MÉXICO,
D.F. (apro).- “Es una decisión presidencial”, dijo a los deudos un solemne
Jesús Murillo Karam sobre el rescate de los cuerpos de la Mina 8 Unidad Pasta
de Conchos. Era el 4 de julio de 2013 y el gobierno de Enrique Peña Nieto se
estrenaba con promesas de cambio en la política de seguridad y derechos
humanos.
Peña
Nieto había promulgado la Ley de Víctimas superando el estancamiento que venía
del sexenio de Felipe Calderón; Murillo anunciaba la eliminación del arraigo y
un nuevo mecanismo de búsqueda de desaparecidos, para lo cual se nombró
subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad, al veterano panista Ricardo García Cervantes.
Esperanzados
en el nuevo discurso, a la cita con Murillo y García Cervantes acudieron Elvira
Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz; Trinidad Cantú, madre del
trabajador Raúl Villasana; además, estaba la defensora de derechos humanos
Cristina Auerbach; el sacerdote Carlos Rodríguez, así como los abogados Manuel
Fuentes Muñiz y Rodrigo Olvera Briseño.
A
tres años de distancia, la “decisión presidencial” fracasó. Las causas que
produjeron la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos seguirán
siendo una incógnita. El compromiso para el esclarecimiento quedó en un
carpetazo por prescripción de delitos que dejan en la impunidad a quienes
tuvieron responsabilidad en la tragedia minera de 2006.
Y
es que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente
para continuar con la indagatoria abierta el 13 noviembre de 2013, luego de que
la serie de acciones previas del gobierno de Coahuila, del sindicato minero, de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de otras instancias
gubernamentales, junto con las trabas que pusieron jueces federales, resultó en
que la denuncia por desaparición con la que se intentó abordar el caso no podía
desahogarse. La incompetencia se declaró el pasado 1 de septiembre.
Para
determinar que no podía investigarse en la mina siniestrada, la PGR y la
justicia federal dieron por válido un peritaje realizado por Daniel Wooton, un
supuesto perito estadunidense contratado por la empresa propietaria de la mina,
y por lo tanto no independiente, cuya conclusión fue legitimada por la
Procuraduría General de Justicia de Coahuila en 2007.
La
madrugada del 19 de febrero de 2006, un siniestro provocó que 65 trabajadores
carboneros quedaran atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad de
Industrial Minera México, una subsidiaria del Grupo México, el emporio
ferro-minero de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más acaudalado
del país.
En
los días que siguieron al accidente, Grupo México informó que, debido a las
altas temperaturas generadas por una explosión, no había posibilidades de que
los trabajadores estuvieran con vida, e inclusive Protección Civil y la
Secretaría de Salud del estado aseguraron que era imposible encontrar restos,
si acaso habría cenizas, con una explicación similar a la que se dio en la
“verdad histórica” por el caso Ayotzinapa y la incineración en el basurero de
Cocula.
No
obstante, la empresa se comprometió a sacar los restos humanos de la mina para
darles sepultura, sin que la PGR ni las autoridades de Coahuila asumieran la
investigación en el lugar de los hechos, esto es, la escena del crimen quedó a
cargo de los posibles perpetradores. Durante el tiempo que duró el “rescate”,
sólo dos cuerpos fueron localizados. Las necropsias revelaron que no murieron
calcinados, como decían la empresa y el gobierno, sino por asfixia. Entonces,
todo se encaminó en los meses siguientes a cerrar la estructura y a impedir por
todos los medios que alguien la investigara.
En
marzo de 2007, Grupo México anunció la suspensión de los trabajos con base en
un estudio conocido como “Informe Wooton” –llamado así por el mencionado
estadunidense–, que entre otros aspectos decía que si continuaban, podían
desatarse epidemias regionales de salmonela, sida y tuberculosis.
Los
deudos de los mineros y defensores de derechos humanos que los apoyaban,
consideraron que esa justificación era absurda, luego de consultar a
científicos que descalificaron ese tipo de contagios. No obstante, la STPS dio
por buena la información. Por la presión de los deudos, se instruyó un nuevo
estudio del Foro Científico y Tecnológico, que el entonces titular de la
Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, interpretó a modo para evitar a
toda costa que hubiera trabajos en el lugar, cancelando así la posibilidad de
recuperar los restos humanos y resolver lo que originó el siniestro durante
todo el sexenio de Felipe Calderón.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
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