el fondo, a Javier Duarte y a Roberto
Borge, los ha depuesto por lo menos en términos políticos, como sucediera en
este país en la administración de Carlos Salinas de Gortari.
De continuar en la línea, el
siguiente paso será juzgarlos en términos de la Ley por sus abusos y excesos,
en los momentos mismos que los próximos gobernadores tomen posesión, el panista
Miguel Ángel Yúnez Linares en Veracruz, y el panista Carlos Joaquín en Quintana
Roo, siempre, como ya se vio que es posible, con la ayuda del Gobierno Federal.
El Presidente Enrique Peña
Nieto no puede detener sus “esfuerzos” anticorrupción, solo con frenar las
leyes que Duarte y Borge promovieron y lograron su aprobación para blindarlos,
no; debe continuar, ayudar a investigarlos, procesarlos y juzgarlos, para
acabar con la impunidad de la que goza personajes indeseables para la vida
política en este país.
(SEMANARIO ZETA/ Adela Navarro Bello/
Miércoles, 13 julio, 2016 05:20 PM)
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